Desde Bariloche
En un complejo contexto de estigmatización y persecución del pueblo mapuche, avanza la investigación por el asesinato de Rafael Nahuel. Por un lado, se realizan tres pericias para determinar el nombre del integrante del grupo Albatros de la Prefectura que mató por la espalda al joven en la comunidad de Villa Mascardi. Por el otro, la abogada Sonia Ivanoff interpretó que los anuncios de creación de un “comando anti RAM” y la renuncia forzada de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó son “una amenaza para la causa del pueblo mapuche”. Ivanoff defiende a los dos jóvenes que bajaron de la montaña el cuerpo inerte de Nahuel.
A pesar de la feria, el juez Gustavo Villanueva dispuso la continuidad de los plazos judiciales y de las pericias que permitirán la identificación de la procedencia del disparo de la bala 9 mm, que el pasado sábado 25 de noviembre acabó con la vida del joven mapuche.
La primera pericia central que se está realizando corresponde a la detección de pólvora en las manos de los efectivos de Prefectura que participaron del operativo represivo. La segunda es la comparación del proyectil extraído del cuerpo de Nahuel con las balas de todas las armas secuestradas luego del homicidio, que fueron disparadas en el Tiro Federal de Bariloche para hacer el estudio. El tercero es el análisis de la ropa de los Albatros, de Rafael Nahuel y de los jóvenes Fausto Jones Hala y Lautaro González.
Jones Huala y González habían arribado a la comunidad Lafken Winkul Mapu luego del desalojo del jueves 23 de noviembre, para llevar la solidaridad de la comunidad en Resistencia Cushamen. Dos días después, tras el avance de la Prefectura y los disparos, trasladaron a Rafael, moribundo, hasta la ruta donde comenzó el operativo de la fuerza de seguridad. Allí fueron detenidos, permanecieron cuatro días presos, y aún siguen imputados por “usurpación” y “atentado contra la autoridad”.
En el Centro Atómico Bariloche se está realizando el barrido electrónico de las cintas de carbono tomadas de las manos de los 22 integrantes de Prefectura, del propio Rafael Nahuel, y de Jones Huala y González. Esas muestras permitirán determinar quiénes efectuaron disparos el sábado 25 de noviembre, a partir de la detección de pólvora.
La pericia se inició el 28 diciembre, y se espera que concluya la primera semana de febrero. Una vez ubicadas electrónicamente las partículas de pólvora, la muestra es remitida al perito para su análisis e informe final.
La última muestra a analizar, según el sorteo correspondiente, será la de Rafael.
En tanto, el pasado martes se realizó la pericia balística sobre el proyectil extraído en la autopsia del cuerpo del joven mapuche. La bala se encontraba resguardada y ahora comenzó la tarea de comparación con las disparadas en el Tiro Federal de Bariloche por las armas secuestradas a los prefectos. Se trata en todos los casos de los proyectiles disparados con las escopetas MP-5 o las pistolas Beretta, todas con proyectiles 9 mm.
La defensa de Jones Huala y González solicitaron que también se tomen muestras de las escopetas que disparan pelotas de pintura, ya que un informe de Gendarmería pudo determinar en las últimas horas que en la campera de uno de los dos jóvenes se encontró ese material.
Precisamente, la pericia sobre la ropa de todos los partícipes de los hechos del 25 de noviembre, también es considerada clave en la investigación. Los residuos de pólvora que puedan hallarse en la ropa secuestrada tras la represión permitirá determinar qué miembros del grupo Albatros dispararon, y qué armas utilizaron.
También fueron secuestradas las ropas que llevaban puestas Jones Huala, González, y la propia víctima del asesinato.
La abogada Ivanoff confía en que, a más tardar, a mediados de febrero concluirán esos análisis técnicos y el juez Villanueva finalmente citará a indagatoria a los ocho prefectos más comprometidos en la investigación. Luego de esa declaración, el magistrado deberá definir la situación procesal de los sospechosos.
Contexto
En la provincia de Chubut, Ivanoff se ocupa de la defensa y acompañamiento de los reclamos mapuches por la restitución de los territorios ancestrales. Y actúa, además, en casos de violación a los derechos humanos de los integrantes de ese pueblo.
El caso más resonante que lleva en la actualidad es el del pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala, preso en Esquel desde el pasado 27 de junio de 2017.
Fue en el marco de un reclamo en la ruta 40, el 31 de julio y 1 de agosto del año pasado, cuando la Gendarmería ingresó violentamente en la pu lof en Resistencia Cushamen. En ese contexto desapareció y murió Santiago Maldonado.
Jones Huala está a la espera del juicio en el que se definirá si es extraditado a Chile. Para el Gobierno nacional, aunque el propio acusado lo desmintió, el joven lonko es el “jefe de la RAM”, Resistencia Ancestral Mapuche.
Para la abogada, el contexto actual “es muy desfavorable para la causa mapuche”. Enumeró en ese sentido, el “blanqueo de la represión a través de la conformación del Comando”, anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Ivanoff dijo a PáginaI12 que ese grupo especial conformado por la Nación y las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, “viene a legitimar las órdenes de (el Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo) Noceti”.
“Hoy el mapuche es sospechoso por el sólo hecho de ser mapuche”, planteó, y recordó que “la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michett, dijo que las fuerzas de seguridad siempre tenían el beneficio de la duda”. Explicó que “ahora le pusieron maquillaje a la figura de la flagrancia”.
Fue precisamente esa figura la que utilizó como justificativo la Gendarmería para su ingreso a la comunidad en Cushamen.
Ivanoff aseguró que en la causa por el juicio de extradición de Facundo Jones Huala existió una “clara interferencia” del procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interinamente a cargo de la Procuración General, tras la salida de Alejandra Gils Carbó.
“Hay un cambio rotundo en la mirada sobre la situación de los mapuches”, luego de la renuncia de Gils Carbó, dijo Ivanoff, y recordó que existieron dictámenes de la ex jefa de los fiscales, que ponía en consideración los derechos de los pueblos originarios, consagrados constitucionalmente.
Las 180 páginas que sustentan la creación del “Comando” son “un trabajo de corte y pegue. Es muy burdo. Es un plan sistemático de persecución”, concluyó.
