El juez federal Sergio Torres ordenó identificar y detener al agente de la policía federal que pasó con su moto por encima de Alejandro “Pipi” Rosado, un cartonero que el lunes 18 de diciembre estaba trabajando cerca de la zona de la movilización contra la reforma previsional. El Ministerio de Seguridad tiene un plazo de 24 horas para decirle al juzgado quién es policía y proporcionar también la identidad de otro uniformado a quien quieren indagar, que roció con gas pimienta a muy corta distancia a un hombre mayor que estaba en la protesta, pero ya alejado de la zona de máxima tensión, y remató la agresión con un cachiporrazo. La misma resolución del juez contiene la orden de detención de dos manifestantes que hirieron a un policía que tuvo una fractura de cráneo y perdió audición. Se trata de César Javier Arakaki, sindicado como barrabrava de River y Lucas Iván Sauret, ambos vinculados al Partido Obrero. También hay pedido de indagatoria para Mariano Stansiola, miembro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que tiraba piedras y luego fue fotografiado ayudando a un policía, y para el policía bonaerense que fue detectado promoviendo agresiones.

La Procuraduría de Violencia Institucional ya había pedido el 21 de diciembre al Ministerio de Seguridad que enviara la nómina de los agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), que pertenece a la Policía Federal (además de todo el personal asignado a la movilización) pero según señala la resolución de Torres, en toda esta semana no hubo respuesta, por lo que ahora le dio un ultimátum con un plazo de 24 horas que rige también para identificar al policía que arrolló a Rosado y al que atacó con gas y un golpe al hombre mayor a quien en una filmación se lo ve claramente solo y sin hacer nada en el momento que un grupo de policías se le acerca y lo agrede abiertamente, con visible saña. Para el primero hay pedido detención por la gravedad de las heridas que sufrió el cartonero de 19 años, no sólo embestido con la moto sino quemado con el caño, después de haber recibido además impactos de balas de goma, todo un cuadro por el que estuvo hospitalizado hasta esta semana. El joven pide ser querellante.

La investigación que lleva adelante Torres está dividida en varios legajos. Los dos principales hasta ahora son los que analizan por un lado los hechos de violencia institucional y por el otro la conducta de manifestantes que generaron agresiones constatadas. Las detenciones que pidió ayer el juez de Arakaki –-a quien identifican con la barra de River– y de Sauret, ligados al parecer ambos al PO, se derivaron de una presentación que hizo el Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad que, en función de imágenes donde aparecen tirando piedras y golpeando al agente Brian Fernando Escobar. Este policía tuvo fractura del hueso temporal del cráneo y perdió la audición de oído izquierdo, según detalla la resolución. El primer día ya había ordenado también la detención de Sebastián Romero, el ex precandidato del Frente de Izquierda de Santa Fe que fue captado por las cámaras de televisión en la primera línea de la movilización disparando un arma de fabricación casera. Romero, a quien la Cámara Federal ayer le rechazó (igual que el juzgado) la eximición de prisión, seguía prófugo a última hora. Están citados a indagatoria, pero sin orden de detención, Mariano Ernesto Stansiola, vinculado a la UOM, cuya imagen se viralizó la semana pasada en dos escenas: tirando piedras en una, y ayudando a un policía en otra; y Damián Alejandro Ferraro, agente de la Policía Bonaerense que también tiraba piedras, y que según la investigación estaba con licencia psiquiátrica en su fuerza y ahora, después de estos hechos, en proceso de desvinculación. 

Un aspecto menos visible todavía de la causa de Torres está enfocado en el análisis de las casi 70 detenciones durante y en la desconcentración de la movilización contra la reforma previsional. El juez decidió dejar a todos en libertad en pocas horas y ahora analiza, esencialmente, si fueron detenciones válidas y luego, en los casos que corresponda avanzaría en analizar si fueron arrestos arbitrarios y abusivos. Para que las fuerzas de seguridad detengan a una persona en supuesta flagrancia debe haber una amenaza muy concreta o un anuncio visible de la comisión de delito. Como es sabido, muchos de los detenidos en la última movilización y en las anteriores también, aseguran haber sido apresados de la nada, de manera sorpresiva. El enfoque de este juez irritó al presidente Mauricio Macri, que la semana pasada en un brindis de navidad con periodistas habló en apoyo al fiscal de Cámara, Germán Moldes, quien había pedido limitar las excarcelaciones de los detenidos en protestas.