La Justicia porteña restringió la salida del país de los directivos locales de la multinacional UBER, al hacer lugar a una medida cautelar de la Fiscalía de la Ciudad, en el marco de la causa por evasión tributaria agravada de más de un millón de pesos. El fiscal de Cámara, Martín Lapadú, quien solicitó la medida, sostuvo en diálogo con PáginaI12 que “todos los fallos van ratificando la investigación de la causa. Se determinó que evadieron y el próximo paso será, después de la feria judicial, la elevación a juicio”.

La resolución fue tomada por la jueza penal, contravencional y de faltas Cristina Lara ante el requerimiento de Lapadú, quien fundamentó su pedido en la posibilidad de fuga de los imputados en caso de existir una condena, ya que la pena sería de prisión efectiva.

La restricción impuesta alcanza a cinco directivos: Enrique Ricardo Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Horacio Cao, Diego Mariano Olivera y Miguel Roberto Rattagan. Todos ellos, en caso de que quieran salir del país deberán avisar a la fiscalía, con suficiente antelación, sobre el lugar de destino, plazo de estadía, motivos de viaje, y toda aquella información que les sea requerida a fin de ser evaluada y despejar cualquier sospecha de intento de fuga.

Lapadú explicó que “también solicitamos hace quince días a la jueza Lara la prisión preventiva del CEO de UBER, Mariano Xavier Otero, pero no dio curso al pedido. La resolución fue apelada y tiene que ser resuelta por la Sala III de la Cámara de Apelaciones”.

Un dictamen de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (Agip) que consta en la causa penal tributaria contra la empresa, estableció que entre abril y octubre del año pasado la filial argentina de Uber evadió más de un millón de pesos. La investigación fiscal fue realizada por la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales a pedido de Lapadú, quien sostuvo que “el informe demostró la maniobra de evasión de la empresa”.

La mecánica, recordó el fiscal, consiste en que “Uber recauda a través de los choferes el pago de los viajes, y esa recaudación la maneja a través de billeteras virtuales. No tiene habilitación ni permiso en ninguna provincia, ni cuentas bancarias. El cien por cien de la recaudación se deposita en billeteras virtuales, y es extraída del país a cuentas en Holanda u otras ciudades europeas. Sacan el cien por cien de lo producido y reingresan el 75 por ciento que distribuyen entre sus choferes, también mediante billeteras virtuales. Por ese motivo se bloqueo el uso de tarjetas de crédito para abonar los servicios de Uber, en general no funcionan o lo hacen de forma aleatoria, y llevó a la empresa a introducir en su aplicación la posibilidad de pago en efectivo, para saltar la medida de bloqueo”.

El fiscal también señaló que “existe una medida de bloqueo nacional de la aplicación que encontró una resistencia estructural en las prestatarias de servicios de Internet, que aducen cuestiones técnicas primero y jurisdiccionales después para no aplicar el bloqueo”.

Según el representante del Ministerio Público, las prestatarias sostuvieron que no podían restringir sólo una provincia o distrito, pero cuando se dio la orden de bloqueo nacional pasaron a sostener que los jueces locales no pueden dar ordenes que impacten en todo el país. También, adujeron que en el requerimiento el DNS (Sistema de nombres de dominio) era erróneo.

“Se volvió a presentar la orden con la dirección www.uber.com y esperamos que lo apliquen. De lo contrario, empezaremos a citar a las autoridades de las empresas por el delito de desobediencia”, afirmó el fiscal.