Mientras la Armada comunicaba el final de la participación del buque Atlantis, de la marina norteamericana, en el operativo de búsqueda del ARA San Juan, en el Senado se desarrollaba la sesión en la que, además del Presupuesto 2018, la reforma tributaria y el impuesto al cheque, se trataría la creación de una Comisión Bicameral para investigar lo ocurrido con el submarino que desapareció el 15 de noviembre en el Atlántico Sur. Los senadores aprobaron por unanimidad (67 votos a favor) el proyecto, que pasa a la Comisión de Presupuesto para que autorice la creación de la bicameral, paso indispensable para dotarla de los fondos necesarios. 

Esta bicameral fue aprobada en Diputados el miércoles 21. Su impulsor, el diputado por el Frente para la Victoria por Mendoza Guillermo Carmona, le explicó a este diario: “El proyecto define que tenga una representación plural, de todos o varios bloques. Entonces cada cámara definirá cómo se hará la distribución por bloque”. Pero en esta bicameral no habrá sólo legisladores: “También se propone la participación de expertos, que pueden ser civiles o marinos. Por supuesto hay que cumplir ciertos requisitos. Los marinos deben estar retirados y haber alcanzado por lo menos el grado de contraalmirante. Y los civiles deben se expertos en defensa. La comisión decide si son todos marinos, todos civiles o hay de los dos”. 

“La comisión es del Congreso Nacional, el presupuesto sale de las cámaras y los expertos trabajarán ad honorem”, aclaró. “Al Poder Ejecutivo se le podrá pedir el personal que sea necesario, o será personal de las cámaras. Si hace falta algún peritaje, se sigue el mismo camino. La comisión no depende de nadie, elige sus propias autoridades y arma su propio reglamento. Tiene total autonomía de los otros poderes”.

En lo tocante a las obligaciones, “la comisión debe presentar un informe final, que será de acceso público. También se prevé que haya informes parciales. Tiene un plazo de un año, prorrogable por uno más”. “Por ley, para esta comisión no existe el secreto de Estado. Puede requerir cualquier información y/o documentación y los organismos y funcionarios están obligados a dar la información. También pueden tomar testimonios, de particulares y de funcionarios, hacer investigaciones de oficio y presentar ante la Justicia cualquier denuncia penal”. “Para que se entienda bien, esta comisión bicameral sigue los mismos criterios que la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia”, abundó.

Y concluyó: “Quiero destacar lo que para mí es casi lo más importante de esta comisión. El proyecto de ley dice que deberá atender especialmente las inquietudes, planteos y requerimientos de los familiares y a lo que ellos pidan que se investigue. Tendrá la mayor apertura posible hacia ellos. Por eso se estipula que tendrán acceso a las actuaciones de la comisión y podrán participar de las reuniones públicas. Porque como se tratarán temas sensibles a la defensa y la seguridad nacional, habrá reuniones secretas o reservadas. Nadie podrá ampararse en el secreto de Estado para no responder ante la comisión, pero sus miembros se comprometen a respetar la confidencialidad”.