El juez federal Sergio Torres ordenó la detención Dimas Fernando Ponce, un abogado que es militante del Partido Obrero y que, según los registros fotográficos del día de la última movilización contra la reforma previsional estaba en la escena de la agresión a un policía que tuvo fractura de cráneo y perdió parcialmente la audición por los golpes. Es quien estaba con otro hombre del PO, César Arakaki, que ya está preso y fue indagado por la misma razón. Ponce hizo llegar al juzgado un pedido de exención de prisión que fue rechazado, en el que admite ser la personas de las imágenes en cuestión, donde está cerca de un policía que está en el piso con un palo similar a una lanza, pero niega haber herido a nadie. El PO convocó para hoy a la tarde a una conferencia de prensa. En un comunicado dice que la detención dispuesta por el juez es “parte de de una política de criminalización de una manifestación en la que participaron centenares de miles de trabajadores contra una ley que constituye un robo a los jubilados, los discapacitados y los niños más necesitados”.

Torres mantiene hasta ahora dos líneas de investigación: una involucra a manifestantes, en especial a los que fueron registrados en imágenes agrediendo a policías; la otra apunta a los abusos de las fuerza de seguridad. Por esto último está detenido Dante Barisone, el policía que paso con su moto por encima del cartonero Alejandro Rosado, que ese encontraba trabajando en la calle, cerca de la movilización. A Barisone lo identificó y entregó el Ministerio de Seguridad. Todavía el juzgado está tratando de identificar al agente que le tiró gas pimienta con saña a un hombre mayor que se encontraba solo y sin hacer nada. En una filmación se ve el momento en que lo rocían con gas y el mismo policía le pega un cachiporrazo en la cabeza. Para hoy está citado a indagatoria un policía bonaerense, Damián Ferraro, fotografiado arrojando piedras, ahora desafectado de la fuerza.

Ponce, que fue candidato a concejal en Máximo Paz por el Frente de Izquierda, apeló el rechazo a la exención de prisión. El comunicado del PO dice que “la orden de detención debería suspenderse hasta que resuelva el tribunal. En el caso que el tribunal ya hubiera enviado oficio de captura, Ponce se encuentra esperando la ejecución de su detención en el domicilio denunciado (…) se ha puesto a derecho y no hay razón para que sea detenido”. Por eso reclaman el cese de la orden de detención y la inmediata libertad para Arakaki. El criterio del juzgado ha sido detener a las personas que considera involucradas en lesiones medianas y o graves.

La semana próxima es posible que el juzgado tome una determinación respecto de las casi 70 personas que fueron detenidas durante y en la desconcentración de la movilización del 18 de diciembre, muchas de ellas al voleo. Torres había ordenado liberarlas pocas horas después de los arrestos y está en pleno análisis de las circunstancias en que fue detenida cada persona, para establecer si fueron arrestos arbitrarios o con alguna motivación real. En la causa sobre la movilización de la semana anterior, el 14 de diciembre, también contra la reforma previsional, todavía hay personas detenidas por cuestiones burocráticas relativas a sus domicilios y en un caso se trata de un joven que denunció que le plantaron en su mochila dos piedras y panfletos partidarios pisoteados. Esta causa la lleva Claudio Bonadio, con una óptica distinta a la de su colega Torres. Está indagando a las 44 personas detenidas, incluso aquellas como Damiana Negrín Barcellos, cuya detención repentina fue filmada en el momento que volvía caminando de trabajar a su casa y se le vino encima un pelotón de gendarmes.