El hecho de que la mitad de los represores cumpla su condena en prisión domiciliaria es una prueba de que los juicios por delitos de lesa humanidad “están lejos de asociarse con el concepto de venganza” declamado por los defensores de la dictadura. Así lo consideró el titular de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, en referencia al informe realizado por ese organismo, que dio cuenta de que 549 de los 1038 condenados por crímenes de lesa no está en una cárcel común.
“El informe refleja lo que está pasando y todo lo que falta por hacer”, remarcó. Del total de acusados por delitos contra los derechos humanos “hay un 15 por ciento de absueltos, y esto también marca que estamos lejos de la idea de ‘venganza’”, insistió Auat durante una entrevista por radio La Red, en la que analizó los resultados de la investigación de la Procuraduría, publicada ayer en PáginaI12.
Entre otros datos, el trabajo indica que, además de los detenidos con prisión domiciliaria, 435 represores están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, uno está internado por fuera del SPF y otros 53 se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.
Según Auat, estos números revelan dos cuestiones: “Primero, que hay que admitir que los años de impunidad hicieron su obra” y que la edad de algunos represores son “efectos de haber llegado tarde” a sus juicios. Por el otro lado, que “hay que tomar recaudos” para que se cumplan las penas. “No estamos en contra de la prisión domiciliaria porque respetamos la norma. Lo que se tienen que tomar son los recaudos necesarios para que se cumpla la pena”, explicó el fiscal.
“Lo que hay que discutir –añadió– es el sentido de la pena. No importa dónde la cumpla, pero que la cumpla. Si se desnaturaliza el sentido de la pena y se entiende que la prisión domiciliaria es ‘impunidad’, estamos licuando el proceso de memoria, verdad y justicia”, definió.
Uno de los puntos por los que la prisión domiciliaria está en la palestra es por el reciente fallo que le otorgó ese beneficio al represor Miguel Etchecolatz, quien cumple sus cinco condenas a perpetua con una prisión domiciliaria en su vivienda de Mar del Plata. Lo que aducen quienes rechazan esa medida es que el genocida podría entorpecer la investigación en su contra. Máxime con el antecedente de Julio López, quien había declarado contra el ex director de la policía bonaerense antes de su segunda desaparición. Por eso, el caso de Etchecolatz “debería ser parte de análisis y de la ponderación” a la hora de solicitar ese beneficio, agregó el procurador, quien junto con Carolina Varsky coordina la Procuraduría.
El informe de la Procuraduría señala además qye el año pasado fueron investigados 2.979 imputados en causa por delitos de lesa humanidad, en un total de 593 causas que aún continúan en trámite y que se dictaron 200 nuevas sentencias en todo el país, aunque solo 26 fueron definitivas.
