La ofensiva de las fuerzas de seguridad contra la movilización de lunes 18 de diciembre que cuestionó la reforma previsional y contra personas que estaban en la zona pero no participaban de ella es ahora un asunto ineludible en la investigación que lleva adelante el juez federal Sergio Torres, ya que la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) hizo una presentación en su juzgado con al menos diez hechos de abusos de la Policía de la Ciudad y pide que sean identificados los agentes que los protagonizaron. La lista de casos incluye agresiones y también detenciones arbitrarias. Uno es el de Alejandro “Pipi” Rosado, un cartonero que ese día estaba trabajando, en busca de papel blanco por la zona de la Avenida 9 de julio y fue perseguido, baleado con municiones de goma y atropellado por una moto policial. También figuran los arrestos de cuatro trabajadores de prensa, de FM La Patriada, detenidos en forma repentina cuando estaban parados tratando de resguardarse en el hall de un edificio en Avenida de Mayo.

Torres lleva adelante una investigación con dos vertientes: una está enfocada en los abusos policiales y otra en manifestantes que agredieron a agentes. Lo que dio origen a la intervención de su juzgado fue la detención de 70 personas y las denuncias por más de un centenar de heridos, muchos de ellos con impactos de balas de goma en zonas vitales (cabeza y torso). El mismo día de la movilización, Torres ordenó la liberación de los detenidos al advertir que en muchos casos se trataba de arrestos al voleo, varios en el momento de la desconcentración. Como al menos una comisaría demoró de manera inexplicable la liberación de las personas aún después de la resolución del juez, también esa situación está bajo análisis. Por estas horas, el juzgado analiza situaciones específicas y podría emitir una resolución y ordenar medidas.

La presentación de la Procuvin, a cargo de Andrés Heim, es producto de una investigación preliminar que se inició con las denuncias y declaraciones testimoniales de algunas de las víctimas de la represión policial. Como parte de esa pesquisa, la procuraduría pidió desde el comienzo al Ministerio de Seguridad la nómina de todos los agentes afectados al operativo y los que estaban a cargo, las órdenes específicas de actuación que se hayan impartido para ese día en particular, las filmaciones de las cámaras de la ciudad y las comunicaciones policiales. La cartera de Patricia Bullrich no respondió. Suelen argumentar que cuando hay una causa penal abierta no tienen obligación de hacerlo ante la Procuvin. Todo indicaría que el juzgado pedirá esos mismos elementos

Rosado fue uno de los primeros en dar su testimonio ante la Procuvin. Contó que el lunes 18 necesitaba salir a trabajar y se dividió el trabajo con un compañero que se quedó con el carro por avenida Belgrano mientras él caminó hacia la zona del Obelisco. De pronto vio a los policías a los tiros, corrió por miedo, y aturdido por las detonaciones le empezaron a pegar las balas de goma. Se metió en la calle Hipólito Yrigoyen para llegar a Tacuarí pero se le vino un grupo de policías encima. Lo pisaron, cayó, lo embistió una moto y le siguieron disparando a corta distancia. Luego ante Procuvin se presentaron una decena de testigos de esa escena, que además fue filmada y se viralizó en las redes sociales. Rosado le pedirá a Torres ser querellante. “Queremos dar cuenta del raid delictivo de las fuerzas de seguridad que fueron hostigando a Alejandro Rosado durante la jornada. Hubo un hecho previo al registrado en el video. La saña obedeció a que lo habían identificado antes por ser alguien que trabaja en la calle. Es un episodio que da cuenta de la violencia cotidiana que sufren personas que trabajan en la calle”, le dijo a PáginaI12 su abogada, Gabriela Carpineti.

La Procuraduría no llegó a identificar al policía motorizado registrado por las cámaras, pero esa búsqueda quedará ahora a cargo de los investigadores del juzgado. También la de los agentes que le tiran gas pimienta con saña a un anciano que esta simplemente parado, solo, en la calle. La escena, que también está filmada, termina con otro agente que le da un cachiporrazo al hombre en la cabeza.

Otros testimonios entregados a la causa por la procuraduría son los de cuatro trabajadores de prensa que pertenecen a FM La Patriada y otros emprendimientos que forman parte del Proyecto Comunidad. Como contó uno de ellos, Diego Murrone, a este diario, habían decidido alejarse del centro de máxima tensión por avenida de Mayo y resguardarse en el hall de un edificio. Quedaron ahí parados, sin hacer nada salvo filmar a los policías que reprimían o perseguían a otros. En un momento un agente les dijo que salieran, dándoles a entender que estaba a salvo, y de inmediato un grupo de uniformados los enfrentó para detenerlos. La escena está registrada por varias cámaras distintas y el material fue entregado por el abogado de los jóvenes, Aníbal Ibarra, al juzgado. Sólo en esta movilización hubo, además, por lo menos 36 camarógrafos, fotógrafos y cronistas heridos.

Torres aguarda que la Cámara resuelva el planteo de exención de prisión presentado por Sebastián Romero, ex precandidato del frente de Izquierda de Santa Fe, el hombre que todos los canales mostraban disparando un arma tumbera en la primera fila de la movilización. También figuran en el expediente la agresión hacia el periodista Julio Bazán y el caso de un hombre de la UOM que tiraba piedras y luego aparecía ayudando a un policía.