La denuncia de abuso sexual de las siete ex alumnas del Centro Cultural Sabato publicada por este diario el domingo pasado habilita a seguir preguntando por lo que deben hacer las instituciones frente a situaciones como éstas. ¿Alcanza con despedir al presunto agresor? Según el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual” aprobado por la Universidad de Buenos Aires en diciembre de 2015, no sería suficiente. Referentes que vienen trabajando en su aplicación hablan de las los avances y las resistencias a este instrumento legal.

El Protocolo fue impulsado por estudiantes de la UBA. Entre ellos, la agrupación La Mella presentó en mayo de 2015 un proyecto para que la UBA discuta, genere y apruebe un Protocolo. Finalmente se aprobó el 9 de diciembre de 2015 y se votó un plazo de 180 días hábiles para implementarlo, por lo que el 1º de agosto 2016 se vencía ese período.

El Protocolo establece que un equipo centralizado se ocupará de su implementación y que las distintas unidades académicas deben nombrar un referente para su aplicación. Además, que a través de esta estructura se deben realizar tareas de sensibilización y prevención. También detalla cómo actuar ante las posibles denuncias.

Lucía Pedraza, estudiante y Consejera Directiva de la Facultad de Ciencias Exactas y responsable de género de La Mella, confirmó a este diario que la aplicación del Protocolo “se postergó, desde el mismo Rectorado. Cada facultad tardó en designar a un referente, abrir la casilla de correo que se exige para denunciar y difundir el protocolo”. “La UBA no puso a disposición los recursos que se necesitarían para tener esto funcionando bien”, agregó. La Facultad de Ciencias Económicas, dijo, es una en las que la aplicación del Protocolo está retrasada.

La historia que publicó PáginaI12 el domingo justamente está bajo el ámbito de esa unidad académica. Leonardo Bugliani, un profesor que daba un taller en el Centro Cultural Sabato de la Facultad de Económicas de la UBA, fue denunciado penalmente por abuso sexual por seis ex alumnas. Bugliani, según la acusación, captaba a las chicas a través de un espacio llamado Ágora Teatral que funcionaba en ese Centro, para luego llevarlas a su casa, donde habría cometido los abusos. Algunas eran menores de edad al momento de comenzar el taller. Las denuncias están en etapa de investigación, pero el juez a cargo ya libró la orden de impedimento de contacto de Bugliani hacia las chicas, y su casa fue allanada. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas tomaron conocimiento de una actuación por lo menos irregular de Leonardo Bugliani a mediados de 2016 por el relato de la madre de una chica que participaba del espacio. Según explicó Diego Berardi, director del Centro Cultural, en ese momento despidieron al acusado y se pusieron a disposición de la madre que se presentó a plantear el problema a la Facultad.

–¿Hubiera correspondido aplicar el Protocolo en este caso? –preguntó Página/12 a Pedraza.

–Sí, porque el Protocolo habla de lo que ocurra adentro de la Universidad, incluso si son transeúntes. E incluso si pasa algo afuera de la Universidad, con dos personas de una Facultad. Encima (el acusado) es una persona contratada por la Facultad. Y ellas, aunque no sean alumnas regulares, son alumnas de un taller de la Facultad. El Protocolo puede intervenir, analizar la situación y después derivar adonde corresponda. Y que la madre cuando va a hacer la denuncia hable con una persona preparada y se canalice mejor (su denuncia).

–Según el Protocolo, ¿corresponde abrir un sumario aunque el acusado no sea personal estable de la Universidad?

–El Protocolo deriva y acompaña a abrir el sumario en el lugar correspondiente. Sí. Y claramente no es lo mismo que la UBA te haga un sumario y te eche, a que te dejen de contratar. Se podría haber abierto una investigación. No importa si te convence o no lo que te dice el acusado; desde el punto de vista de género es un mal enfoque pensar que lo echás porque no te convence lo que dice, si los hubiese convencido tampoco correspondía no echarlo. Un profesional en ese tema no lo hubiese tomado igual. 

Freya Falsetti, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas e integrante de SOS La Mella, coincidió en que es importante “que la Universidad se haga cargo de esta problemática. Se tienen que garantizar las cuestiones básicas, que estas cosas no vuelvan a suceder. Además se tiene que investigar el vínculo con la facultad de Bugliani”.

Elida Cuñado, responsable de Derechos Humanos de la Asociación del Personal No Docente de la UBA (Apuba) no se mostró sorprendida: “Es un caso más de los tantos que cotidianamente se dan en nuestra sociedad. No sorprende para nada que suceda en la UBA. Estamos en un ámbito complejo, machista y en muchos casos muy misógino”, dijo en diálogo con PáginaI12.

Por otro lado, explicó que “conocemos y reconocemos el Protocolo como un avance y herramienta muy importante que conseguimos después de muchos años de insistir desde el espacio de Apuba y acompañando a los distintos claustros”. Cuñado agregó que tienen vínculo permanente con Valeria Thus, a cargo de la aplicación del Protocolo en la Universidad: “Presentamos distintas denuncias y obtenemos respuestas; estamos armando redes básicamente entre las mujeres de la UBA y se viene instalando en las distintas unidades académicas esta cuestión”.

Según Pedraza, en cada Facultad la aplicación del Protocolo está en un estadio distinto. “Donde funciona mejor es en Filosofía y Letras, FADU, y Exactas. Aunque tienen sus problemas de falta de recursos. Cada una tiene una persona a cargo, reciben denuncias. Hace poco se empezó a implementar pero más lento en Sociales. En el resto de las facultades todavía no tienen nada, no hay muestra que se esté implementando”, dijo. El año próximo, agregó, la UBA debería avanzar en la realización de una campaña descentralizada sobre el Protocolo y en el desarrollo de estadísticas: “La Universidad debería censar a su población y saber cuál es la situación de violencia de género adentro”. 

En 2016, La Mella llevó adelante un relevamiento entre estudiantes de la UBA para “establecer un estado de situación de las prácticas discriminatorias, abusos, agresiones y violencias basadas en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género”, según dice el Informe Preliminar sobre Violencia de Género en la UBA. La encuesta se llevó a cabo en abril de 2016 vía virtual y dio cuenta de diversas formas de violencia que se vive intramuros (ver aparte). El resultado, dice el documento, “aporta serios argumentos para implementar el Protocolo de acción institucional ante casos de discriminación, acoso y violencia de género”.

Cuñado insistió también en la importancia del Protocolo: “Necesitábamos una herramienta oficial de la UBA donde radicar denuncias. Esta herramienta nos da una garantía de que hay conciencia de género. No cualquiera entiende de que hablamos cuando hablamos de género. Entonces tener gente idónea y sensibilizada nos garantiza una buena recepción”. Y valoró también que este año la UBA haya dado un primer curso virtual de género para docentes y que el año próximo dictará una diplomatura para los no docentes.