El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, fue interrogado por fiscales ayer durante cuatro horas en el marco del caso Odebrecht, que casi le costó la destitución. Paralelamente, también declaró ante la fiscalía la líder opositora Keiko Fujimori, en una investigación sobre financiamiento ilegal de campañas electorales, que involucra Odebrecht. La hija del indultado Fujimori se tomó fotos sonriendo con funcionarias de la fiscalía antes del interrogatorio de dos horas.

Keiko, ex candidata a la presidencia, debe responder por la anotación en una agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, que decía: “Aumentar Keiko 500”, además de por la financiación de su campañas electorales del 2006, 2011 y 2016. La hija mayor de Fujimori es investigada en este caso de manera preliminar por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Entretanto, el fiscal anti-corrupción Hamilton Castro busca determinar si el mandatario neoliberal o alguna de sus consultoras se benefició o influyó en concesiones de obras públicas otorgadas a la cuestionada constructora brasileña. Tras el interrogatorio, el equipo del ministerio público encabezado por Castro se retiró del Palacio de Gobierno sin hablar con la prensa. El presidente tampoco ofreció declaraciones.

Castro investiga los millonarios pagos por asesorías que hizo Odebrecht a empresas ligadas Kuczynski mientras era ministro del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

El mandatario había negado todo vínculo con la compañía brasileña hasta que fue desmentido por la propia empresa, que decidió colaborar con la justicia.

Kuczynski se salvó hace una semana de ser destituido por el Congreso por haber mentido sobre sus lazos con Odebrecht, y su interrogatorio y el de Keiko se desarrollaron en medio de una nueva tempestad política tras el indulto que concedió al ex dictador Alberto Fujimori (1999-2000), quien cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

En Ginebra, dos relatores especiales de la ONU denunciaron ayer el indulto a Fujimori, considerándose “consternados” por esta medida que califican de “cachetada para las víctimas”. “El perdón presidencial concedido a Alberto Fujimori basándose en fundamentos políticamente motivados socava el trabajo de la justicia peruana y de la comunidad internacional para lograr la justicia”, consideraron la francesa Agnés Callamard, relatora especial para las ejecuciones sumarias o arbitrarias, y el colombiano Pablo de Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. Organizaciones internacionales de derechos humanos también han criticado el perdón presidencial.

Muchos peruanos creen que Kuczynski otorgó el indulto para evitar su destitución por el Congreso: la sorpresiva abstención de 10 legisladores fujimoristas, encabezados por Kenji Fujimori, hijo del exgobernante, hizo naufragar la moción de declarar la “vancancia” (destitución) del presidente por “incapacidad moral”.

Fujimori, de 79 años, permanece desde el sábado hospitalizado en una clínica por problemas cardíacos. Alejandro Aguinaga, su médico de cabecera, aseguró que “ha salido del período crítico, hay como reitero una evolución favorable, pero no todo lo positivo que quisiéramos”.

Agrupaciones políticas y sociales marcharon por las calles de Lima en la tarde de ayer para manifestar su indignación bajo el lema el “indulto es insulto”. Los manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín, sitio tradicional de mitines políticos de la capital peruana, y marcharon por calles del centro histórico.

Por su parte abogados de las víctimas y de entidades de derechos humanos preparan su artillería para tratar de conseguir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, anule el polémico indulto, que Kuczynski concedió en la víspera de la Navidad.

“La Corte sí puede disponer de la anulación de disposiciones normativas o jurisprudenciales internas de Perú”, dijo Carlos Rivera, abogado de las víctimas, quien recordó que el propio tribunal interamericano “ha dispuesto que se investigue, juzgue y sancione a todos los involucrados” en las dos matanzas perpetradas por escuadrones de la muerte bajo el gobierno de Fujimori y que motivaron su condena a prisión.

Las reacciones desfavorables al indulto también repercutieron en el gobierno, que el miércoles sufrió la primera baja de su gabinete con la renuncia del popular ministro de Cultura, Salvador del Solar.

También dimitió el presidente ejecutivo de las emisoras de radio y televisión públicas, Hugo Coya, además de varios otros funcionarios del Ministerio de Justicia. Asimismo, tres legisladores abandonaron al partido de gobierno.

Algunos familiares de las víctimas lamentaron haber votado por Kuczynski, quien en 2016 derrotó a Keiko Fujimori al capitalizar el voto antifujimorista. “Es la segunda vez que confié en un presidente y que me ha fallado”, dijo con pesar Rosa Rojas, comerciante de 52 años, quien perdió a su marido y a su hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos, perpetrada en Lima por un escuadrón militar antiterrorista el 3 de noviembre de 1991 y una de las causas por las que Fujimori fue condenado.