Graciela Tancredi. Vive en Gerli, partido de Lanús. “A mí me afecta muchísimo la reforma jubilatoria, estoy muy angustiada”, dice a PáginaI12. Tiene 58 años y unos 25 de aportes previsionales. “Durante mi vida tuve diferentes trabajos. También tengo diez años de monotributo. Por lo que escucho, no me podría jubilar porque no hay moratoria donde yo me pueda anotar para terminar de cumplir con los 30 años de aportes”, cuenta. También tiene una pyme. “Me dedico a la parte textil, tengo las máquinas paradas, tampoco tengo trabajo porque abrieron las importaciones. O sea, no me puedo jubilar, pero tampoco puedo trabajar. Y si me jubilo, sería menor que la jubilación mínima o tendría que trabajar hasta los 70 años para tener la mínima normal”, señala, desmoralizada. Lo que le pasa a ella les sucede o sucederá a muchas mujeres. Ellas, nosotras, que entramos y salimos del mercado laboral condicionadas por la maternidad y la crianza de nuestros hijos –que es trabajo no reconocido ni remunerado, pero trabajo–, y que accedemos a los empleos más precarizados –muchas veces en negro, sin recibir aportes–, somos las más afectadas por la reforma previsional que acaba de conseguir el Gobierno. Esta ha sido, sin dudas, una de las peores noticias del año que termina para las mujeres. Pero no la única. 

En una evaluación con perspectiva de género del 2017, es difícil nivelar el fiel de la balanza: los femicidios aumentaron, el Ministerio de Educación de la Nación sigue achicando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y el Congreso esquivó otra vez el debate por la despenalización y legalización del aborto. La criminalización de la protesta también tuvo cara de mujer: la policía detuvo arbitrariamente a activistas feministas por realizar pintadas con consignas contra las violencias machistas en distintas ciudades del país o simplemente por haber participado de una marcha y hasta encarceló a una joven en la Ciudad de Buenos Aires por besarse con su esposa; y la justicia machista y misógina continúa sin proteger oportunamente a cientos de mujeres que denuncian violencia de género o no las busca cuando desaparecen, como en el caso de Johana Ramallo, de 23 años, sobre quien no se sabe nada desde la última vez que fue vista en la ciudad de La Plata, hace cinco meses. Cuando su mamá, Marta, fue a denunciar su desaparición en la comisaría le dijeron que se había ido con “un machito”. Entre los 70 despidos anunciados días atrás en el Ministerio de Defensa, uno corresponde a la Dirección de Políticas de Género: se trata de una asesora jurídica, que llevaba más de 60 casos complejos de militares acusados de violencia de género. 

