1 Preferiría no hacerlo
“Mis creencias no me lo permiten”, podría ser un comodín recurrente. La ley de libertad de religiosa fue presentada este año por el Poder Ejecutivo como una llave para que todas las religiones tengan derechos en forma igualitaria, incorporando una objeción de conciencia actualizada a la ley de culto vigente, que rige desde 1978. Ahora con el nuevo proyecto, por ejemplo, un registro civil podría negarse a casar a dos personas del mismo sexo por sus principios religiosos. O negarle el DNI a una persona trans porque no se lo permite su moral biológica creacionista. Otra novedad es que se implementaría la objeción de conciencia institucional, es decir, que más allá de la posición de los profesionales un hospital podría decir que en sus consultorios no se dan anticonceptivos, mucho menos abortos y tampoco hormonas a personas trans. El texto del proyecto deberá pasar por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside la macrista Cornelia Schmidt-Liermann, antes de entrar a cámaras durante el año legislativo 2018. Como contrapunto, el granito de arena a favor de un Estado laico fue que la Corte Suprema de la Nación resolvió, a días de entrar en feria judicial, que Salta no podrá dar educación religiosa en las escuelas públicas en horario escolar, así como tampoco podrá incorporarla al plan de estudios. Eso sí, para estar en línea con el artículo 49 de la Constitución provincial, sigue permitido darla fuera del horario obligatorio: la Corte consideró que la norma es válida porque va en consonancia con la libertad que reconocen los tratados constitucionales.
2 Reparar es urgente
Así como existe una reparación para las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura, el objetivo del proyecto Reconocer es reparar es que las personas travestis y trans que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género reciban una pensión graciable. Esta ley, que ingresó por primera vez a comisiones en 2014, fue presentada por tercera vez en noviembre de este año con la firma de la senadora Sigrid Kunath (FPV) junto a otros nueve senadores. ???”Somos optimistas en el sentido de que si nos guiamos por la cantidad de senadores que acompañaron con la firma el proyecto podemos lograr que la iniciativa tenga tratamiento. En lo personal, asumí un compromiso con las organizaciones de promoverlo en las comisiones y es nuestro objetivo? ?dar el debate en el Senado, teniendo en cuenta por un lado la complejidad que significa trabajar por los derechos de las minorías y también las resistencias de ciertos sectores a avanzar en este sentido”, dice Kunath. Antes de entrar a debate en Senadores, para girarse luego a Diputados, en 2018 el proyecto deberá tratarse en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda.
3 Esperando la nueva ley de vih y ets
El 30 de noviembre se venció el plazo para que la modificación a la nueva ley de sida y ets sea tratada en Diputados. Este proyecto pedía, entre otros puntos, poner un foco en los derechos humanos que potencie la adherencia a los tratamientos, incorporar a las enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis y a las personas que nacieron con vih y hoy son adultos. La cronología de este cajoneo tiene tufo a jugada partidista: el proyecto, que entró a comisiones con la firma del diputado Jorge Barreto (FpV), recibió en junio la aprobación de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Ana Carolina Gaillard (también FpV). Pero ni la Comisión de Asuntos Constitucionales, con Daniel Lipovetzky (PRO) a la cabeza, ni la de Presupuesto y Hacienda, presidida por Luciano Laspina (PRO), le dieron aval para que se debata en Diputados. Los pasillos cuentan en off que estos últimos dijeron abiertamente que tenían la ley en agenda y había voluntad política con ella, pero dejarían que caiga para presentarla nuevamente con firma oficialista en otro año. “Nuestra lucha ahora es insistir y recorrer el Congreso durante todo el verano para que lo incluyan en las sesiones extraordinarias de febrero. No vamos a parar hasta ver estos nuevos derechos y obligaciones para el Estado en los textos legales. Que estos proyectos pierdan estado parlamentario esta semana no significa que desde las organizaciones sociales vayamos a dejar de insistir en el cumplimiento de nuestros derechos para tener una mejor calidad de vida”, explica Matías Muñoz, integrante de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos.
4 Virus en la bolsa de comercio
Según los datos actualizados este mes en el Boletín Epidemiológico de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación, hay 122.000 personas que viven con el virus en el país, aunque un 30 por ciento de ellas lo desconoce. El 81 por ciento de quienes conocen su diagnóstico está en tratamiento y siete de cada diez se atiende en el sistema público. Frente a estas cifras, la cumbre de la Organización Mundial de Comercio trajo una novedad negativa, sobre todo teniendo en cuenta que 2017 empezó con cientos de denuncias por demoras en la medicación: algunos laboratorios están pujando para monopolizar por cinco años las licencias magistrales, negociado que pisotea la esperanza de tener soberanía en la producción de insumos, bajar los costos y, por qué no, hablar de la cura. Como cachetazo inesperado, la Unión Europea le anunció a Macri durante la cumbre que se tomará unos meses más para analizar el tratado comercial.
