La política con que se rige la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj podría sintetizarse en la trayectoria de uno de sus principales funcionarios: Carlos Alberto Bulaievsky. Hoy tiene a su cargo la Dirección técnica y administrativa del organismo. Contador público, empresario, ex presidente del club Atlanta, su historia no resiste un archivo. Ingresó al Estado durante el gobierno del presidente Mauricio Macri en la categoría A, grado 1 de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por una decisión de la Jefatura de Gabinete aun cuando no cumplía con los requisitos mínimos para acceder a aquel nivel. De ahí pasó a la ex ESMA a las órdenes del actual secretario, donde trata básicamente asuntos del personal. Los trabajadores constataron a su llegada algo que ya se sabía, pero que no excedía las fronteras del mundo del fútbol. Lo buscaron en Google y le cantaron piedra libre.

Bulaievsky había sido expulsado de Atlanta tras una denuncia que recibió por defraudación y administración fraudulenta en el pase del delantero Luis Bonnet al club Gimnasia y Tiro de Salta. Los delitos que le imputaban se basaron en esa operación firmada el 22 de enero de 1998. Pasaron casi veinte años, pero, si la causa judicial prolongó su vigencia, se debió a que el actual funcionario alargó los plazos procesales con el pedido de una probation que en primera instancia no cumplió. De los 30 mil pesos-dólares de la Ley de Convertibilidad que la institución de Villa Crespo le reclamaba por un cheque que quedó en su poder, no había devuelto un peso cuando lo denunció la comisión directiva.

Por eso, y después de un sobreseimiento en primera instancia, el 11 de abril de 2011 la Cámara de Casación Penal, Sala 2, dio vuelta la resolución que beneficiaba a Bulaievsky con la probation. El tribunal consideró que no se había llevado a cabo “la pericia caligráfica solicitada por la querella y tendiente a establecer si el encartado habría participado en la adulteración de los cheques cuestionados”. Trece años después de la transferencia de Bonnet al club salteño.

Al continuar los efectos del juicio penal, el ex presidente se comunicó con los abogados de Atlanta para resolver la cuestión civil y se comprometió a saldar su nuevo compromiso de pago. “Fue en ese momento que nos pidió hacer una asamblea para tratar de revisar su reincorporación como socio y se decidió expulsarlo de por vida. Yo estuve en la asamblea”, le cuenta una fuente del club a PáginaI12.

Bulaievsky pagó en el marco de ese acuerdo “pero muchísimo menos, fue muy bajo para Atlanta, no recuperamos de ninguna forma el total del perjuicio para el club”, completó el informante que tiene conocimientos jurídicos. La denuncia por el pase de Bonnet también alcanzaba al secretario general Carlos Eduardo Rada, compañero de comisión directiva y amigo del contador que ahora trabaja con Avruj.

Durante aquella etapa de medidas y contramedidas judiciales, el periodista Fernando Tebele, de La Retaguardia, publicó una serie de documentados artículos sobre la causa 1694 que nunca pasó por el juicio oral. En uno de sus textos aportó el dato curioso de que Bulaievsky y Rada “se comprometieron a realizar trabajos comunitarios en la Mutual Solidaria del Pueblo, en Portela 746, Lomas de Zamora, a razón de doce horas mensuales durante un año”. Con la comprobación de que habían empezado a cumplir esta parte del acuerdo, el juicio a prueba se suspendió por dos años.

Tebele entrevistó a Bulaievsky el 16 de enero de 2006 en Sentimiento Bohemio, un sitio partidario del club que se discontinuó. En su descargo le respondió: “En cuanto a mi expulsión me parece totalmente injusta, nunca toqué un solo centavo de Atlanta. Es más, luego de mi gestión quede arruinado, por los aportes realizados al club, pero eso ocurrió hace mucho tiempo”. En ese mismo reportaje, el ex presidente sostenía: “No hice nada, creo que había un ensañamiento hacia mi persona, por más que hubiera hecho todo lo posible por aclarar las cosas, igual me hubieran expulsado”.

El funcionario que hoy trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos había ingresado antes a la Sigen: el 17 de febrero de 2016. A fines del año pasado, Avruj echó a la responsable técnica, administrativa y contable del Espacio Memoria y Derechos Humanos, Karina Núñez. La mujer había tenido la ocurrencia de bailar arriba de los escritorios de una dependencia de la ex ESMA para despedir el año. Su caso se viralizó en las redes sociales y le costó el puesto. La secretaría había difundido un comunicado donde sostenía que sus funcionarios “deben guardar, más que nadie, el debido decoro en el ejercicio de sus funciones. Conscientes de esta situación, se adoptó la medida referida”. Bulaievsky llegó al organismo para esa época.

Desde ese momento comenzó a interactuar con el personal de las distintas dependencias de la secretaría. Discute con los delegados de ATE y UPCN sobre salarios y condiciones de trabajo, aunque en los últimos días habría sido desplazado de esa función manteniendo su cargo. Según lo definen sus interlocutores en la ex ESMA, “puede poner paños fríos en los conflictos como enojarse y terminar una discusión a los gritos. Es el típico funcionario que acompaña las políticas de un gobierno que considera un curro a los derechos humanos, como dijo una vez el presidente Macri”.

En la secretaría que comanda Avruj y depende del ministro de Justicia, Germán Garavano, ya hubo decenas de despidos desde el inicio de la gestión, se abrieron listas de retiro voluntario, se vaciaron programas como una forma de desgastar a los trabajadores para que renuncien y se proyectan más jubilaciones anticipadas. También se adeudan salarios en determinadas dependencias, como el Centro Cultural Haroldo Conti, donde se firmó un acuerdo para que el Estado les pague a los artistas contratados una suma que en conjunto superaba el millón de pesos.

Hay sueldos en el organismo que rondan los 12 a 13 mil pesos. Esos importes solo suben cuando se los promedia con los haberes más altos. La mitad de la paga se realiza en negro, con el consecuente problema para liquidar las jubilaciones futuras. Los contratos se renuevan cada 180 días. A ese Estado en pronunciado declive llegó Bulaievsky desde el sector privado. Como empresario hizo de todo un poco, además de ejercer su profesión de contador y administrador de empresas. Tuvo una fábrica de sándwiches, participó en el directorio de una compañía que vende material vial y en otra que comercializa cereales y oleaginosas.