Las domiciliarias que se están decidiendo para los represores condenados y el maltrato a los familiares del ARA San Juan parecen ir en direcciones opuestas, pero son coherentes. El concepto subyace en esas acciones. Son premios y castigos o indiferencias que mapean el pensamiento del funcionario oficialista. Con las domiciliarias, este gobierno defiende el acto de represión que protege privilegios, pero con la indiferencia hacia la tragedia del ARA San Juan muestra el bajo precio que le asigna a la defensa nacional como misión de las Fuerzas Armadas. Más de una vez Mauricio Macri expresó que no entendía los conflictos limítrofes o de territorio –como el caso de Malvinas–, en un país con la inmensa extensión de la Argentina. Es importante destacar que el recorte decidido a las jubilaciones también alcanza a las pensiones de los ex combatientes de la guerra de Malvinas.

El equipamiento moderno que se exhibió en la represión de los actos frente al Congreso contrasta con la austeridad que hasta ahora se planteó en las Fuerzas Armadas y cuya expresión más clara ha sido el hundimiento del submarino. En la concepción del empresario transnacional, la defensa en un país periférico tiene un rol secundario y conciben a las Fuerzas Armadas como policías regionales de las potencias hegemónicas.

Uno de los programas más importantes de la Armada, por ejemplo, destinado a la vigilancia y el control sobre los espacios fluviales y marítimos (tarea que realizaba el submarino ARA San Juan antes de desaparecer) tiene una asignación mínima comparada con el presupuesto total. Este programa, denominado “Sostenimiento Operacional”, tendrá, el año próximo una asignación de casi 42 millones de pesos, que equivale a sólo el 0,20 por ciento del total.

Cuando las Fuerzas Armadas intervenían en política interna, con golpes de Estado y represión, eran las mimadas de las oligarquías que incluso enrolaban a sus hijos en sus filas, mientras que las Fuerzas de Seguridad eran consideradas despectivamente como parte de las clases subordinadas. Ahora es al revés: como todavía está mal vista la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna, las mimadas por las clases ricas pasaron a ser las Fuerzas de Seguridad. Cuando estaba en Boca, Macri tenía más amigos policías, como el Fino Palacios, que militares.

Los premios que confiere este gobierno envían su mensaje a un destinatario claro. De 1038 condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, 549 –más de la mitad– están en su casa. Las domiciliarias que se están concediendo son defendidas tanto por los técnicos de la mano dura como por algunos abogados de los llamados garantistas. La inclusión en estos beneficios de un personaje como Miguel Etchecolatz, alto responsable del terrorismo de Estado que participaba en las torturas a los prisioneros, que fue denunciado por la violación de prisioneras y de quien hay sospechas fundadas de su participación en la desaparición y muerte de su principal acusador, el albañil Julio Jorge López, excede el debate sobre garantismo. Esa domiciliaria es una provocación, un mensaje de impunidad a la comunidad policial-militar y de advertencia a la sociedad en general. El macrismo se diferencia del gobierno anterior que los condenó a cárcel común.

La libertad otorgada por reducción de condena, al haber cumplido las dos terceras partes de la misma, al médico militar Norberto Bianco, partero en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, forma parte de este cuadro que no tiene relación con el debate del garantismo. Hace pocos días las Abuelas restituyeron la identidad a la nieta recuperada número 127. Bianco participó en numerosos partos clandestinos de prisioneras cuyos hijos fueron apropiados y durante su juicio se negó a dar información que permitiera ubicarlos y restituirlos a sus familias de sangre. O sea que gran parte de este delito sigue vigente. No hubo rehabilitación ni arrepentimiento. Pero Bianco empieza hoy sus vacaciones en Mar de Ajó.