5 Higui
Se espera para mediados de 2018 el debate oral del caso Higui (Eva Analía De Jesús), lesbiana presa por defenderse de una violación correctiva. El Día de la Madre de 2016, la atacó un grupo de varones. Uno de ellos intentó violarla al grito de “Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana”. Higui se defendió y el abusador murió. Acusada de “homicidio”, estuvo en prisión 8 meses (primero en un destacamento policial de San Martín y luego en el penal de Magdalena) hasta que en junio de este año la Justicia le concedió la excarcelación extraordinaria, en espera del debate oral. Al fragor del caso Higui y de la lucha por su libertad se formaron nuevos colectivos y asambleas de lesbianas.
6 Detenidas el Día de la Visibilidad Lésbica
El 11 de diciembre quedó archivada la causa abierta contra las seis lesbianas y mujeres feministas apresadas por la policía cuando realizaban difusión de actividades del colectivo Ni Una Menos, para la marcha del 8 de Marzo. Las detuvieron, justamente, el Día de la Visibilidad Lésbica (7 de Marzo). Fueron entregadas a la policía por un grupo de varones ultraconfesionales que las retuvieron en la calle y trasladadas a una comisaría en un camión blindado de alta seguridad. El fiscal las acusó por daño simple y agravado (pintadas en el frente de un banco y de una iglesia). Finalmente el juez concedió el fin del proceso por autocomposición. “No significó el reconocimiento de un delito sino dejar asentado que ‘si vos te sentiste ofendido, podemos acordar’. Porque nuestra intención no fue ofender sino defender nuestros derechos”, refiere la periodista Lía Ghara, una de las detenidas aquella noche.
7 Razzia en la pizzería
Prosigue la causa contra las manifestantes feministas bisexuales y lesbianas apresadas dos horas después de la desconcentración de la marcha del Día Internacional de las Mujeres (8 de Marzo). La mayor parte de ellas estaban en un local comiendo pizza o esperando a compañeras que habían ido al baño. Las golpearon con saña, recibieron insultos racistas por parte de mujeres policías (“sos una negra de mierda, porque venís a una marcha”), a una la detenida la desnudaron y filmaron en una comisaría y en algunos casos las sometieron a requisas vejatorias. La acusación carece de pruebas, ya que la mayoría de las manifestantes se encontraban a más de 300 metros de donde ocurrieron los “daños” (léase pintadas).
8 Beso y cigarrillo en Constitución
El 7 de diciembre declararon en Tribunales los policías que apresaron y lesionaron a Mariana Gómez y maltrataron a su esposa, Rocío Girat, en Constitución. Fue el 2 de octubre, la pareja se despedía antes de ir al trabajo, bajo el gran techo de policarbonato de la Plaza, conversando, fumando y dándose un beso.
“El policía Jonathan Rojo declaró que detuvo a Mariana ¡para proteger a Rocío! Lo que ocurrió fue que Mariana quería desplazarse a 5 metros, donde estaba permitido fumar, y el policía no se lo permitió. Hubo insultos de los dos lados y el policía la sujetó para detenerla. Rocío le explicó al policía que no podía sujetar a Mariana porque “se violenta” (Mariana fue víctima de abuso intrafamiliar). Ahora el policía usa esas palabras de Rocío para decir que estaba aplicando el protocolo de violencia de género y defendiéndola de su esposa. Es el colmo del cinismo”, manifiesta Lisandro Teszkiewicz, abogado de la pareja de lesbianas.
Por separado continúa la causa en la que Mariana y Rocío son querellantes, como víctimas de violencia policial.
9 Muertes en Florencio Varela
En el transcurso de 2017 murieron tres mujeres trans, militantes de la agrupación Otrans, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense, por falta de la debida atención médica: Pamela Macedo Panduro, Angie Velázquez Ramírez y Damaris Becerra Jurado.
