El juez federal Julián Ercolini sostiene que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron. No sabe quién ni cómo cometió el homicidio, pero en una resolución que firmó ayer asegura que el informático Diego Lagomarsino fue partícipe necesario de ese crimen. ¿A quién ayudó? No se sabe. ¿Cómo fue el asesinato, cómo entraron el o los homicidas al departamento de Le Parc? Tampoco se sabe. Pero el juez sostiene que el hecho de que el arma estuviera a nombre de Lagomarsino, que era alguien muy cercano a Nisman, lo convierte co-responsable. El técnico informático se había presentado en tribunales apenas apareció el cuerpo sin vida del fiscal para decir que le había pedido un arma prestada porque temía por la seguridad de sus hijas, en aquellos días posteriores a su denuncia por encubrimiento contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el Memorándum  con Irán. Con el correr de la investigación, también se supo que les había pedido una pistola a otras dos personas, entre ellos un custodio, que no le siguieron el juego. En la resolución de ayer en la que procesa a Lagomarsino sin prisión preventiva y con un embargo de 15 millones de pesos, el juez dice que no le cree, que le parece inverosímil su relato, y también responsabiliza por delitos menos graves a los cuatro policías que custodiaban al fiscal de la UFI AMIA. Sus abogados evalúan no apelar para que el caso vaya rápido a juicio oral porque lo consideran jurídicamente insostenible.

La base para decir que la muerte de Nisman fue producto de un homicidio es el peritaje que hizo Gendarmería cuando la investigación pasó al fuero federal, y el pedido del fiscal Eduardo Taiano que lo sigue al pie de la letra. El juez combina conclusiones de ese estudio con los que había hecho el Cuerpo Médico Forense y peritos de la Policía Federal cuando la causa estaba en el fuero ordinario, pero en lugar de mostrarlo como estudios contrapuestos sugiere que Gendarmería completó una conclusión sobre la cual las juntas médica y criminalística no habían avanzado. En rigor, lo que decían éstas últimas era que no había ninguna prueba de participación de terceras personas. Para  el juez, la prueba es el peritaje de Gendarmería –realizado por peritos que no tienen experiencia en autopsias– pero en el texto de los procesamientos no hay ninguna explicación sobre cómo se habría cometido el supuesto homicidio ni quién lo hizo. Aun así, y aunque las cámaras del edificio y la autopista acreditan que Lagomarsino estuvo en el departamento y se fue en los horarios que siempre declaró, concluye que fue partícipe necesario porque el arma de la que salió el disparo era suya. El informático había dicho que el 17 de enero de 2015 fue a ver a Nisman pasadas las 17, que ahí le pidió el arma, y se fue cerca poco antes de las 18 a buscarla. Volvió a las 20 y se retiró 20.30. En el expediente está claro, además de lo que relató el técnico, que fue el fiscal quien lo llamó, no es que Lagomarsino lo llamó a Nisman. Pero Ercolini sostiene que con el arma a su nombre, se buscaba simular un suicidio.

“Es el primer caso que conozco de una participación en un homicidio donde no está el homicida. Es algo insostenible jurídicamente. En cualquier manual de derecho penal está establecido que no se puede imputar una participación si no está determinada la autoría. Jurídicamente lo que se le imputa a Lagomarsino es inexistente”, cuestionó el abogado Maximiliano Rusconi, cuyo estudio representa al ex colaborador de Nisman. A eso hay que sumar que el homicidio simple, que aquí se invoca, no es un delito federal, los homicidios no son federales. Ercolini sostiene que el homicidio fue cometido entre la noche del 17 de enero y la mañana del 18. “Está más que probado que en la noche del sábado 17 Nisman estaba con vida. Habló con uno de los custodios cerca de las 21, se mensajeó con dos periodistas”, recordó Gabriel Palmeiro, defensor de Lagomarsino. “Y algo de sentido común: ¿A quién se le ocurre que alguien va a participar de un ilícito de estas características para matar a alguien con un arma registrada a su nombre? Lo único que muestra la resolución de Ercolini es que se han usado los pocos hechos que hay para justificar lo que se quería decir desde que el caso pasó al fuero federal ¿Cómo sabe que la participación de Lagomarsino fue esencial si no se sabe quién cometió el supuesto homicidio?”, subrayó Palmeiro.

Ercolini no le impuso prisión a Lagomarsino pero mantuvo las medidas de restricción de sus movimientos que ya había fijado al indagarlo: tiene una tobillera electrónica que controla sus movimientos, no se puede ausentar más de 24 horas de su domicilio y tiene prohibido obtener pasaporte. También mandó a congelar sus cuentas bancarias. Los policías implicados en los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado son Rubén Benítez, Luis Miño Armando Niz y Néstor Durán. A los tres primeros les embargó 500 mil pesos y a Durán, 50 mil. Les prohibió la salida del país y deben presentarse cada 15 días al juzgado. 

El fallo de Ercolini, de 656 páginas, dice que es un dato relevante la relación cercana que tenía Lagomarsino con Nisman. Un “arma de fuego amiga al lado del cuerpo del fiscal ayudó a consolidar la versión del suicidio”, puntualiza la resolución que le adjudica a Lagomarsino intentos por instalar que el fiscal se disparó a sí mismo. Se refiere, por ejemplo, a una conferencia de prensa que ofreció en los primeros días. No hace referencias, en cambio, a las conferencias de prensa de la jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Nisman, donde insistía con la hipótesis del homicidio, que es  la que recogió Ercolini.

Entre elementos que enumera el juez para sospechar de Lagomarsino figuran que era un experto en seguridad que dejó en situación vulnerable la red y los equipos del fiscal. Para los abogados de Lagomarsino es tan descabellada y carente de pruebas la resolución que lo más probable es que no apelen para que el caso llegue rápido a juicio.