El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay serán investigados penalmente por la firma del decreto que modificó la ley de Sinceramiento Fiscal y habilitó el blanqueo de capitales de familiares de funcionarios públicos. Así lo determinó un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, que los menciona con nombre y apellido, a partir de una denuncia de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) que plantea la ilegalidad de que un decreto vaya en contra de una ley, que para colmo había excluido a los parientes de manera debatida y premeditada. En principio, la imputación es por posible “abuso de autoridad” por “violar la voluntad expresa del legislador”. La presentación judicial de Donda dejaba sentada la sospecha de que la única explicación sería un intento por favorecer a los funcionarios macristas y a sus familiares con empresas offshore en paraísos fiscales utilizadas para maniobras de evasión tributaria y/o lavado de dinero. 

 

 

En su dictamen, Marijuán pide dos medidas sencillas, que serían ordenadas por el juez Lijo en las próximas horas: los originales de la documentación que respalda y con la que se confeccionó el decreto y la versión taquigráfica de la discusión en el Congreso, donde la cuestión de los familiares fue un punto trascendente. El proyecto que fue envidado inicialmente por el Poder Ejecutivo permitía que ingresaran al blanqueo los gobernadores, intendentes, jueces y legisladores más los familiares de los funcionarios, pero precisamente esto fue modificado durante el debate. Felipe Solá (Frente Renovador) fue insistente en la madrugada de la votación parlamentaria en sacar a los cónyuges, padres e hijos del blanqueo, algo que finalmente el oficialismo aceptó para facilitar la aprobación de la ley. 

Además, se venían acumulando cuestionamientos de expertos anticorrupción y de toda la oposición, que reaccionó con virulencia en cuanto se conoció el decreto 1206/16, que estipuló que “los sujetos comprendidos en el artículo 83 de la ley 27.260” podrán blanquear los bienes que incorporaron a su patrimonio antes de que el funcionario asumiera el cargo. El decreto fue firmado cuatro meses después que se reglamentó la ley. La norma excluía a parientes de funcionarios de los tres poderes nacionales, provinciales y  municipales que hubieran ocupado cargos desde enero de 2010.  

La denuncia de Donda planteaba la violación del artículo 248 del Código Penal sobre abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, que establece que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. En un conferencia de prensa en el Centro Cultural Kirchner (CCK) Peña defendió la decisión del Poder Ejecutivo:  “Tenemos la plena convicción de que lo que se hizo con el decreto de los familiares no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal. Hay una enorme tranquilidad por la medida que hemos tomado”. 

La denuncia de Donda no fue la única que se presentó contra el decreto, pero sí fue la primera en avanzar. También había presentado la suya la diputada María Emilia Soria (Frente para la Victoria), presidenta de la comisión de Justicia, acompañada por once diputados más de su bancada, que le  tocó al juez Sebastián Ramos y al fiscal Gerardo Pollicita. El massismo también analizaba concretar algún tipo de impugnación. 

Ambas denuncias, la del FpV y la de Libres del Sur, señalan el mismo posible delito y analizan al decreto como una medida destinada a dar un privilegio y favor de intereses personales. El caso más alevoso con un destinatario claro a ser beneficiado es el padre del Presidente, Franco Macri, cuyo vínculo con empresas offshore saltó a la vista a partir de la investigación penal que se abrió en función del informe conocido como Panamá Papers elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas. Para desligar a su hijo Mauricio, el patriarca de los Macri se había presentado en el juzgado de Sebastián Casanello haciéndose responsable de la fundación y actividad de las sociedades Fleg Trading y Kagemusha. 

Donda había dicho que la firma del decreto dejó “boquiabiertos” a todos los legisladores que participaron del debate parlamentario ya que les parecía evidente que si se permitía el blanqueo para familiares era para beneficio de “funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieran evadido impuestos o fugado dinero mal habido”. La diputada dijo que tenía expectativas de que alguna medida judicial pudiera llevar cuanto menos a la derogación del decreto y que se investigue “las razones por las que se dictó”. 

Habrá que ver si el juez considera que la firma de un decreto puede ser en sí un delito o si hay que demostrar algún acto ilegal que se hubiera cometido con posterioridad. Es decir, un dilema clave para el juzgado es establecer si el planteo corresponde a una decisión y una discusión política o si puede ser materia de un juicio y una imputación. 

Macri y sus funcionarios ya suman varias causas penales, algunas de las cuales avanzan, lento, pero se desarrollan algunas medidas. Además de la de Panamá Papers, hay una a cargo del fiscal Federico Delgado que investiga maniobras para favorecer a empresas de seguros con contratos en la Operadora Ferroviaria estatal; la vicepresidenta Gabriela Michetti es investigada debido a las dudas sobre el origen del dinero que fue robado de su casa el 22 de noviembre de 2015 y el de la fundación SUMA, así como el de otras dos fundaciones más vinculadas al secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich; también se investiga el pacto bilateral con Qatar, que tendría una estructura offshore; hay otra causa por la emisión de títulos de deuda por 685 mil millones de pesos con tasas que habrían manipulado el valor de la divisa; el fiscal Delgado, en otro expediente, pidió indagar a Daniel Angelici, presidente de Boca y operador en tribunales, por tráfico de influencias: se probaron sus llamadas al ex juez federal Norberto Oyarbide (de poco agrado de Macri, a quien procesó por espionaje) antes de su renuncia. También hay una causa que avanza por el acuerdo para el pago a los fondos buitre.