“Para el Gobierno es mucho más económico el psicofármaco y el garrote como medicación antes que paliar el sufrimiento de los internados.” A ese diagnóstico llega Luis Onofri, director del Programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al evaluar la intención del Poder Ejecutivo de echar mano sobre la ley vigente para reinstalar la lógica de la “manicomialización” y limitar el enfoque interdisciplinario. El proyecto de reforma, redactado por el Director Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, Andy Blake, vuelve a considerar “enfermos” a los internados y permite, nuevamente, el aislamiento pleno de personas con padecimiento mental. “Cuando hablás con los pacientes, te das cuenta que en los manicomios ellos sufren de todo menos la locura: los maltratan, los atan, los sobremedican y pasan hambre, entre otras atrocidades. Y esas son las prácticas que pueden legitimizarse si se modifica la ley”, relató a PáginaI12 Onofri.
Escuchar a los que nadie les presta atención. Esa extraña tarea es la que cumple todo el año el director del Programa de Salud Mental de la CPM. Junto a una directiva recorre la provincia de Buenos Aires en búsqueda de clínicas neuropsiquiátricas, comunidades terapéuticas y manicomios para dar protección y promoción de los derechos a las personas con padecimientos psíquicos que están privadas de su libertad. “No damos abasto. El último censo realizado en 2012 dictaminó que hay 130 de estos espacios en la provincia. Pero sabemos que existen muchos más, que funcionan con otras categorías. El Estado, en cambio, tiene un alto grado de desconocimiento y no se hace cargo del tema”.
Las atrocidades no se cometen solo en la Fundación San Camilo. Año tras año, en su recorrido habitual, los integrantes del Programa de Salud Mental de la CPM constataron una sistemática vulneración de los derechos elementales de las personas internadas en hospitales y clínicas neuropsiquiátricas, ya sean privadas o públicas. Las transgresiones van desde la falta de la justicia y ausencia de la defensa pública, la prescripción y administración de psicofármacos para suplir las necesidades de cuidados especiales hasta el aislamiento y prácticas de premios y castigos para el disciplinamiento. Si se modifica la ley de Salud Mental, cuenta Onofri, este monitoreo puede dejar de funcionar, al verse alterado el Órgano de Revisión, integrado por organismos multisectoriales, entre ellos, la CPM. “Con el nuevo boceto se cambia la presidencia del Órgano y el encargado de controlar la implementación de la ley es el mismo que la ejecuta: el Ministerio de Salud”, explicó.
–Si se firma el decreto, ¿qué consecuencias podría traer para las personas con padecimientos mentales? ¿Por qué cree que el Gobierno quiere modificar la ley?
–Va a cambiar todo porque desde el vamos se modifica la concepción de “salud mental”. En la ley sancionada en 2010, se cataloga a la salud mental como “un proceso multideterminado por los aspectos culturales, sociales, históricos”, lo que permite la intervención de distintas disciplinas. En cambio, en el nuevo decreto, el abordaje vuelve a una perspectiva biologicista donde se deja toda la responsabilidad al psiquiatra, quien desde su disciplina sólo trabaja en la conducta, principalmente con la utilización de psicofármacos. Y la modificación que se intenta implementar es esencialmente económica: al Estado le conviene mucho más suplir una conducta que paliar un sufrimiento. Hay un negocio muy importante detrás de la salud mental. Por ejemplo, con la norma actual, el diez por ciento del presupuesto de Salud tiene que estar orientado a trabajar con esta problemática. Por eso, para ahorra una moneda, se considera a la salud mental como un problema biológico y sus respuestas para corregir esa conducta son mucho más baratas: psicofármacos y garrote.
–Y en ese escenario, ¿podrían volver a instalarse nuevos manicomios para tratar los padecimientos mentales?
–Seguramente se levanten nuevos manicomios bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”. Pero, lo peor de todo, es que se van a legitimar las conductas que ocurren en estos momentos, pese a la ley que fue sancionada por el Congreso de la Nación. Y es algo que siempre observamos cuando vamos a auditar uno de estos centros: los pacientes dicen que sufren porque los sujetan, los atan para dormir, porque un enfermero les pega. Es mentira que sufren la locura. Por otro lado, el nuevo decreto –que aún aguarda la firma del presidente de la Nación, Mauricio Macri– que busca modificar la conducta va a habilitar el aislamiento, catalogado por las Naciones Unidas como un método de tortura. Lo que es, valga la redundancia, una locura para las personas privadas de la libertad.
De acuerdo al último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, la tasa de mortalidad en los grandes neuropsiquiátricos (46,9 por cada 1000 habitantes) es más alta que la del servicio penitenciario bonaerense. Pese a ese alto valor, indica el documento, solo un mínimo porcentaje de muertes consigue una intervención judicial para realizar una autopsia y conocer la causa de muerte. La gran mayoría queda registrada como “muerte súbdita”.
Las conclusiones de Onofri y del informe de la Comisión Provincial por la Memoria son escalofriantes. “Los neuropsiquiátricos son verdaderos depósitos de personas a la espera de la retracción de sus cuadros, sin abordaje de las causas, o, simplemente, de la muerte”, anuncia el texto. “Nadie se puede imaginar lo que sucede ahí adentro”, agregó el director del Programa de Salud Mental.
