En las primeras horas del viernes los presos alojados en la Comisaría 3 de Merlo decidieron protestar. El detonante fue la llegada de un nuevo detenido a esa dependencia, que puede albergar a lo sumo a 15 personas, pero que ya tenía once más. “Hace dos días que pasamos hambre, estamos sin luz, ni agua, somos 26 detenidos para tres celdas”, alcanzó a decir Fausto, uno de ellos, ante las cámaras de TV. Según la descripción los portales de noticias, la televisión y las radios, se trató de un “motín”. El tema fue abordado como un hecho policial, una revuelta con un herido, que se prolongó por diez horas de máxima tensión. Lo que hubo -para decirlo con precisión– fue un reclamo, una denuncia pública sobre las condiciones infrahumanas en la que viven quienes están allí privados de su libertad, que sintetiza un cuadro de situación del que se habla poco y nada porque es naturalizado como algo normal: el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires agrava sus condiciones de manera progresiva y funciona en un esquema de ilegalidad. No puede haber detenidos permanentes en comisarías, está prohibido. Pero los hay, y son muchos: 3192 en territorio bonaerense, y entre ellos dos de cada tres no tienen camastros donde dormir. Son cientos los que se encuentran, además, en seccionales que incluso fueron intervenidas o clausuradas por orden judicial,  según reveló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Los presos denuncian lo que nadie quiere ver: un sistema colapsado que viola los derechos humanos”, decía un comunicado de la Comisión provincial por la Memoria a raíz de los hechos en Merlo. El organismo, que hace un seguimiento y denuncias constantes sobre la situación carcelaria, se presentó en el juzgado de garantías 4 de Morón, para pedir medidas que salvaguarden la integridad física de los detenidos en la Comisaría 3. Además, como era evidente que algunos deberían ser trasladados, pidieron asegurarles un lugar de detención cercano a sus familias, ya que a veces ocurre que en respuestas los mandan a penales alejados. Por la noche de ese día ya había una disposición judicial para  el traslado de 14 de los 26 presos a otras unidades y alcaidías. “Algunos de los presos en la comisaría 3 llevan más de seis meses detenidos allí, cuando las comisarías son lugares donde no deberían estar más de cinco días. Hemos encontrado menores de edad y personas enfermas. Lo que sucede es reflejo de un problema estructural: no queda lugar posible para los detenidos”, advierte Roberto Cipriano García ante la consulta de PáginaI12.

Los sucesos en la comisaría de Merlo dejaron  a la vista un estado de cosas. En los días previos había pasado algo muy similar en la seccional 8 de Villa Concepción, San Martín. Había cuarenta detenidos en solo dos celdas de cuatro metros por cuatro. Los familiares empezaron a pedir una intervención y denunciar su temor: “Se van a morir todos ahí adentro”, pedía una mujer desesperada a los organismos en un audio de WhatsApp. Las muertes de siete presos en la comisaría de Pergamino diez meses atrás es un fantasma que amenaza en forma permanente porque nada cambiaron ni las políticas de detención ni el equipamiento en las seccionales: “No hay planes de contingencia, no compraron matafuegos ni equipamiento de seguridad”, señala Cipriano.

En el año 2012 las comisarías llegaron al mínimo de alojados, 894, como consecuencia de una readecuación exigida por el fallo de la Corte Suprema que en el año 2005 dispuso que ninguna persona podía estar presa en forma permanente en comisarías, situación que viola garantías y pactos internacionales de derecho humanos con rango constitucional. Por eso la Corte lo consideró inconstitucional. La causa había sido promovida por el CELS ante el hacinamiento de presos en las comisarías y el colapso del sistema carcelario. Sin embargo, desde ese año comenzó otra vez una curva ascendente que no cesa, y que llegó a su pico en diciembre último con 3192 detenidos de comisarías. Solo 1020 tienen un camastro donde dormir. Dicho de otro modo: 2 de cada 3 no tienen donde dormir. Los datos del CELS muestran que de un total de 457 comisarías bonaerenses, 191 fueron intervenidas y clausuradas por una orden judicial. Sin embargo, hay 1358 detenidos que se encuentran en dependencias intervenidas o con algún tipo de clausura. La comisaría 3 de Merlo, según la información que había suministrado el Ministerio de Seguridad, era una de las clausuradas. En diciembre último llegó a albergar a 29 personas.

El punto de partida es un criterio o política que supone que llevar a prisión cada vez a más personas es una forma de combatir el delito. Es un razonamiento peculiar, porque con el correr de los años quedó en evidencia que el delito no baja, incluso en algunos períodos sube. La tasa de encarcelamiento aumentó 35 por ciento en los últimos 6 años, dice el CELS. “En estas circunstancias el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires está sobrepoblado. La sobrepoblación llega al 100 por ciento. La consecuencia es que se agrava la crisis del sistema penitenciario, que no para de empeorar. Es un sistema estallado. Como no pueden seguir enviando gente a las cárceles del Servicio de Servicio Penitenciario ni alcaidías porque no entran, los mandan a las comisarías”, dice Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del  CELS.  

Hay unas 41.300 personas en cárceles y alcaidías, pero la capacidad del sistema es la mitad. Litvachky explica que hay distintas disposiciones que establecieron la prohibición de mantener por largo tiempo a un preso: además del fallo de la Corte, hay pronunciamientos del relator para personas privadas de la libertad, y una sentencia reciente, de noviembre último, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata que le ordenó al gobierno bonaerense, a través de una medida cautelar, que suspenda una resolución (la 642/14) de la gestión de Alejandro Granados en el Ministerio de Seguridad bonaerense que había permitido llevar detenidos a comisarías inhabilitadas. La Cámara le ordenaba a la vez a la provincia desarrollar un plan que permita ir trasladando de manera progresiva a los presos en comisarías a las cárceles.

El proceso de endurecimiento progresivo, que intenta llevar más gente a las cárceles, viene de gestiones anteriores.  Es más, empieza fuertemente en el año 2000 con Carlos Ruckauf, que cambio el código procesal de la provincia y limitó las excarcelaciones; lo mismo hicieron las leyes Blumberg en 2004, restringieron excarcelaciones para delitos con arma de fuego y personas con antecedentes; otra ley restringió las salidas anticipadas. En el medio, el fallo de la Corte obligó a reformular la política; en 2006 se derogó la ley que limitaba excarcelaciones; en 2009, otra ley aplica el juicio abreviado y la flagrancia; en 2011 se restringen por ley las salidas anticipadas; los años siguientes se limitan las excarcelaciones para delitos de armas de fuego. Este año  se reformó a nivel nacional la ley de Ejecución de la pena, con una modalidad regresiva, que prohíbe las salidas transitorias. Es una normativa que impacta también en la provincia de Buenos Aires, aunque igual el ministro de justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, mandó un proyecto para adecuar la legislación local a la nacional. Cuando se discutió este tema en el Congreso, Ferrari planteó su concepción en este sentido: cuanto más tiempo pase una persona presa, menos chances habrá de que cometa delitos. Es un paradigma sobre la seguridad que se contrapone con el de la llamada “resocialización” de los presos. Es claro que no previene delito ni mejora la seguridad ciudadana, pero el Gobierno de Cambiemos prefiere fogonear expectativas sobre aquello inexistente, como lo hace con otros asuntos, incluso los económicos, a fuerza de marketing político. En ese sentido, pareciera que les resulta más rendidora la máquina de multiplicar presos, que concebirlos y presentarlos como ciudadanos con derechos capaces de abandonar las conductas delictivas.