“El caso Maldonado mostró la brutalidad de la represión en su máxima expresión, y ese accionar ilegal fue ordenado y dirigido por las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad, incluso la ministra (Patricia) Bullrich justificó y avaló todo lo actuado, llegando a ascender al gendarme imputado en la causa, es decir fue una decisión política, un plan estatal, destinado a defender desde el estado los intereses de los más poderosos por sobre los intereses de un grupo vulnerable como es la comunidad mapuche”, dijo a PáginaI12 Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, consultado sobre la desaparición y muerte del joven mochilero y tatuador. Este organismo, querellante en la causa penal que instruye la justicia federal de Chubut, realizó un balance de sus actividades durante el último año, entre las cuales se destaca su presencia en las Islas Malvinas durante el proceso de identificación de las tumbas NN de soldados argentinos, en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, por hechos de violencia institucional y acciones represivas del Estado y el monitoreo de las situaciones de encierro en las cárceles bonaerenses.

La comisión es un organismo público de la provincia de Buenos Aires, autónomo y autárquico, que promueve e implementa políticas de derechos humanos. Fue creada en 1999 por resolución de la Cámara de Diputados, desde marzo del 2001 tiene como sede el edificio donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) y gestiona el archivo que registra el espionaje realizado por esta dependencia durante más de 50 años. 

A fines de marzo, unas mil personas participaron de las actividades frente al ex centro clandestino de detención Pozo de Quilmes, por el 41 aniversario de la última dictadura cívico-militar. La CPM tomó posesión del edificio donde están los calabozos por los cuales pasaron más de 250 víctimas del terrorismo de Estado entre 1975 y 1979. 

En cuanto a las situaciones de encierro y violencia institucional, la CPM determinó que empeoró el “sistema de la crueldad”: 16.403 hechos de tortura y malos tratos padecidos por 3.054 víctimas, 42.800 personas detenidas a noviembre de 2017, 90 por ciento de sobrepoblación en el Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB), sobrepoblación en comisarías reflejada en 3.010 detenidos de los cuales sólo 1.039 sólo tienen camastro, 385 muertes de personas bajo custodia del estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública. Este monitoreo es realizado bajo los requisitos del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU que lo convierten, de hecho, en el mecanismo local de prevención de la tortura. Según destacaron en su resumen, “es el resultado de la labor que la CPM viene realizando desde hace más de 15 años con total compromiso e independencia de los gobiernos de turno”.

Otro hecho relevante fue el inicio del juicio a funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por su responsabilidad en una de las masacres más graves de la historia del encierro bonaerense, ocurrida el 16 de octubre de 2005 en el penal de Magdalena. La CPM, el CELS y el CIAJ patrocinan a familias de las víctimas. Aquel día 33 personas privadas de su libertad murieron asfixiadas y quemadas en el incendio en el pabellón 16 de la Unidad Penal 28. El personal del SPB había ingresado al pabellón con escopetas con munición antitumulto como respuesta a una discusión entre dos internos. Los agentes dispararon balas de goma a quemarropa, golpearon a los detenidos que se tiraban al piso y lanzaron a los perros. Una vez iniciado el fuego encerraron a los detenidos en el pabellón en llamas y reprimieron a quienes querían socorrerlos. La sentencia contra los 17 imputados se conocerá en febrero. El organismo provincial también patrocina a las víctimas de la masacre de Pergamino, que tuvo lugar el 2 de marzo cuando siete jóvenes privados de su libertad murieron asfixiados y quemados tras un incendio en la comisaría 1 de esa localidad, y pidió que se desa fecte la comisaría 1ª para convertirse en sitio de memoria.

Además, a partir de una presentación de la CPM el ministerio de Salud bonaerense ordenó el cierre del instituto de rehabilitación San Camilo, donde habían verificado la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental y uso problemático de sustancias, tal como lo denunció el periodista Pablo Galfré en su libro La Comunidad.

En diálogo con PáginaI12, Cipriano García explicó que para concretar su plan, el gobierno “construyó la idea del terrorismo mapuche internacional, una invención sin asidero que pretende justificar la violencia institucional y la idea de resolución del conflicto social mediante la represión y no mediante el diálogo democrático”. En tal sentido, el poder judicial no sería ajeno para tal objetivo. “Fue parte de esa trama avalando el accionar del gobierno, como lo es siempre en los casos de gatillo fácil o torturas. Y luego de Santiago asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche que reclamaba por tierras ancestrales. Sin dudas estos casos son claras señales del sesgo represivo y autoritario de este gobierno”.

El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel “partió de la premisa de considerar a la memoria como un campo plural en permanente conflicto y bregó por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar para la lucha por los derechos humanos en el presente”.