A pesar de la formidable operación de ocultamiento, con funcionarios jerárquicos del ministerio de Seguridad presionando a jueces y demás funcionarios, en la causa por la muerte de Santiago Maldonado, hubo un gendarme que quedó involucrado. Ese único gendarme, Emmanuel Echazú, fue ascendido esta semana al grado de alférez. En un comunicado, la familia Maldonado advirtió que “el ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas”. No hay revanchismo ni linchamiento, a diferencia de la decisión oficial, el planteo de la familia se atiene a una lógica esencialmente democrática: “creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación –afirman– y así lo exigimos”.  

La única preocupación del gobierno de Mauricio Macri referida a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se manifiesta en los temas de represión, tanto los que se relacionan con la dictadura, como los actuales. Es lo único que transmite el oficialismo. Las designaciones en estas áreas son ilustrativas. La única relación con los temas militares del Ministro de Defensa, el “milico” Oscar Aguad, ha sido su amistad con los represores, en especial con Luciano Benjamín Menéndez, señor de la vida y la muerte en el III Cuerpo de Ejército asentado en Córdoba. El ministro de Defensa no sabe nada de defensa, solamente es amigo de represores. Eso también es un concepto, un indicio de lo que entiende este gobierno sobre el lugar del mundo militar-policial en el universo general, liderado por la agudeza estratégica geopolítica del radical Aguad.

Esas acciones son definiciones que pueden explicar la actitud casi indiferente ante la tragedia del ARA San Juan y la preocupación por los represores condenados. La desaparición del submarino en una misión de control de los mares no los motiva. Pero los represores asesinaron y masacraron en defensa de los intereses que ellos ostentan y eso sí los motiva. Desinterés por unos, interés por otros.  

A pesar de ese desprecio por lo que debería ser la función esencial del militar, en ese ámbito el macrismo mantiene un fuerte arraigo. Desde su origen, las Fuerzas Armadas fueron disputadas para convertirlas en el brazo armado de la oligarquía como factor de poder interno. Los Estados democráticos modernos entienden que esa no es la función militar. A la salida de la dictadura, Raúl Alfonsín impulsó una serie de disposiciones que tendían al control civil de las Fuerzas Armadas y a limitar su intervención en los asuntos internos. Pero el “profesionalismo” como concepto militar no ha tenido arraigo, salvo meritorias excepciones.

En cambio, en todos estos años la mayoría de los cuadros castrenses fueron renuentes a esos cambios a los que visualizaron como una amenaza a la institución. El decreto 721/2016 de junio de 2016 de Mauricio Macri, respaldado por los radicales derogó el decreto 436/84 firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín que determinaba el control civil sobre las Fuerzas Armadas.

A mediados de diciembre pasado, hubo 70 despidos en el Ministerio de Defensa, la mayoría de ellos de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por lo que el área de Archivos y Pruebas Judiciales quedaría completamente desarticulada. El área había sido creada en 2010 con el objetivo de documentar, clasificar y sistematizar todos los archivos de las fuerzas militares de la última dictadura. Mucha de esa documentación se convirtió en prueba del actuar represivo y clandestino del terrorismo de Estado. De esos archivos surgieron nuevas denuncias, así como informes que fueron entregados a las diferentes fiscalías. La sentencia de la megacausa ESMA está basada en estos documentos. 

El macrismo no tiene un modelo democrático “profesionalista” para las Fuerzas Armadas y tiende a preservarlas como un factor de poder interno dependiente del poder económico, como fue en los años del golpismo y las democracias tuteladas. Es coherente con su modelo político: está dispuesto al diálogo si de antemano se acata su punto de vista, está dispuesto al disenso si se acepta su hegemonía. Y para sostener ese simulacro de democracia, tiene el control de los grandes medios de comunicación, del Poder Judicial y de la amenaza del garrote militar policial para los que sacan los pies del plato de esa democracia tutelada.

Ya hubo marchas en Mar del Plata para escrachar a Etchecolatz y en Mar de Ajó, por Bianco. La mayoría de la sociedad no quiere convivir con estos asesinos. Pero esa convivencia con la impunidad es lo que representa Macri aunque no le guste a la mayoría, incluyendo a muchos que lo votaron. Y para el que no le guste habrá garrote.