Con la esperanza de que “frente al mundo Jujuy se ponga de pie”, un grupo de diputados oficialistas presentó ayer un proyecto de ley en la Legislatura provincial para que el Ejecutivo someta a “consulta popular” la liberación de la dirigente social Milagro Sala, detenida desde hace casi un año. En los fundamentos de la iniciativa, los diputados Marcelo Nasif (massista) y Alberto Bernis ( radical) explican que la impulsan debido a las resoluciones de los organismos internacionales respecto de la situación de Sala, a los que entienden “consecuencia de profundos lobbys que han llevado a cabo funcionarios, políticos y periodistas de la Administración anterior, con el objetivo de obtener un rédito político que en las urnas les fue negado por el pueblo”. La propuesta cosechó rechazos desde el universo de los derechos humanos y entre los especialistas en derecho constitucional. “Parece un mal chiste”, evaluaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es la ‘justicia popular’ en marcha. Sólo les falta gritar ‘Guillotina, guillotina’, al mejor estilo Robespierre”, sumó el ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. Al cierre de la jornada, y por la red social Twitter, el propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, informó que no compartía la propuesta. “Hay que dejar que la Justicia actúe independientemente”, sostuvo. La independencia de la Justicia en Jujuy fue una de los aspectos cuestionados por los organismos internacionales. 

La iniciativa presentada por Nasif y Bernis y respaldada por otros 13 diputados provinciales conmina al Poder Ejecutivo local a que convoque “a una consulta popular en el plazo no mayor a 90 días para que la ciudadanía se exprese por el sí o por el no respecto de la continuidad de la prisión preventiva de la señora Milagro Sala”. Advirtieron en el texto que el referéndum es de rango no vinculante “como los dictámenes internacionales” que lo motivan. Porque reconocen que el motivo del proyecto es responder a las resoluciones de la ONU y la OEA y las denuncias que las motivaron –del CELS, del colectivo de abogados Andhes y de Amnistía Internacional Argentina–, sobre el carácter arbitrario de la detención de Sala y el imperativo al Estado nacional para que ponga en funcionamiento los mecanismos necesarios para su liberación. En diálogo con este diario, Nasif consideró que esos organismos “sometieron al pueblo jujeño a un atropello” y justificó el plebiscito: “Si todo el mundo puede opinar de Jujuy, que también opinen los jujeños”, planteó (ver aparte). 

 El director del CELS, Gastón Chillier, evaluó como “un mal chiste” al proyecto de ley, el cual, opinó, “refleja desconocimiento absoluto de los legisladores y de los funcionarios de Gobierno de Jujuy sobre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos no se plebiscitan”. La misma frase utilizó la directora de Amnistía Internacional Argentina para referirse a la iniciativa de los legisladores oficialistas jujeños. “No tiene ninguna consecuencia jurídica ya que las garantías constitucionales no se someten a referéndum y los derechos humanos no se plebiscitan”, postuló Mariela Belski. Para Zaffaroni, según la normativa propuesta, “las mayorías decidirán si cualquiera de nosotros debe o no estar preso, o sea, la dictadura de la mayoría coyuntural, tal como lo planteaban Hitler y Mussolini”. “Es un disparate”, evaluó el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que depende de la OEA. 

Consulta Popular 

“¿Usted cree que Milagro Sala, LIBRE, amenazará testigos, entorpecerá e impedirá que la Justicia la investigue por hechos de corrupción?.” Esa es la pregunta que el proyecto propone que el Ejecutivo realice a “todos los ciudadanos jujeños que estuvieron en condiciones de votar al 30 de octubre de 2015” a modo de “consulta popular” en la provincia. En los fundamentos, aunque sin nombrar un solo elemento de prueba que no sean opiniones y valoraciones, ellos entienden que sí “constituye un verdadero peligro” su liberación ya que “podría alterar el curso de las investigaciones y su resultado final”. 

Entienden al referéndum como un “acto de independencia, autodeterminación y dignidad de nuestro pueblo” frente a la “intromisión” de los organismos internacionales de derechos humanos. Para los diputados, las “opiniones” de esas entidades “violan el derecho a la libre determinación de los pueblos” frente a las cuales esperan que “Jujuy se ponga de pie y los jujeños elijamos qué tipo de sociedad queremos para nosotros y las próximas generaciones. ¿Una sociedad en paz o una sociedad violenta, rehén del vandalismo?”

Para los miembros del Comité por la Liberación de Milagro Sala ella es “rehén” del gobierno jujeño. “El proyecto es escandaloso y demuestra el carácter político de la privación de la libertad de Milagro Sala”, evaluó Aníbal Ibarra. Para el abogado Eduardo Tavani, “se trata de una práctica fascista que merece el repudio de todo el Estado nacional”. Chillier sumó: “Las decisiones de organismos de protección que interpretan los tratados constitucionales son obligación para el Estado argentino y las provincias que lo componen, no dependen de la opinión pública”. Zaffaroni encontró a la iniciativa “en la línea de lo opinado por el Presidente de la República, o sea, que el grupo monopólico de medios instala primero que alguien es un delincuente y, luego, en base a esa instalación mediática, se lo deja preso porque la ‘mayoría’ opina de esa manera”. Gustavo Ferreyra, profesor de Derecho Constitucional de la UBA, explicó que “el juzgamiento y eventual sanción de las conductas de las personas se rige por el Derecho Penal y el Derecho procesal penal” y que “el solo hecho de pensar en la posibilidad de ‘plebiscitar’ un encarcelamiento o una condena, hace retroceder el reloj de la historia del Estado constitucional y se lo corrompe”. A través de un comunicado, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria también lo ve como un retroceso “a las épocas de linchamientos medievales” y consideraron al proyecto como “la confesión de la falta de independencia del Poder Judicial jujeño”.