La Justicia restituyó a su dueña un terreno situado en la localidad de Pueblo Esther que se lo habían quitado a través de un poder y una escritura falsas. Una de los tantos fraudes inmobiliarios atribuidos a esa organización de guante blanco que -entre escribanos y empresarios- tiene a doce de sus miembros imputados y que solo cayeron por el desliz de haber hecho lo mismo con el campo de la viuda de un juez camarista.

La jueza en lo civil y comercial Mónica Klebcar aceptó la demanda interpuesta por la damnificada por inexistencia de la escritura y del poder empleados para el desapoderamiento del inmueble. También recomendó alerta al Registro de la Propiedad y al Archivo de Protocolos del Colegio de Escribanos en cuanto a esta clase de estafas consumadas mediante la generación de papeles falsos para cambiar la titularidad de inmuebles.

Fabián Leone, el abogado que patrocinó a la demandante, explicó a Rosario/12 que su clienta compró el terreno en cuestión en Pueblo Esther, como una inversión allá por 1989. Un lote de dimensiones normales como para construir una vivienda familiar. Pero nunca edificó nada en él y el solar se mantuvo baldío. El vecino de enfrente es Maximiliano González De Gaetano, uno de los doce involucrados en la megaestafa de fraudes inmobiliarios. Se supone que este hombre de 49 años, que se declaraba como el titular del Sindicato Unico de Monteros, había comprobado a lo largo de los años que su terreno vecino parecía desatendido.

La dueña notó en 2014 que las facturas de tasas y servicios de Pueblo Esther dejaron de llegar a su casa en Rosario. Por eso fue a la comuna a pedir la liquidación correspondiente de lo adeudado y reanudar el envío postal de esas boletas. Flor de sorpresa recibió cuando una empleada le informó que el lote había cambiado de dueño un año antes.

La mujer puso a su abogado a trabajar y averiguar que aquel año se había inscripto una transferencia certificada por el escribano Eduardo Martín Torres -también imputado en la megaestafa que se instruye desde octubre de 2016-, pero mediante una escritura falsificada. La operación había partido de otro de los miembros de la banda investigada, Juan Roberto Aymo, quien esgrimió un poder falso por el que la dueña le había dado atribuciones para vender el inmueble. La mujer nunca había otorgado tal poder. El supuesto comprador había sido González De Gaetano. Pero este apenas figuró diez días como titular del terreno y lo vendió con boleto a un tercero de apellido Rosich. Este, a su vez, cedió sus derechos tres días después a una mujer de apellido Muzzio, en operaciones que el escribano Torres siempre convalidó y que el Registro de la Propiedad inscribió en la historia dominial de ese terreno.

 

“Fue una torpeza porque la ley protege al propietario, la buena fe de terceros no juega”, dijo el abogado.

 

"Creían que transfiriendo el bien una y otra vez iban a terminar por desapoderar a la dueña. Y en realidad es una torpeza porque la ley protege al propietario y por lo tanto los actos sucesivos son inexistentes si no interviene el titular. La buena fe de terceros no juega, ellos no están protegidos", explicó Leone. Y admitió que ante estas maniobras no es sencillo evitar el engaño. "Sí hay indicios, como por ejemplo que un inmueble haya sido vendido tres veces en un mes. Es sospechoso", dijo el letrado.

El abogado planteó en el juzgado civil y comercial que su clienta "jamás otorgó poder especial a Aymo, nunca fue su intención vender y no participó de acto de transferencia alguna". La demanda interpuesta por la damnificada solicitó la declaración de inexistencia de tales documentos y la jueza Klebcar le hizo lugar.

La organización desbaratada en octubre de 2016 quedó al descubierto a partir de un fraude similar al descripto aquí, pero sobre un campo situado en el distrito Villa Amelia que pertenece a la viuda del juez y camarista penal Ernesto Navarro. Hubo adulteración de poderes y escritura con el mismo propósito. La investigación impulsada por el fiscal Sebastián Narvaja logró reconstruir la estructura de la banda, que empezaba por unos miembros a cargo de detectar los inmuebles pasibles del desapoderamiento, otros que participaban de la cadena de transferencias espúreas y un tercer nivel compuesto por miembros de algo poder adquisitivo que se encargaban de negociar los bienes birlados en compraventas que pretendían borrar su origen malhabido.

En distintos juzgados todavía hay varias causas similares con los mismos actores involucrados. Investigan transacciones inmobiliarias dudosas, con escrituras firmadas en fechas posteriores a la muerte de los vendedores, o poderes falsos supuestamente concedidos por propietarios que residen hace años en el exterior, entre otras causas.