La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso de ventas de las tierras linderas al Lago Escondido y que son propiedad Joe Lewis, el magnate británico y amigo íntimo del presidente Mauricio Macri. La medida anuló un fallo anterior que había declarado extinto a ese caso en el que están involucrados cuatro ex funcionarios rionegrinos que, según la denuncia, habrían alterado la regulación inmobiliaria vigente en la provincia a favor del empresario.

La decisión del tribunal complica Charles Lewis, hijo de Lewis, que fue uno de los compradores en 1996 de parte de las 12 mil hectáreas propiedad del magnate. Bajo la lupa también están los ex funcionarios públicos Ricardo Juan José Mayer, la escribana María Szama, la abogada Susana Beatríz Sarto y Lisandro Alfredo Allende, quienes habrían operado a favor de Lewis, que en 1996 estaba interesado en esas tierras pero a las que sin embargo no podía acceder.

El escollo principal era que, por tratarse de una zona de alto valor natural y fronterizo, ningún extranjero podría hacerse de esos territorios. Sin embargo, el empresario británico las adquirió. En los papeles, el comprador fue su hijo Charles Lewis.

Se trata de un territorio parte de las zonas que el Estado denomina "de seguridad". Son regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley original prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de previa conformidad del Ministerio del Interior, donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. Para la Defensoría del Pueblo, la adquisición del predio de Lago Escondido resultó “irregular”, algo que podría “encuadrar en figuras penales”.

La Sala I había rechazado la denuncia y sobreseyó a cada uno de los imputados. Sin embargo, la Sala III, tras un recurso de casación interpuesto por el titular interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, desempolvó el caso, rechazó los sobreseimientos y anuló la extinción de la causa.

La PIA denunció que la venta de las tierras era contraria a la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44. Sin embargo, los Lewis constituyeron una compañía con personas jurídicas argentinas y concretaron la adquisición. La primera era la empresa Properties Buenos Aires, y las tierras luego fueron inscriptas a nombre de Hidden Lake.

El informe de la Defensoría del Pueblo indicó que Properties se creó  en 1994 y que entre sus accionistas estaban Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende”, en su carácter de presidente de Properties.

La decisión del tribunal integrado por Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani no es el único revés que el amigo del Presidente recibió este año. La principal es por la prohibición al acceso del Lago Escondido. La otra es producto de sendas movilizaciones en El Bolsón contra un emprendimiento inmobiliario en 850  hectáreas de una reserva natural de esa localidad. La Justicia exigió que se revise el loteo de esos terrenos que había adquirido Lewis y puso bajo la lupa al intendente Bruno Pogliano, quien cedió las tierras a pesar de que durante la campaña electoral de 2015 había prometido que no lo haría.