  • Paridad. Una de las pocas leyes, si no la única, de ampliación de derechos que se votó este año en el Congreso fue la que consagró la paridad en las listas a legisladores nacionales. La votación fue casi de prepo: de madrugada, el 23 de noviembre, diputadas de distintos bloques lograron imponerla en el temario, y finalmente se sancionó con 165 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. Paradójicamente, la Cámara de Diputados sufrió un retroceso en relación con la cantidad de bancas ocupadas por mujeres: hasta el 6 de diciembre, cuando asumieron los nuevos legisladores, eran 155 varones y 102 mujeres y ahora quedaron 159 y 98, respectivamente.
  • 8M. La lista de las buenas noticias para las mujeres es corta. Tal vez una de las más conmovedoras y con alto impacto político fue la convocatoria al Primer Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo. La masiva movilización en las calles de Buenos Aires y en las plazas de decenas de ciudades de las principales provincias se articularon con concentraciones en más de cincuenta países, mostrando el florecimiento de un feminismo combativo que reclama no solo contra la violencia machista sino además –y sobre todo– contra todas las desigualdades que afectan nuestras vidas cotidianas y que tienen distintas expresiones, como la brecha salarial –en la Argentina del 27 por ciento– o una desocupación que sube un par de puntos para la población femenina y más aún entre las jóvenes del conurbano. También se reclamó por las presas políticas, por los travesticidios, la explotación sexual y la persecución a quienes se definen como trabajadora sexuales, en un amplio abanico de demandas. No fue sólo una postal, ni una nota de color magenta: fue la prueba de que el movimiento de mujeres, lesbianas y trans se consolida como actor político. Fue además, una demostración de la organización del feminismo popular y cada vez más joven, que se está tejiendo en los barrios, en las escuelas secundarias, en los sindicatos, donde la agenda de género se va imponiendo cada vez con más fuerza. Los femicidios de Micaela García, de 21 años, Araceli Fulles, de 22, y Anahí Benítez, de 16, golpearon de indignación a la sociedad que salió a las calles nuevamente para decir “Basta” a la violencia machista. 
  • Femicidios. Pero a pesar de las movilizaciones masivas, que se iniciaron a partir del 3 de junio de 2015 con la primera marcha de #NiUnaMenos, los femicidios no paran. Este año, aumentaron: una mujer fue asesinada cada 29 horas, de acuerdo con las estadísticas de los primeros 10 meses del año del Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro: 245 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Muchas de ellas eran madres y sus femicidios dejaron a 345 hijos e hijas huérfanos. En 9 años, se registró un total de 2384 femicidios, según la misma fuente, y 2968 personas, muchas de ellas menores de edad, quedaron sin madre. 
  • Belén. Sin dudas, otro de los grandes logros del movimiento de mujeres fue la absolución, a fines de marzo, de Belén, la joven tucumana que en abril de 2016 había sido condenada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” a 8 años de cárcel, tras sufrir un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda, de la capital provincial. Con el fallo de la corte tucumana recuperó su libertad, luego de casi 900 días de prisión: había salido de la guardia esposada. Su caso reflejó las caras más misóginas de los profesionales de la salud, que la denunciaron injustamente, y de la Justicia que la sentenció, construyendo la imagen de una supuesta “mala madre” –que mata a su bebé recién nacido–, sin ninguna prueba. Una abogada con perspectiva de género que la defendió, Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir, junto a la alianza de organizaciones de mujeres, sindicales, políticas y de derechos humanos, como nunca antes se había dado en un caso parecido, permitió la “nacionalización del caso”, su visibilidad y finalmente una sentencia que dejó a la luz todas las arbitrariedades que Belén –nombre ficticio para proteger su identidad– había sufrido desde el momento en que cayó presa. La semana pasada, la absolución de Victoria Aguirre, en Oberá, Misiones, volvió a poner la lupa sobre la justicia machista, que encarcela arbitrariamente a mujeres, y las juzga moralmente, más que por los hechos que se le imputan.
  • Desaparecidas. Las denuncias de desapariciones de adolescentes y jóvenes se repitieron a lo largo del año. Algunas vuelven o son encontradas, tras la presión de movilizaciones en los barrios. Otras siguen sin aparecer. Como Johana Ramallo, de 23 años, que se encontraba en situación de prostitución en La Plata y no se sabe nada de ella hace cinco meses. Tiene una hija de 6 años. Recién hace dos meses el caso pasó a la justicia federal. Su familia sospecha que la captó una red de trata. “A mi hija nunca la buscaron. Estoy segura de que la comisaría 9ª y la DDI de La Plata son tan proxenetas como los que se llevaron a mi hija”, sostiene Marta, su mamá. 
  • Femicidas. Entre los proyectos impulsados desde el movimiento de mujeres, uno fue convertido en ley por el Senado: priva de la responsabilidad parental –conocida como patria potestad– a las personas que han sido condenadas por femicidio, por lesiones graves contra la madre o sus hijos o por abuso infantil. 
  • Ley Brisa. En la Legislatura porteña se aprobó la entrega de una “reparación económica” a aquellos niños, adolescentes y jóvenes que hayan quedado huérfanos como consecuencia del femicidio de su madre, un proyecto que no logró sanción en el Congreso, a pesar de que obtuvo media sanción del Senado. 
  • Paluch. Como coletazo de las escandalosas denuncias de acoso sexual en Hollywood, en el país también se instaló el tema y se replicó en redes sociales la campaña #MeToo (A mí también) por la cual tantísimas mujeres contaron sus propias historias de acoso o abuso sexual, dando cuenta de que se trata de una de las formas de violencia machista más habituales y que el patriarcado se encargó de hacer(nos) creer que era una práctica natural que había que aguantar. El caso con más repercusión, en el país, fue el que sentó en el banquillo de los acusados al conductor de radio Ari Paluch, al quedar grabado por una cámara de un estudio de América 24 el momento en que le tocaba el trasero a una sonidista. Poco después llegaría un aluvión de denuncias en su contra, de hechos anteriores de más de una decena de mujeres que habían trabajado con él. 
  • Más recortes. El fallo de la Corte Suprema de la Nación que prohibió la educación religiosa en el horario escolar y dentro de la currícula de las escuelas en Salta fue un soplo de aire fresco. Pero al mismo tiempo el Programa de Educación Sexual Integral (ESI) sigue sufriendo recortes, sin que el Instituto Nacional de las Mujeres –que este año fue jerarquizado–, intervenga para frenar el desguace. La ESI es una herramienta federal para prevenir la violencia machista: no sólo debe usarse para evitar embarazos no planificados en la adolescencia, como pretende la gestión macrista. Permitiría promover una educación igualitaria, desarmar estereotipos de género, generar conciencia no sólo en el alumnado sino también en el plantel docente, a partir de su implementación en todas las escuelas, desde el nivel inicial, como establece la normativa. Pero no se cumple. 
  • Inversión. La ley de Educación Sexual Integral (ESI) fue sancionada en 2006 y la inversión en su implementación por parte del Ministerio de Educación fue aumentando sistemáticamente hasta 2015, cuando se ejecutaron 55.755.738 pesos. Pero esa tendencia se cortó con la llegada del macrismo al Gobierno: en el primer año de gestión, cuando el ahora senador nacional Esteban Bullrich estaba al frente de la cartera educativa, la inversión se redujo en un 50,38 por ciento y pasó a 27.662.623 pesos en 2016. En 2017, se ejecutaron 43.211.136 pesos, un 22,5 por ciento menos que el último año de gobierno de CFK, según datos suministrados por el propio ministerio, que ahora encabeza ante un pedido de informes del Observatorio de Derechos Humanos. Las capacitaciones masivas presenciales para docentes en todo el país se redujeron de 55.000 docentes en el año 2015 a 1050 en 2017. Se pasó así de una capacitación a docentes en 14.000 escuelas en 2015 (en 10 provincias) a 500 escuelas en 2017 (en sólo 2 provincias). En relación con los cursos dictados online, la merma en la cantidad de docentes fue de 16.914 en 2015, a 4450 en 2017. 

Como cualquier balance, seguramente éste también será incompleto, apenas un pantallazo para analizar un año desde una mirada de género.