Quienes afirmamos que la violencia institucional es la más grave, cuestionamos a “las otras”. En momentos calientes cabe agregar que es repudiable la agresión física como expresión política, salvo cuando es en ejercicio de legítima defensa. Varios diputados y periodistas fueron atacados violentamente en estos días, en circunstancias diferentes. De cualquier manera, integran un conjunto. Corresponde ser solidarios con todos, no diferenciar según sus banderías o el medio en el que trabajan,
El ranking macrista discrimina según quién los atacó… o cómo piensan. Víctimas de primera categoría o de tercera, pongalé.
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El relato oficial abstrae de contextos, precedentes cercanos y continuidades. Fragmenta hechos concatenados, los simplifica al extremo, de ese modo los distorsiona. Así,circunscribe lo sucedido el jueves a las largas dos horas en que manifestantes apedrearon a policías de la Ciudad, que respondieron de modo contenido en ese lapso. Hasta que salieron de cacería con encarnizamiento y abuso de poder.
Esa versión de la historia es falsa, reduccionista. Nada empezó ni terminó con la lluvia de piedras. La antecedieron hechos congruentes y enlazados. La muerte violenta de Santiago Maldonado, consecuencia de la ofensiva ilegal de Gendarmería. El asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. La brutalidad desplegada contra trabajadores formales de PepsiCo meses atrás o de Ingenio La Esperanza en la semana que termina. El encarcelamiento masivo y al voleo tras las movilizaciones del 8 de marzo y el primero de septiembre.
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La conducta de los manifestantes el lunes 18 tiene el antecedente directo de la barbarie de Gendarmería el jueves 14. Se los apaleó, hirió y encarceló, se criminalizó la protesta.
Periodistas y opineitors oficialistas denuncian ahora el surgimiento de una guerrilla urbana, sucedánea a la rural de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Es un disparate macartista que incita a la violencia estatal, a convertir al adversario político en delincuente.
Las decenas de miles de argentinos que integraban las columnas organizadas y masivas en la movida del lunes no se sumaron a la pedrea con elogiable disciplina. La notable crónica de Laura Vales, publicada el martes pasado en Página/12, da cuenta de la escisión (no antagónica) entre el grupo que lanzó piedras y el resto. Pudo verse que las columnas se replegaban, se organizaban para proteger a mujeres o chicos pero sin alejarse más de lo necesario. Luego volvían, querían hacer valer sus derechos, no rendirse a la prepotencia de los uniformados.
Una columna del historiador Ezequiel Adamovsky en la revista Anfibia sugiere una lectura similar que acaso incomode a quienes culpan de todo a infiltrados. Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) también recusó la simplificación.
Los testimonios de esos observadores agudos, que estuvieron en la marcha, desautorizan las fantasías conspirativas.
Los que optaron por confrontar físicamente con la Policía lejos están de formar un parte de un ejército subversivo. Actuaron con motivaciones propias, se expusieron y enfrentaron sin tomar precauciones mínimas para no ser identificados.
La conducta del grupo violento de manifestantes debe ser debatida, o cuestionada o explicada por su condición social, tanto como su eventual “funcionalidad” a la represión. Es una polémica necesaria, difícil, entre tantas.
Pero, de nuevo: es esencial comprender que un enfoque aislado sobre ellos carece de perspectiva e historicidad.
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La pedrea no excusa ni legitima la escalada de violencia oficial que lleva meses, desplegada en ese u otros muchos escenarios.
Cuando el presidente Mauricio Macri asevera que quien arroja una piedra tiene intenciones de matar incurre en una pésima interpretación del derecho, riesgosa por su investidura. Peca de mala fe o encubre cuando calla respecto de los policías que le pasaron por encima con una moto a un joven que estaba en el piso. O de los uniformados que dispararon balas de goma a corta distancia a personas indefensas, apuntando al rostro.
Macri visitó a un policía que perdió un ojo como consecuencia de un piedrazo, saludó a su mujer. Hizo bien en acercarse pero tomó injusto partido cuando soslayó cualquier mención a tres personas de a pie que sufrieron similar padecimiento. La bala en el ojo ajeno, las víctimas de tercera categoría no le interesan al Gobierno. O, mejor dicho, no existen. Una cantidad abrumadora de jueces y fiscales piensa parecido y obra en consecuencia.
