El Tribunal Supremo español denegó ayer la excarcelación al ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, al considerar que puede reincidir en los delitos por los que se lo investiga en relación con el proceso independentista de la región, en un fallo que coloca un nuevo obstáculo a la formación de un nuevo gobierno soberanista catalán.

Los tres magistrados encargados de revisar la apelación de Junqueras contra los cargos de rebelión, sedición y malversación por los que se encuentra en prisión preventiva sin fianza desde el 2 de noviembre, acordaron ayer por unanimidad que el líder de la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) deberá seguir en la cárcel madrileña de Estremera.

La decisión, esperada con gran atención en España, marca un nuevo revés para la formación de un nuevo Gobierno regional por parte de los partidos independentistas, que obtuvieron mayoría absoluta en las elecciones del 21 de diciembre pero tienen a ocho diputados electos presos o huidos en Bruselas .Tras escuchar el jueves los argumentos de la fiscalía, de la defensa y del propio Junqueras, los tres jueces de la Sala de Apelaciones del máximo tribunal vieron por unanimidad que “que existen indicios de la comisión por parte de Junqueras de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos”, según el auto judicial.

Además, consideraron “que también existe un riesgo relevante de reiteración delictiva al no existir ningún dato que permita entender que el recurrente tiene la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora”. Es decir, el plan que culminó el 27 de octubre con el Parlamento catalán aprobando crear una república independiente.

De haber quedado en libertad, Junqueras habría mejorado sus opciones de convertirse en nuevo president, porque el principal aspirante  el destituido jefe del Ejecutivo regional Carles Puigdemont de la

plataforma Junts per Catalunya (JxCat), se encuentra en Bruselas y será detenido si regresa a España.

La decisión marca un nuevo revés para la formación de un gobierno regional por parte de los partidos independentistas que al lograr 70 escaños en las elecciones del 21 de diciembre obtuvieron dos bancas más que las 68 necesarias para la mayoría parlamentaria absoluta, pero tienen a ocho diputados electos presos o huidos en Bruselas.

Entre ellos está Junqueras, quien encabezó la nómina de candidatos de la ERC, y también el ex presidente regional Carles Puigdemont, diputado electo al frente de Junts x Cataluña (JxC), quien se exilió en la capital belga y será detenido si regresa a España. Puigdemont reaccionó ayer de inmediato en Twitter cuando se conoció la decisión del tribunal sobre Junqueras y calificó de “rehenes” a su ex vicepresidente y a los otros dirigentes detenidos. “Hemos apostado siempre por la vía pacífica y el diálogo. Las urnas han hablado 3 veces inequívocamente. A pesar de ello @junqueras es retenido en Estremera. Y los Jordis. Y Quim. Ya no son “presospolítics, son rehenes”, escribió.

El miércoles, Junqueras se presentó ante el tribunal de apelaciones como un “hombre de paz” y aseguró su compromiso con una vía bilateral para resolver la crisis catalana, pero los jueces no dieron crédito a sus palabras. 

Los magistrados resolvieron que “existen indicios” de que Junqueras incitó a la violencia y cometió “delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos” al defender la declaración de independencia catalana por fuera de la vía legal e incumpliendo las decisiones del Tribunal Constitucional. Al denegar su liberación, observan también “un riesgo relevante de reiteración delictiva” para volver a impulsar la independencia unilateral de Cataluña.

Además, los jueces contradijeron uno de los argumentos soberanistas al afirmar que “no puede hablarse de presos políticos” porque defender la opción de la independencia de una parte del territorio nacional es legítimo según la Constitución, pero debe hacerse “sin cometer delito alguno”.

El fallo marca el camino de la instrucción de la causa y anticipa también que la actividad parlamentaria de Junqueras se verá limitada ya que está en prisión por delitos graves.

Los jueces señalaron que el ejercicio de algunos cargos políticos no supone la impunidad, en alusión a que Junqueras concurrió a las elecciones cuando el proceso penal estaba en curso. Por esta causa, el ex responsable de Interior, Joaquim Forn, y los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, siguen en prisión, y ven ahora disminuidas sus chances de conseguir la libertad.

Luego del fallo, Junqueras pidió por Twitter a sus seguidores mantenerse “fuertes y unidos” y transformar “la indignación en coraje y perseverancia” y “la rabia en amor”. “Persistid porque yo persistiré. Gracias por todo su apoyo. Os quiero”, posteó. Junqueras y Puigdemont fueron al tope de las listas independentistas más votadas, y por ende son los candidatos naturales a encabezar el futuro gobierno catalán, pero su situación judicial luego de la intervención del gobierno español a la región abre una incógnita sobre cuál será la alternativa que tomarán los soberanistas.

El Parlamento catalán debe constituirse el 17 de enero y a fin de mes intentará investir al nuevo presidente regional. El independentismo suma 70 diputados entre los de ERC, JxCat y los anticapitalistas de Candidatura de Unidad Popular (CUP), y ya adelantaron que en ningún caso trabarán alianza con Ciudadanos, el partido liberal españolista más votado en los comicios regionales. 

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, admitió que es “muy difícil” que prospere su candidatura a presidir la Generalitat, pero recordó que si los diputados electos que se encuentran en Bélgica no regresan al país podrían dejar al soberanismo en minoría. “Como no somos nosotros los que decimos si van a renunciar o no (a su escaño), tendremos que tener presentes todos los escenarios”, dijo Arrimadas.

Si los cuatro ex consejeros que se encuentran en Bruselas con Puigdemont renuncian a sus bancas podrían ser remplazados por quienes les siguen en las listas y sí pueden asistir al Parlamento catalán. 

Sin embargo, sigue siendo una incógnita quién se presentará para liderar el gobierno y si la justicia autorizará a los presos a acudir al Parlament el 17 de enero y al debate de investidura que se debe celebrar antes del 31 de enero.