Con la misma lógica con la que impidió la participación de ONGs y deportó invitados extranjeros a eventos paralelos durante la reciente cumbre de la Organización Mundial del Comercio que se llevó a cabo en Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri avanza a paso redoblado para desactivar el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil que funciona desde hace 14 años en la Cancillería y representa a más de cinco mil organizaciones. “Dicha medida va a contramarcha de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en materia de transparencia, acceso a la información pública, diversidad y gobierno abierto, y contraría los postulados básicos de la gobernanza de las modernas democracias, los cuales garantizan la participación ciudadana amplia en los asuntos públicos”, sostuvo el comunicado firmado por los trece coordinadores a cargo de las comisiones que funcionan en el Consejo Consultivo, quienes cumplen su tarea de manera ad honorem.

La participación “civil” –así se llama genéricamente a las ONG’s y organizaciones sociales, comunitarias y sindicales– en los foros internacionales se intensificó en los últimos años. Se puede ubicar su origen en el Foro de San Pablo que surgió en los años 90, justamente para analizar las consecuencias de las políticas neoliberales. Luego, en 2001, se lanzó el Foro Social Mundial, conocido como Foro de Porto Alegre, también motorizado por el PT, el partido de Lula. De manera natural, con la llegada de los líderes progresistas a los gobiernos de la región, las organizaciones de los foros consiguieron un vínculo más formal a través de las cancillerías. Por otro lado, junto a las cumbres regionales comenzaron a realizarse las llamadas “cumbres de los pueblos” en donde las organizaciones discutían sus problemáticas. Atendía a una frase ocurrente de Hugo Chávez en uno de estos eventos: “los presidentes de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo”. El mismo Chávez, Evo Morales, Fernando Lugo, Lula, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y José Mujica participaron de estos encuentros. Evo lo sigue haciendo.

En julio de 2017, el gobierno de Macri decidió romper una tradición de 11 años y por primera vez no organizó una cumbre de los pueblos en simultáneo a la del Mercosur, que se hizo en Mendoza. El diputado del Parlasur Oscar Laborde, quien durante el kirchnerismo se encargaba de la tarea desde la Cancillería, coordinó entonces una cumbre social “no oficial” en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Evo Morales fue a recibir las conclusiones del encuentro y luego leyó algunos puntos durante la sesión con los jefes de Estado.

Con este antecedente, no resulta extraño entonces la decisión de la Cancillería que encabeza Jorge Faurie de desactivar el funcionamiento del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. “Junto con la política de desmembrar la integración regional en el Mercosur, la Unasur y la Celac, avanzan con la idea de disolver la participación social”, explicó Laborde. La idea de que estos sectores tienen un pensamiento de matriz contraria a las políticas de Cambiemos es la lógica que obraría para sacarlos de funcionamiento. Al menos, así actuaron durante la cumbre de la OMC donde deportaron a un activista noruego y a una periodista británica, una desmesura de la que luego debieron retractarse ante la repercusión internacional.

Según denunciaron los coordinadores que trabajan en el Consejo Consultivo, de un día para el otro el Gobierno cambió a los funcionarios del área de Cancillería –ahora responderían directamente al jefe de Gabinete, Marcos Peña– y levantaron toda la programación que tenían pautada para diciembre. El Consejo tiene actividades permanentes divididas por áreas tales como Juventud, Deporte, Personas Mayores, Discapacidad, Salud, Mujeres Emprendedoras y Cambio Climático, entre otras. “Nos dijeron que ahora sólo iba a haber algunas tareas específicas divididas en cuatro o cinco grupos temáticos, y que si nos necesitaban nos iban a llamar”, explicó Pedro Tavosnanska, coordinador de la comisión de Deporte. Es decir, nada que ver con el funcionamiento continuado que tuvo desde sus inicios. Los miembros del Consejo concluyeron su comunicado haciendo “un llamado a las autoridades competentes a fin de reconsiderar esta medida”.