La empresa brasileña Petrobras anunció ayer que firmó un acuerdo en el que se comprometió a pagar 2950 millones de dólares a los accionistas que presentaron denuncias en su contra en Estados Unidos, para evitar ir a juicio por los prejuicios relacionados con los desvíos de recursos investigados por la Operación Lava Jato.

La compañía afrontará el mayor compromiso de este tipo –desde que en 2008 la firma estadounidense Enron aceptó desembolsar U$S 7200 millones– para indemnizar a inversores que compraron acciones de Petrobras en la Bolsa de Valores Nueva York. 

Esos inversores demandaron a la empresa brasileña por sentirse perjudicados, debido a que invirtieron en una compañía cuyos papeles se desplomaron tras la revelación de que era usada por una red de corrupción para desviar recursos públicos.

Petrobras informó en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de San Pablo, que decidió pagarle a sus demandantes en Estados Unidos para evitar que el proceso llegue hasta un juicio totalmente imprevisible, y en el que corre el riesgo de ser condenada a pagar indemnizaciones aún mayores. “El acuerdo, que será sometido a la apreciación del juez, busca poner fin a todas las demandas actualmente en curso y las que podrían ser presentadas por los compradores de valores mobiliarios de Petrobras en Estados Unidos o listados en ese país”, explicó. Según la empresa, “el acuerdo elimina el riesgo de un juicio desfavorable que, conforme anteriormente reportado al mercado, podría provocarle efectos materiales adversos a la compañía y a su situación financiera”.

La operación bautizada como “Lava Jato”  destapó a partir de marzo de 2014 una enorme trama de pago de sobornos en torno a Petrobras. Decenas de políticos están acusados de haber sido sobornados por empresas interesadas en firmar contratos con la compañía de propiedad semiestatal con sede en Río de Janeiro, una de las grandes energéticas de América Latina.Los compradores de títulos de Petrobras en el mercado estadounidense presentaron la demanda a fines de 2014 ante un tribunal en Nueva York. La empresa se comprometió a pagar los 2950 millones de dólares en tres cuotas, la primera de las cuales a ser desembolsada diez días después de que el juez acepte el acuerdo de forma preliminar; la segunda diez días después de la aprobación; y la última seis meses después o hasta el 15 de enero de 2019.

Petrobras admitió que el acuerdo tendrá un impacto negativo en su resultado financiero en el cuarto trimestre de 2017, y se suma al cierre de 21 de las 27 acciones individuales promovidas por inversores, lo cual ya le llevó a provisionar cerca de 448 millones de dólares.

La petrolera, gran impulsora del despegue económico brasileño en la primera década de 2000, sufrió pérdidas enormes en los últimos tres años debido al escándalo de “Lava Jato”. La compañía ha conseguido recuperar en tanto más de 452 millones de dólares en los procesos judiciales de “Lava Jato”, según informó ayer.

El acuerdo podría ser el quinto mayor ya cerrado por una empresa, en términos de valores, para procesos impulsados por grupos de inversores en los Estados Unidos, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y la consultora norteamericana Cornerstone Research.

Desde el inicio de las investigaciones del Lava Jato, en 2014, Petrobras adoptó como estrategia declararse “víctima” del esquema de corrupción montado dentro de la empresa por funcionarios de carrera con ligaciones políticas. 

La empresa alegó en ese sentido que, a diferencia de escándalos como los de la estadounidense Enron, no obtuvo lucro con la malversación de fondos. 

A pesar de eso, a fines de 2017 la compañía estatal brasileña reconoció parte de los prejuicios ocasionados a los inversores, si bien cuestionó el período considerado para el cálculo de las pérdidas.

El escándalo de corrupción ha puesto en jaque a gran parte de la clase política de la economía más grande de América Latina. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ícono de la izquierda regional tras sus ocho años de mandato (2003-2010), fue condenado el año pasado a nueve años y medio de prisión en primera instancia y afronta la revisión de la sentencia a finales de enero.

Las acusaciones de corrupción también alcanzan al actual jefe de Estado, el conservador Michel Temer, y a decenas de diputados, gobernadores regionales y funcionarios.