En la Unidad 32 existen dos pabellones de Diversidad Sexual (más conocidos como “pabellones trans”). Soy realizó un relevamiento entre activistas/militantes lgbtiq y de derechos humanos que visitaron durante 2017 estos pabellones. Condiciones materiales: los pabellones trans están ubicados junto al basural de la cárcel (olores nauseabundos permanentes, cantidades industriales de cucarachas y moscas); sin médico, una enfermera que hace lo que puede; generalmente no hay medicamentos; comida deplorable; la mayoría duerme en catres o en el piso; celdas de 2x2 ocupadas por dos personas; por falta de personal penitenciario, encierran a las internas en las celdas a las 17; los baños de las celdas están clausurados; no les permiten estudiar ni participar en talleres (el Servicio Penitenciario se justifica diciendo que los demás presos atacan a las trans y travestis); no pueden usar la cancha de fútbol, un solo pabellón trans dispone de un pequeño patio donde juegan al voley y tienden la ropa); las visitas se realizan en lugares reducidos; la mayor parte de las veces no permiten a las visitas ingresar ropas femeninas, perfumes ni maquillajes (“esta es una cárcel de varones”, les contestan); se viola la Ley de Identidad de Género de manera permanente (“si en el documento dice Carlos, le dicen Carlos”).
Fabián Bernal, subdirector del equipo de inspección del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), explica: “El objetivo de la cárcel es despojarlxs de la subjetividad. En la cárcel, lo que debería ser un espacio de respeto de la diversidad se transforma en un mecanismo de disciplinamiento y de vulneración de derechos. No solo para quienes están adentro sino para que quienes lxs visitan lleven ese mensaje disciplinador al exterior. Nos gustaría que fuera de otra manera, pero prevemos que en 2018 la situación va a empeorar, debido a la política de sobreencarcelamiento masivo que lleva a cabo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En los casos de las trans que murieron por falta de atención médica adecuada, la responsabilidad es del Estado que las tenía en custodia e individualmente del personal penitenciario y médico que no las cuidó”.
10 De la vereda al calabozo
En 2017 aumentaron las detenciones del colectivo trans-travesti por averiguación de identidad o en causas por narcomenudeo. El Comité contra la Tortura de la CPM detecta una particular vulnerabilidad que conjuga este punto de intersección: son migrantes, trans o travestis y ejercen la prostitución. En ocasiones, las causas se tramitan por “resistencia a la autoridad”: cuando la policía detiene y golpea, la persona apresada se defiende por reflejo.
“Cada vez hay más detenciones y menos espacio para alojarlas en comisarías. Las condiciones de los calabozos son deplorables y cuando la Justicia detecta esta situación, los clausura. Los calabozos están ocupados al triple de su capacidad. En ese contexto de detención, las travestis y trans no acceden a colchones ni a alimentación, tampoco les permiten a su red de sostén que les alcance comida, las visitas son restringidas, si no acreditan concubinatos o relaciones familiares es muy difícil que alguien pueda acceder a verlas, y no se les respeta ningún derecho relacionado a su condición particular (trato según el género autopercibido, tratamientos médicos)”, describe Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática del Comité contra la Tortura de la CMP.
11 Todos los cuerpos el cuerpo
Hay dos artículos de la ley de identidad de género que siguen en puja: el 11, que habla de la salud integral, y el 12, sobre trato digno. Según datos del Programa de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud provincial, se hicieron compras para garantizar el tratamiento hormonal de 350 mujeres trans y 150 hombres trans por seis meses, y en estos momentos hay abierta una nueva licitación. Dentro de esa partida también se pautó con el Banco de Drogas un canal de acceso a tratamientos para niños y adolescentes trans, a los que se administra un bloqueador que suele darse para la pubertad precoz. Lo que no está garantizado y va de la mano con el trato digno es una nueva ley de Educación Sexual Integral que respete a todas las identidades. “Las láminas que reparten en los colegios solo traen cuerpos que se enseñan lo que es el aparato reproductor de un hombre o una mujer cis, pero mi hija se mira en esas gráficas y no se encuentra. Con algunos padres, hicimos láminas que representan a mujeres con pene y hombres con vagina, para mostrar otras posibilidades de cuerpos que no se están incluyendo”, cuenta Gabriela Mansilla, mamá de Lulú y fundadora de la Asociación Infancias Libres.
12 Ataque en la marcha del orgullo
Prosigue la causa por el ataque a golpes contra tres manifestantes gays ocurrido en una de las calles transversales a la Marcha del Orgullo. “Las actuaciones policiales llevan la carátula de ‘lesiones’. Quedan testimonios por presentar y estamos aguardando más acciones por parte del juzgado interviniente. Buscamos proteger a las víctimas de este ataque, ya les concedieron botones antipánico para prevenir represalias. La celeridad con que se tomaron las medidas de protección es esperanzadora. Nosotros encuadramos el caso como ‘agresiones a causa de la orientación sexual’”, explica Marcelo Suntheim, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), organización que acompaña la querella junto con 100% Diversidad y Derechos.
