Thomas Poole Griesa, el juez de la Corte del Distrito Sur de Manhattan que estuvo al frente de la disputa entre Argentina y los fondos buitre, falleció en Nochebuena. Protagonista de la economía y la política nacional durante más de una década, el magistrado neoyorquino de 87 se había jubilado a mediados de año luego de clausurar el juicio que mantuvo al país al borde de un inédito default. El prolongado enfrentamiento judicial que tuvo a Griesa como árbitro expuso el poder de los lobbies financieros y la existencia de un vacío legal internacional para resolver crisis de deuda soberanas como la que atravesó Argentina con el estallido de la convertibilidad. La noticia de su muerte llegó al país a través de Daniel Pollack, el abogado mediador impuesto por el magistrado para intentar acercar posiciones en 2014, que informó la novedad a las autoridades del Ministerio de Finanzas con quienes negoció el acuerdo final para pagarle a los buitres al inicio del gobierno de Mauricio Macri.

Las reestructuraciones de deuda son un procedimiento habitual desde comienzos del siglo XIX. Representan el mecanismo para salir de un default. Entre 1950 y 2017 se registraron más de 600 casos de reestructuraciones soberanas alrededor del mundo. Sin embargo, como resultado de la construcción de un vacío legal que acompañó el proceso de desregulación financiera, no existen reglas globales para encontrar soluciones que garanticen la salida de los países de las trampas financieras, volver a crecer y garantizar el cumplimiento de los vencimientos de deuda. Después de la crisis de 2001-2002, Argentina llevó adelante un proceso de reestructuración en dos etapas con el que logró normalizar la situación de 92,4 por ciento de la deuda en default. No fue sencillo. A la resistencia del sistema financiero internacional tradicional y los organismos multilaterales se sumó el accionar de un grupo de inversores carroñeros que compraron bonos argentinos a precio de remate con la pretensión de cobrar el ciento por ciento de sus acreencias. Para eso, los fondos buitre como Elliott Management encabezado por el magnate Paul Singer comenzaron a litigar contra el país en los tribunales de Nueva York y a desplegar todo su poder de lobby. A pesar de la resistencia política, diplomática y judicial presentada por Argentina hasta fines de 2015, los acreedores lograron imponerse. En abril del año pasado cobraron el acuerdo alcanzado con gobierno de Macri que les validó una rentabilidad global de hasta 1270 por ciento. 

Fue Griesa, que desde el año 2000 contaba con la antigüedad necesaria para decidir en qué causas intervenir, quien se hizo cargo del reclamo buitre durante el proceso que se convirtió en el más relevante de su carrera. Nacido en Kansas en el seno de una familia republicana, Griesa fue nombrado juez por Richard Nixon en 1972. Pero antes de elegir hacerse cargo del reclamo de los fondos buitre contra Argentina, el magistrado intervino en causas relevantes como la que lo llevó a frenar la construcción de una autopista sobre el río Hudson que promovían Nixon y el poderoso alcalde neoyorquino, Ed Koch. Encarceló a integrantes de la mafia neoyorquina, persiguió a una empresaria hotelera por evasión fiscal y hasta se dio el lujo de tener en el estrado a John Lennon en una disputa entre el músico y una discográfica. En 1998 selló los documentos de una causa iniciada contra el actual presidente norteamericano, Donald Trump. Acusado de contratar a un grupo de obreros polacos indocumentados en turnos de hasta 12 horas sin las condiciones de seguridad adecuadas en la demolición de un edificio en los terrenos donde hoy está la Trump Tower, el empresario arregló en los tribunales pagar 1,4 millones de dólares y logró mantener en secreto la denuncia. Ninguna de esas causas tuvo la relevancia geopolítica y las implicancias para el sistema financiero internacional como la disputa entre Argentina y los buitres.

Aunque validó sendos pedidos de embargo contra activos argentinos alrededor del mundo, durante los primeros pasos del juicio el magistrado mantuvo un accionar prudente y desistió de bloquear los canjes. La historia cambió en 2011 cuando, a pedido de los buitres, validó una polémica interpretación de la cláusula “pari passu”. Concebida como un instrumento para garantizar el tratamiento igualitario entre los acreedores, la lectura del magistrado sostenía que Argentina discriminaba a quienes no habían ingresado al canje cada vez que pagaba un vencimiento. En esa visión los buitres tenían el mismo derecho a cobrar el ciento por ciento de su reclamo que quienes habían aceptado una quita, reducción de intereses y extensión de plazos. 

La extravagante interpretación de la cláusula pari passu no tuvo implicancias materiales sino hasta 2014 cuando una medida cautelar con su firma prohibió a los intermediarios financieros de Argentina en Nueva York que cursaran los pagos de la deuda si el país no cancelaba en efectivo la totalidad del reclamo buitre. Desde el equipo económico encabezado entonces por Axel Kicillof advertían que cumplir con las medidas de Griesa implicaba violar las condiciones acordadas con el 92,4 por ciento de los acreedores que participaron del proceso de reestructuración. El juez no lograba que los buitres cobraran pero evitaba que el resto de los acreedores genuinos lo hicieran, forzando una inédita situación de cesación de pagos judicial. Para encontrar una solución impuso un mediador, pero Argentina y los buitres no lograron acordar durante el kirchnerismo. 

A pesar de su deteriorada condición física durante el último tramo de la saga judicial, Griesa tomaba clases de tenis todos los sábados junto con su esposa Christine, que falleció en agosto de 2015. Después de su muerte pero antes de levantar el bloqueo impuesto sobre el pago de la deuda externa argentina, el magistrado aprovechó para hacer una escapada a Cuba de la que, según sostiene un obituario publicado en el conservador National Review, regresó decepcionado. Logró reponerse a los pocos meses cuando después de más de una década el nuevo gobierno argentino alcanzó un acuerdo con los buitres. La última decisión relevante que tomó en la causa fue levantar la medida cautelar que impedía a los acreedores recibir los pagos de la deuda. Si bien los buitres más agresivos ya desistieron, todavía quedan causas abiertas que desde su jubilación están a cargo de la jueza Loretta Preska.