Con un galpón en desuso, aulas modulares y una mudanza compulsiva el gobierno porteño resolvió el desalojo de tres escuelas que funcionan en un predio ubicado en Retiro, en Avenida Antártida y Letonia. Con la promesa de la construcción de un polo educativo, el Ministerio de Educación de la Ciudad resolvió la mudanza transitoria de la escuela infantil Nº5 y la primaria Bandera Argentina, o Banderita como le dicen en el barrio, a un predio que no está en condiciones y queda en un sector de la Villa 31 que las familias y los vecinos consideran conflictivo y peligroso. Los padres presentaron un amparo para frenar la mudanza inconsulta. UTE denunció que con el traslado se perdieron más de cien vacantes.   

La noticiado llegó hasta las familias hace un par de meses, pero  el desalojo fue en los últimos días. El último día de diciembre, los docentes que todavía debían concurrir a la escuela y los alumnos que rendían sus últimos finales se encontraron con gran parte del mobiliario fuera de la escuela. Trabajadores de Infraestructura del Ministerio de Educación habían comenzado a desarmar las aulas, incluso con algunos chicos adentro.

El plan del gobierno porteño es mudar los 430 chicos del jardín y los 530 de la primaria a un galpón propiedad de la familia Dietrich –la del ministro de Transporte–, en la avenida Ramón Carrillo 1720, donde funcionaba una concesionaria de autos. El lugar: un playón vacío, con problemas edilicios a la vista y sin espacio al aire libre. Allí el gobierno porteño pretende trabajar contrarreloj para llegar con las refacciones al 15 de febrero, día que los docentes y trabajadores retoman las actividades.

“Decidieron mandar el jardín y la escuela a la zona del Correo Viejo, como se la conoce en la villa, un lugar muy complejo y peligroso por la cantidad de droga y otras rivalidades. La mayoría de las familias dice que no van a mandar a sus hijos ahí. Sin contar que a la secundaría la dejan en aulas modulares a doce cuadras. ¿Cómo van a hacer las alumnas madres que llevan a sus hijos o los adolescentes que se hacen cargo de sus hermanitos?”, contó a PáginaI12 Florencia Diasprotti, docente y delegada de la escuela que participó de las reuniones con el gobierno porteño.

Más allá del lugar físico, que el ministerio intentará poner en condiciones en tiempo récord, el principal problema para los padres es la zona adonde mudan la escuela. Un lugar en el fondo de la villa, conflictivo y peligroso, donde también hay rivalidades entre diferentes sectores del barrio. “Hubo reuniones con autoridades del Ministerio y con un grupo de padres, pero lo único que hicieron fue informar los planes. La única respuesta a las quejas de las familias era que iba ser un año de incomodidades y se la tenían que bancar. Los propios vecinos del barrio te dicen que el lugar es muy peligroso con enfrentamientos diarios y que se escuchan tiros”, agregó la docente. Después de abrazos simbólicos, volanteadas en el barrio y reclamos sin respuesta en el Ministerio, las familias decidieron presentar un amparo como último recurso para frenar la mudanza.

La comunidad educativa denuncia que con el traslado del jardín se perdieron alrededor de cien vacantes de educación inicial, el nivel con más demanda insatisfecha en toda la ciudad. Diasprotti denunció que no se abrieron las inscripciones para maternal, lactantes ni deambuladores, ni siquiera para los hermanos de los chicos que ya concurren al mismo establecimiento. Según relevaron desde UTE, en la villa 31 cada año faltan 800 vacantes para el nivel inicial.  

“A los maestros ya les dijeron que no vayan en febrero porque la obra no va estar terminada. El lugar es inaccesible, no hay colectivos, son 20 cuadras que los chicos van a tener que hacer caminando en una zona peligrosa. Ellos dicen que en el lugar original de la escuela van a construir un polo educativo pero no hay nada escrito”, sostuvo Eduardo López, secretario general de UTE y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). “Sacan la escuela de una zona donde el metro cuadrado es más caro y la mandan a un lugar inaccesible pero que pone ‘en valor’ el galpón de Dietrich. Doble negocio para ellos y cero para el derecho social a la Educación”, remató López, quien sospecha del peso de un posible negocio inmobiliario.