Tras la libertad que la jueza Raquel Cosgaya ordenó a favor del agente de bolsa Jorge Oneto, imputado en la megacausa por estafas inmobiliarias, hoy se conocerán los fundamentos de su decisión. La pregunta sobre por qué fue beneficiado -bajo caución de 1,2 millones de pesos- uno de los once imputados en la carpeta judicial sobrevoló ayer los Tribunales. Es que el resto de los acusados no corrió la misma suerte: el fallo prorrogó ocho prisiones preventivas, en diferentes modalidades. También mantuvo las libertades del gerente del diario La Capital, Pablo Abdala; y el escribano Luis María Kurtzemann. Los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot creen que la decisión tuvo que ver con lo dispuesto por la Cámara Penal la semana pasada, que quitó la calificación de asociación ilícita contra Oneto, Abdala, Kurtzemann, el escribano Juan Bautista Aliau y el empresario Leandro Pérez (éstos dos últimos con más hechos achacados). Así ubicó al agente bursátil, con cuentas off shore, en una posición similar a la de los imputados que transitan el proceso en libertad, involucrados en un solo hecho: la compra-venta del campo de Villa Amelia. La Fiscalía no descartó que haya nuevos imputados.

En su fallo de la semana pasada, el camarista Daniel Acosta reordenó las imputaciones y consideró que la figura de asociación ilícita solo recae contra seis sindicados. "Respecto de Oneto, habrá de dejar sin efecto la imputación por asociación ilícita; pero más allá de la confirmación de lo resuelto por (Mónica) Lamperti en cuanto al cuadro del riesgo -el que por cierto era ceñido pero justo-, estamos ante un bajo espectro del mismo", dijo el magistrado, y le otorgó prisión domiciliaria. Además, valoró que "ha introducido ‑como titular registral- la voluntad de devolver el bien en favor de quienes aparecen como víctimas. Por un lado, decreció la expectativa de pena con la revocación de la asociación ilícita -más allá de la evidencia seria por lavado de activos-; y por el otro, existe un indicio de voluntad de resarcir".

Los fundamentos de Cosgaya también deberán expresar el por qué de la prórroga de las prisiones preventivas para los imputados que parecen más complicados: el empresario Marcelo Jaef, "Lelo" Pérez, el escribano Aliau, su colega Torres y Roberto Aymo, que seguirán presos como lo están desde hace dos meses. En tanto, la jueza avaló dos acuerdos de la Fiscalía con las partes: otorgar prisión domiciliaria a Jonatan Zárate, quien aparece como prestanombre de la venta de inmuebles; y permitir salidas para las fiestas de fin de año al sindicalista Maximiliano González de Gaetano, "por razones humanitarias", ya que tiene una madre discapacitada. También permitió seguir en prisión domiciliaria a Aliau, por problemas de salud psíquica; y a Ramona Rodríguez, quien tiene un hijo pequeño a cargo.

En tanto, el fiscal recordó que hay seis nuevas personas mencionadas, tal lo publicado ayer por este diario. Entre ellos figuran hijos de Aymo y de De Gaetano, en los cuatro casos de estafas con terrenos de Arroyo Seco, obtenidos mediante un falso poder de la dueña. Al respecto, Narvaja indicó: "Tenemos elementos para sostener las nuevas imputaciones (a los ya involucrados en la causa), pero sobre los roles específicos de otras personas que intervinieron resta llevar adelante medidas", que definirán nuevas imputaciones.