La persecución permanente que padece la ex presidenta Cristina Kirchner y el intento de encarcelar a Lula da Silva en Brasil son ejemplos de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.
La derechas de nuestra región lo han adoptado en los últimos años como mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlo en el gobierno, encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos cruelmente. Y en esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.
Pero, ¿qué significa Lawfare? El término describe “un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras la publicación de un artículo escrito por el general de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School. Estados Unidos es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción. Una de las acciones más importantes fue el llamado proyecto “Puentes”, que consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región. El alumno estrella es el juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato y quien condeno a Lula a nueve años de prisión.
Para esto se necesita una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones populares y políticos que participen en el ataque, siempre propalado generosamente por los medios y luego capitalicen los resultados de derrocar, inhabilitar y desprestigiar a las representaciones populares que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos
El Poder Judicial en nuestros países se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliega, casi sin límites, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un manto de institucionalidad. El argumento permanente es la corrupción. Se sostiene que debe ser extirpada del Estado apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos”, apostando a la formación de técnicos apolíticos.
La actividad de los grandes medios es más conocida y evidente. Incluso en un rapto de extraña sinceridad un editorialista de Clarín la caracterizó como “periodismo de guerra”.
Políticos que denuncian corrupción, medios que se “hacen eco”, políticos y medios que exigen celeridad a la justicia, mecanismo del poder judicial que disciplinan o excluyen a los jueces independientes y magistrados que condenan, sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso. Eso es lo que vivimos a diario en America latina. De esta forma se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil y se encarceló al vicepresidente de Ecuador Jorge Glass y a centenares de luchadores. Se pretende acallar con la persecución y la cárcel a aquellos representantes del pueblo que puedan interceder en su plan de desandar lo logrado en los últimos años.
Q Director Ideal-CTA. Diputado del Parlasur.
