El juez de Familia de Olavarría Claudio Daniel García enfrenta un jury, luego de que una empleada jerárquica de su juzgado lo denunciara por acoso sexual y violencia laboral. Según contó la mujer, el magistrado le habría hecho propuestas sexuales y no aceptaba sus rechazos. “Durante meses se prolongó la tortura, el hostigamiento, la sensación de culpa que me producía recibir esos mensajes, la intromisión a mi intimidad, la agresión. Continuaba la angustia, los malestares digestivos, la sensación de ‘nudo en la garganta’ cada vez que mi superior desestimaba mis negativas”, relató ella, que tiene el acompañamiento legal de la Asociación Judicial Bonaerense. Pero a pesar del pedido del gremio, el magistrado no fue apartado preventivamente del cargo y continuará en funciones, luego de una votación dividida entre los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, que terminó desempatando la presidenta de la Suprema Corte de la provincia, Hilda Kogan, favoreciendo a García. Entre los que lo defendieron, figura el diputado del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara baja provincial, a quien se lo vio cantando contra la violencia machista, en un video que se difundió en redes sociales, junto a otros y otras legisladoras en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” que se conmemoró el 25 de noviembre.

“El voto de Kogan fue consistente con su decisión anterior de recortar la licencia laboral y trasladar compulsivamente de dependencia a la trabajadora víctima que denunció el accionar del juez García, reforzando la violencia institucional padecida por la denunciante”, consideró Pablo Abramovich, secretario general de la AJB. “Lejos de las fotos en la campaña de Ni Una Menos, en vez de garantizar los derechos de la víctima y promover la sanción de aquel que ejerce violencia, las recientes decisiones de Kogan lograron hacer todavía más difícil el trance de la denunciante para obtener justicia en su reclamo”, agregó Abramovich. 

Quienes rechazaron apartarlo temporariamente del juzgado mientras avanza la investigación entendieron que los elementos de prueba aportados no resultaban suficientes para acreditar la verosimilitud de los hechos denunciados. Es decir, descreyeron de la palabra de la mujer. Los cinco abogados de la matrícula que integran el Consejo de la Magistratura sostuvieron la necesidad del apartamiento de García, mientras que los cinco legisladores –de Cambiemos y el Frente Renovador– votaron por no hacer lugar a la separación preventiva del magistrado.

La mujer denunció que el acoso sexual comenzó cuando a García lo ascendieron como juez de Familia en Olavarría en 2016. Hasta ese momento ambos eran compañeros de similar jerarquía en el juzgado. Contó que aguantó sus conductas inapropiadas, sin contárselo a nadie durante meses. Ni a su esposo. Hasta que un día rompió el silencio y puso al tanto de la situación a su familia y a compañeros de trabajo. También al sindicato. El 19 de junio de este año, con la representación legal de la AJB, la empleada presentó la denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. El máximo tribunal provincial abrió un sumario administrativo y empezó a investigar los hechos denunciados. Pero no lo apartó de su puesto como juez de Familia. Un  mes antes, la trabajadora, muy afectada por la situación que estaba viviendo en el ámbito laboral, pidió licencia por enfermedad. El gremio reclamó que se le aplique una licencia compulsiva a García, como ya se hizo en otros casos. Pero la Corte rechazó el planteo. En agosto el sindicato presentó el pedido de jury y hace pocas semanas tuvo lugar la primera audiencia, donde se volvió a analizar la suspensión preventiva del magistrado, pero el voto de Kogan lo salvó. La que fue trasladada a otro juzgado “de forma arbitraria e inconsulta” fue la denunciante, que en noviembre se le terminó la licencia. “Esto no hace más que reforzar el carácter sexista, machista, misógino y patriarcal que caracteriza al Poder Judicial, que hoy se niega a reconocer avances mínimos que son materia de consenso generalizado, tales como la regulación de la licencia por violencia de género”, opinó Abramovich. La secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la AJB, Celia Llorente, contó a este diario que la empleada no quería irse de su lugar de trabajo y tampoco quiere convivir con una persona que la acosa. También cuestionó que no se haya implementado la licencia por violencia de género en el ámbito judicial, a pesar del planteo del gremio. 

En la provincia de Buenos Aires se encuentran vigentes la ley 13.168 sobre violencia laboral y la ley 12.764 sobre acoso sexual: ambas son de aplicación exclusiva en ámbito público provincial. La denuncia se fundamenta en esas normativas, y además en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, que define también la violencia en el ámbito laboral.