Y un día, el ajuste llegó a los pacientes con insuficiencia renal. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) denunció un atraso en los pagos de parte del programa Incluir Salud, perteneciente al Ministerio de Salud de Nación, y también del PAMI que provocó una crisis de “absoluto desfinanciamiento” en los 400 centros de diálisis del país. La deuda, que asciende a 500 millones de pesos, podría llegar a interrumpir el tratamiento de más de 30.000 personas. En diálogo con PáginaI12, Darío Zapata, presidente de Cadra, relató que “este problema no es de contaduría sino humano: estamos hablando de la salud de miles de pacientes”.
Durante meses, los 400 centros de diálisis –distribuidos en todo el país– notaron que en sus cuentas corrientes, dos obras sociales alimentaban su deuda sin siquiera abonar un peso. No se trataban de morosos con pocos afiliados, sino que cubren casi el sesenta por ciento de los pacientes que realizan el tratamiento de diálisis: los deudores son, ni más ni menos, que el Ministerio de Salud de la Nación, a través del programa Incluir Salud, y la obra social Pami. “Al principio creímos que la falta de financiamiento se trataba porque el Ministerio adoptó un modelo burocrático, donde primero debe pasar a cada provincia, después a Salud de Nación y el ministerio de Hacienda confirma el pago. Después de pasar los 180 días, nos dimos cuenta que no era una demora sino que se trataba de un claro ajuste”, contó Zapata.
“Esta crisis abarca la totalidad de los tratamientos. Las tres redes que damos este tipo de prestaciones (además de Cadra, la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal y la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires) están en conflicto financiero. Es una situación límite, ya que con el atraso de los pagos, que llegó hasta los 180 días, no se alcanza a pagar los sueldos en los centros de diálisis”, agregó Zapata. La deuda, según explicó el presidente de Cadra, alcanzó los 500 millones de pesos.
Pero la preocupación radica en la continuidad de los 32.000 tratamientos de diálisis que se realizan los pacientes con insuficiencia renal en los centros nacionales. “Al ser una problemática sumamente delicada, quisimos dar esta advertencia con tiempo”, comentó Zapata y agregó que “de acuerdo a la ley nacional de diálisis –Ley 22.853– existe un compromiso entre el financiador, que es su gran mayoría el Estado y nosotros, los prestadores, para que se garanticen todas las diálisis. Pero no puede ser que un privado cumpla el rol estatal de financiar el tratamiento”. Ante la consulta acerca de las posibles consecuencias si se llegan a suspender las diálisis programadas, el presidente del Cadra fue determinante: “los pacientes pueden perder la vida”, estableció.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación reconocieron la deuda con las tres redes de prestaciones y aseguraron que van a modificar la situación morosa. “Se iniciaron las conversaciones y se arregló un plan de pagos que incluirá el depósito de 50 millones de pesos en los próximos días”, comentó a este diario un vocero de la cartera que conduce Adolfo Rubinstein, luego de la renuncia de Jorge Lemus, en noviembre pasado. El área encargada de garantizar el servicio de diálisis es el programa Incluir Salud, ex Profe, destinado a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), para “generar condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio nacional”. En su partida presupuestaria se contempla la asistencia a las provincias en los costos del tratamiento dialítico crónico, es decir, de la hemodiálisis.
El presidente de Cadra confirmó la propuesta que enviaron desde el Ministerio de Salud, aunque indicó que “esa recomposición de pago no soluciona el problema de fondo. El ajuste implementado es sumamente mayor a lo que quieren compensar”. “Además de la deuda, está la falta de actualización por inflación. Los valores de las módulos no se han actualizado desde septiembre de 2016 y hoy esos precios no alcanzan para cubrir las prestaciones”.
“Y a todo esto hay que sumarle que PAMI todavía adeuda tres meses del denominado incentivo de calidad, que constituye un 15 por ciento del módulo de la prestación, lo que significa unos 45 millones de pesos”, completó Zapata.
