El interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Luis Riva, reconoció ayer que la fábrica de explosivo Fanazul cerró sus puertas y, por lo tanto, dejó en la calle 219 empleados que estaban contratados. Alegó razones de mercado para justificar la decisión y se desentendió de la situación de los despedidos al sostener que “eso le corresponde a la sociedad azuleña”. De todas formas aseguró que los 25 trabajadores que permanecerán en la planta garantizan la seguridad del polvorín que allí existe. La visión de los trabajadores es contraria. Por caso, uno de los delegados de ATE y ahora desempleado, Omar Menchaca, aseguró a PáginaI12 que el cierre de la planta “representa un desastre para la economía local porque el gobierno aplica las mismas políticas de los años noventa”. A pesar del anuncio los trabajadores mantendrán la protesta que incluirá un apagón en la ciudad que acordaron con organizaciones sociales locales. 

Si bien Riva aseguró ayer durante una entrevista con una radio de Olavarría que no tiene previsto una reunión con ATE y sus delegados, los trabajadores despedidos indicaron que para hoy está acordada un encuentro con el intendente macrista de Azul, Hernán Bertelly, y con un representante del obispado católico. En rigor, el encuentro iba a concretarse ayer en las oficinas centrales de DGFM pero Riva durante la entrevista con LU32 la desconoció. Por el contrario, los delegados de ATE de la sede central de Fabricaciones Militares indicaron que se presentaron en las oficinas del interventor donde les informaron que se suspendía por cuestiones de agenda. Los dirigentes sindicales consideraron que Riva levantó el encuentro por orden del ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Riva incluso dijo a la radio la decisión del cierre de la planta llegó luego de un largo estudio de las cinco plantas que tiene DGFM y que en función de la demanda y el costo de producción “que son altísimos comparado con otros países” se determinó lo que el funcionario definió como “una reorganización de las producciones”. Sin embargo, el martes pasado cuando los trabajadores se presentaron en la planta de Azul encontraron, además de un piquete de efectivos de la Policía Federal, un cartel que dice que las actividades retornarían el 14 de febrero próximo.

Uno de los puntos más críticos que tiene toda fábrica de explosivos es la seguridad del material allí almacenado. Según Riva “no hay ningún peligro porque los explosivos y la materia prima está controlada. No hay peligro ni riesgo porque todo se está refrigerando”. Los delegados de la planta ahora cerrada no comparten la confianza del funcionario porque afirman que la mayoría de los empleados del polvorín integran la lista de despedidos. Los delegados gremiales aseguraron que la intervención destinó a un grupo de los 35 que permanecen en la fábrica a custodiar el polvorín luego de darles una breve capacitación. No es para menos la preocupación de los desempleados porque sostienen que la planta tiene almacenada cerca de 180 mil kilos de dinamita sin contar con otros dispositivos que exigen un control de temperatura riguroso.

Para Manchaca es nula la posibilidad de que, tal como afirmó Riva, los despedidos sean “reabsorbidos” por la sociedad local o regional. El delegado indicó que las pocas fábricas e inclusos negocios que hay en la ciudad de Azul se está despidiendo personal. “Si esto sigue así Azul se transformará en una ciudad fantasma”, indicó.

Los despedidos de la planta de explosivos continuarán hoy con las protestas. Tienen previsto una concentración en el Concejo Deliberante y por la tarde una marcha por las calles de Azul y, fruto de la solidaridad de las organizaciones sociales e incluso comerciales de la ciudad, se realizará un apagón de media hora. Los empleados planean acampar frente a la sede municipal a la espera de un mayor compromiso del intendente Bertellys que llegó a ese cargo de mano del Frente para la Victoria pero que a poco de andar saltó a las filas de Cambiemos.

La crisis de Fanazul no es de estos días. Según los delegados de la planta el abandono comenzó hace meses cuando las autoridades dejaron de invertir en el mantenimiento de las instalaciones. “Lo que se rompía no se reemplazaba salvo que lo hiciéramos los propios trabajadores”, indicó Menchaca que supo trabajar en la empresa, que en los noventa fue despedido por el gobierno menemista y luego volvieron a contratarlo una vez que la DGFM recuperó su perfil industrial. Otra de las señales que para los trabajadores daban cuenta del cuál era el objetivo de la intervención fue la desaparición de los cinco colectivos que tenía la fábrica para trasladar a los trabajadores hasta la Azul. Habían sido adquiridos durante el anterior gobierno pero, según relatan los trabajadores, fueron trasladados durante un operativo nocturno que contó con presencia policial hasta la planta que Fabricaciones Militares tiene en Villa María, Córdoba.