La perseverancia es uno de los pilares de la estrategia de defensa del genocida Miguel Etchecolatz. El contexto político cambió y ayer, tras dos años de ir acumulando vistos buenos a los pedidos de prisión domiciliaria que sus abogados presentaron de manera casi automática en los expedientes en los que se lo condenó o se lo está investigando por delitos de lesa humanidad, obtuvo el sí y, finalmente, el represor múltiple condenado recibirá el nuevo año en su casa de Mar del Plata. A unas cuadras del chalet del Bosque Peralta Ramos en donde el ex comisario de la Bonaerense cumplirá sus varias perpetuas a partir de los próximos días vive una de sus víctimas, para quien la abogada de derechos humanos Guadalupe Godoy presentó una medida de protección. “Las cárceles se vacían de genocidas y se llenan de luchadores populares”, sostuvo Godoy. 

Fue el Tribunal Oral Federal número 6 el que le puso un broche de oro a 2017 para Etchecolatz, quien dirigió la Dirección de Investigaciones de la Bonaerense entre 1976 y 1977 y, desde allí, ocupó un rol fundamental en la represión y exterminio de militantes en la provincia de Buenos Aires. Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero le concedieron la prisión domiciliaria en el marco del juicio que le siguen por crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en la Comisaría de Monte Grande y en la División Cuatrerismo. 

Ese expediente era el único que lo mantenía dentro del penal de Ezeiza ya que entre 2016 y lo que va de 2017 había logrado la habilitación en diferentes instancias judiciales como la Justicia Federal de La Plata y algunas decisiones de tribunales de alzada. En su resolución, el TOF 6 repasó expediente por expediente. Etchecolatz acumula varias causas en instrucción y por lo menos cuatro condenas a perpetua que recibió desde que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron declaradas nulas. La mayoría aún no fueron confirmadas. “La mayor parte de los beneficios fueron otorgados por razones humanitarias. A Etchecolatz lo mandan a su casa por una decisión política, no porque se esté muriendo”, determinó Godoy, abogada referente de querellas en varios de esos expedientes. 

En esta ocasión, los magistrados del TOF 6 habilitaron el beneficio al ex mandamás de la Policía Bonaerense debido a su edad –tiene 88 años– y a “la existencia de un delicado cuadro de salud” en “progresivo deterioro”. Por último, mencionaron que su presencia en el hospital del penal de Ezeiza le provoca al múltiple condenado “el plausible riesgo de contraer nuevas enfermedades que incidan negativamente en su perjuicio”. Adjuntaron al fallo una serie de informes médicos a los que el represor fue sometido en los últimos meses a los que califican de “suficientemente ilustrativos” del mal cuadro de salud. Sin embargo, no se desprende de ninguno de ellos que su vida corra peligro. 

La decisión de los magistrados fue rechazada por organismos de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre e Hijos, y abogados expertos en lesa humanidad. “Otorgarle la domiciliaria a un genocida como Etchecolatz en tiempos en los que el campo popular está reclamando una navidad sin presos políticos es un mensaje absoluto. Luis D’Elía y Fernando Esteche tienen que atenderse en el hospital de Ezeiza, el mismo que no es suficiente para asistir a Etchecolatz”, determinó Godoy, que presentó ayer “por sistema” al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata una medida de protección para un testigo y víctima directa del ex policía que vive en el mismo barrio en el que cumplirá arresto domiciliario. “A mi papá nadie lo busca y a este tipo lo dejan libre”, repudió Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, testigo fundamental en el primer juicio en contra de Etchecolatz luego de la caída de leyes de impunidad, que desapareció nuevamente un día antes de que anunciara la condena. Desde entonces, el 18 de septiembre de 2006, los organismos señalaron al represor, quien años después y en minutos antes de recibir una nueva condena, se mostró con un papel en sus manos que llevaba escrito el nombre del testigo que aún falta. 

El represor también es sospechoso del robo de la nieta de la Abuela de Plaza de Mayo Chicha Mariani, quien aún la busca.