El ministro de Trabajo de Brasil, Ronaldo Nogueira, renunció ayer al cargo, horas después de que datos oficiales revelaran que los despidos superaron a las contrataciones en noviembre en 12.000 puestos, tras la entrada en vigor de la reforma laboral del gobierno de Michel Temer, que legalizó el empleo intermitente y redujo el costo de la indemnizaciones.

En un comunicado oficial, enviado, el gobierno informó que Nogueira, quien pertenece al conservador Partido Laborista Brasileño (PTB), argumentó motivos personales al presentar su dimisión. El PTB, aliado del presidente Temer en el gobierno, anunció que el diputado por el estado de Maranhao Pedro Fernandes, un aliado del ex presidente José Sarney, asumirá el cargo en Trabajo, y aseguró a través de su presidente, Jovair Arantes, que Nogueira deja el ministerio para disputar su reelección como diputado en los comicios de octubre.

La dimisión se conoció horas después de la difusión de las mediciones del mercado laboral tras el primer mes en vigencia de la reforma que impulsó el gobierno. En noviembre se rompió una racha positiva de creación de empleo de siete meses consecutivos, debido a que 12.292 puestos de trabajo fueron cerrados en Brasil, resultado de la ecuación entre las contrataciones, que fueron 1.111.798 y los despidos, que sumaron 1.124.090, según datos del Ministerio de Trabajo.

El número quedó lejos de una visión positiva que esperaban los analistas del mercado financiero, que pronosticaron la creación de 26.600 puestos de trabajo con la reforma laboral, según el diario económico Valor.

En la comparación con años anteriores, el saldo negativo de noviembre de 2017 es mejor que el del mismo mes de 2016 y 2015, cuando se perdieron 116.747 y 130.629 trabajos formales, respectivamente, en medio de una profunda recesión económica, indicó el Registro General de Empleados y Desempleados (Caged) del Ministerio de Trabajo.

En esos dos años, el Producto Bruto Interno de Brasil se encogió más del siete por ciento, algo que no ocurría desde la década de 1930.

Esta base no mide el desempleo, algo que registra el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que indicó en octubre una desocupación del 12,5% de la población económicamente activa.

Según el Ministerio de Trabajo, siete de ocho sectores de actividad económica tuvieron eliminación de puestos de trabajo en noviembre, siendo el comercio, apenas, empujado por el furor del Black Friday, el único segmento que tuvo más contrataciones que despidos. La nueva ley laboral permitió, informó el Ministerio de Trabajo, la contratación de 3.067 empleados vía contratos intermitentes (por horas, apenas cuando el empleador requiera) y 231 mediante contratos a tiempo parcial.

El resultado fue el peor desde marzo pero para el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, “no significa la interrupción del proceso de recuperación del crecimiento económico del país”.

En el acumulado del año, fueron generados 299.635 empleos como saldo de la ecuación entre despidos y contrataciones. Pero, en la comparación interanual, había en noviembre de 2016 (38,79 millones) más empleados registrados que el mes pasado (38,62). “Los resultados de la reforma laboral serán recogidos en 2018”, dijo el ministro Nogueira, que citó la perspectiva de economistas y del gobierno de un crecimiento del PBI el año próximo año de entre 3% y 3,5%.

La reforma laboral, que quebró la legislación de 1943, fue la gran conquista del oficialismo en la agenda parlamentaria de 2017. La nueva ley entró en vigor el 11 de noviembre y recibió el aliento de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la entidad cuyo presidente, Paulo Skaf, es dirigente del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), el partido de Temer.

El gobierno se encuentra negociando los apoyos para otra reforma para la cual necesita modificar la Constitución, la previsional, con sesión marcada en la cámara baja para el 19 de febrero. La reforma necesita de 308 votos de los 513 de la Cámara de Diputados y hasta este fin de año el gobierno no llegaba a ese número.

El ministro de la Secretaría de Gobierno (Articulación Política), diputado Carlos Marún, dijo que los gobernadores que busquen financiación de los bancos públicos deberán ordenar a los parlamentarios de sus estados a votar la reforma previsional.”El gobierno espera que aquellos gobernadores que tienen recursos liberados actúen con reciprocidad con la ley jubilatoria. Esto es una cuestión de vida o muerte para el país”, dijo Marún. Ante el alboroto de la declaración, el ministro negociador aclaró: “No entiendo que sea chantaje trabajar a favor de algo tan importante como la modernización del sistema previsional”.