La saña que ostentó la represión a los obreros del Ingenio La Esperanza no sólo se explica en el marco de la suspensión de garantías y del estado de derecho que vive desde hace años la provincia de Jujuy. Detrás de los golpes y el encarcelamiento –25 zafreros van a pasar las fiestas presos y recién saldrían en enero según palabras de la fiscalía general jujeña, y el caso fue denunciado a la CIDH por el Cels, Ceprodh y Amnistía– hay un negociado nada menos que del propio gobierno que encabeza el radical Gerardo Morales. El ingenio está en quiebra desde 1999 y desde entonces lo gestiona el Estado provincial. Antes de los despidos trabajaban más de mil personas pero Morales aduce que no es “rentable”, por eso firmó un acuerdo para venderlo a un grupo colombiano del que se sabe poco o nada. Esta información, y la respuesta a varios cuestionamientos del llamado plan de reconversión productiva del gobierno provincial en el pueblo Ingenio La Esperanza, constan en el informe elaborado por Gastón Remy, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), al que accedió PáginaI12. Dos datos llamativos que surgen de los balances y documentos analizados: el principal acreedor de la quiebra es el Estado provincial, y la empresa que compraría el ingenio no lidera el sector del azúcar sino que se referencia en la explotación de petróleo. 

Durante los últimos dieciocho años, desde la quiebra, los zafreros y sus familias vienen resistiendo para mantener sus puestos de trabajo, pero los 338 despidos ordenados por el gobierno de Morales en diciembre abrieron una nueva etapa. El miércoles pasado cortaron la ruta 34 para rechazarlos y por el retraso en el pago de los haberes. Fueron reprimidos con ferocidad, hubo decenas de trabajadores heridos y casi 30 detenidos, entre ellos la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de La Esperanza. Liberaron sólo a cinco mujeres familiares de los obreros que habían sido también detenidas, pero la situación de los 25 trabajadores presos es irregular, en principio porque no fueron indagados ni conocen qué se les imputa. 

El viernes las mujeres de los zafreros se pusieron al frente de una movilización que convocó a la comunidad de San Pedro a manifestarse por la libertad de los obreros, al tiempo que los sectores que los apoyan repudiaban la actitud de Morales. Dos días antes hubo otra multitudinaria marcha, tras la cual el gobernador calificó como “delincuentes” a los trabajadores detenidos. 

Lo que no parece estar en el marco de la ley son los documentos contables del ingenio, como tampoco en las iniciativas represivas para imponer sus planes. Los abogados del sindicato y del Ceprodh denunciaron que “los despidos son ilegales porque no fueron avalados por el juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón”. También pidieron un amparo para Silvio Egüez, al considerar que su despido fue discriminatorio y basado en una persecución política dado que es ex candidato a concejal del FIT.

El gobierno de Morales pretende demostrar que el ingenio puede funcionar con 600 obreros. “No es posible trabajar en estas condiciones, el trapiche no tiene la gente suficiente, siendo un sector vital dentro del circuito de producción y así sucede con otras secciones”, afirmó Egüez. “El gobierno aprovechó el fin de la zafra para ensayar un golpe con despidos intimidatorios. Van con policías a nuestros domicilios”, agregó. 

¿Del azúcar al petróleo?

El gobierno jujeño no ha explicado por qué pretende reducir La Esperanza. “Una posible razón puede estar en que, en realidad, el proyecto del grupo Omega Energy especializado en la extracción de hidrocarburos, no sea incrementar la producción de azúcar, sino llevar a cabo otro tipo de explotación de las tierras y de los recursos del ingenio”, argumenta el docente Remy. El viernes los diputados del PTS en el FIT Alejandro Vilca y Natalia Morales hicieron una presentación pública del informe, y destacaron que se trata, además, de un “negociado con olor a estafa”.

En el expediente de la quiebra del ingenio La Esperanza (A 06426/99) el cuadro de “Asistencia desde 2013 a 2017” informa que recibió la suma de 1.321.183.459,27 pesos. De este total la provincia aportó 962.826.959 (73 por ciento) y la Nación 251.656.500 (19 por ciento). “El Estado es acreedor mayoritario de las asistencias y no informa cual fue el destino de los millones de pesos entregados al ingenio durante estos años”, destacó Remy. “Si comparamos la asistencia del Estado que alcanza los 1.214.483.459 pesos con los 1.500.000.000 ($85 millones de dólares) que pagaría a lo largo de siete años el grupo Omega Energy, vemos como el gobierno le facilita un negocio formidable estos empresarios”, agregó.

La Esperanza son 70 mil hectáreas, de la cuales el 90 por ciento están en condiciones de explotación según la ley de Bosques, que el mismo Ministerio de la Producción de Jujuy mostró en un informe de 2016. En ese paper, además, adelantó el plan de despidos en el ingenio. Por esto, los diputados del FIT exigieron al gobierno que haga público el acuerdo alcanzado con Omega, como también el informe utilizado para justificar el despido del personal. “Los funcionarios ya dejaron en claro que el sector de trabajadores que continúe no va a conservar su convenio laboral, sino que el mismo, va a ser modificado a la baja”, destacó Remy. 

El docente afirmó que “lo que el gobierno presenta como la ‘mejor opción’ frente la quiebra, en realidad es una formidable entrega del ingenio al grupo Omega que aportaría poco más de la mitad del valor de la deuda de la quiebra. Es una cuestión más escandalosa aún teniendo en cuenta que el Estado (provincial y nacional) es el principal acreedor”. En base a los informes oficiales, el especialista concluyó que “si consideramos que el valor actual del activo del ingenio es de 1.065.601.518,30, a Omega Energy, con los favores del gobierno y de la Ley de Quiebras mediante, se le permite hacerse del ingenio y sus 70.000 has por menos del 40 por ciento de su valor actual. Un negocio fabuloso que haría un privado gracias a la ayuda del Estado”. 

Otra falacia que invoca el gobierno de Morales es que el ingenio da pérdidas, lo cual se contradice con sólo mirar los balances más recientes. Y la administración actual tampoco explica la caída de la zafra en 2016: no brindaron información, tampoco la exigió la Justicia, siendo que los números contrastan con el resto de los ingenios de la provincia que tuvieron zafras mejores respecto al año 2015.

Vaciamiento, súper explotación y corrupción 

“Si analizamos la relación entre producción de azúcar y empleo podemos observar una dinámica general, al menos desde 2013, que muestra cómo la merma en personal se compensa con un aumento de la productividad medida en cantidad de azúcar obtenida por obrero. Esto quiere decir que al haber menos manos disponibles, los trabajadores tienen que trabajar más intensamente para producir lo mismo, o incluso más que antes, lo cual redunda en mayores beneficios para la empresa, aunque esto no conste en los resultados que muestran los balances”, dijo en su informe Remy. 

En definitiva, Remy señaló que “se observa que las sumas millonarias del Estado van en crecimiento, el empleo hacia la baja y la productividad en alza –excepto la abrupta caída en 2016, con el cambio de administración–, y las autoridades no explican adónde van a parar estos fondos millonarios y tampoco hay inversión en infraestructura con las consecuencias terribles sobre la vida de los trabajadores, como sucedió el año pasado con el fallecimiento de Jorge Lizárraga por falta de seguridad”. A su criterio, “los administradores puestos por el gobierno justicialista o ahora por Cambiemos han sostenido este esquema fraudulento con el aval de la justicia”.