Si no hubieran existido las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en la década del 90 Héctor “El Oso” Acuña hubiera estado en prisión. Durante la última dictadura integró la Dirección de Seguridad de la jefatura del Servicio Penitenciario bonaerense y fue reconocido por los sobrevivientes de La Cacha como uno de los interrogadores y torturadores de ese centro clandestino de detención. Pero Acuña estaba libre. Y durante diez años abusó de una niña que estaba a su cuidado. La joven nació en 1993 y fue víctima de Acuña desde que tenía solo cinco años. Incluso lo sufrió durante las visitas a la cárcel de Marcos Paz, luego de que el represor fuera arrestado en 2006. A los 16 años pudo, a pesar de las amenazas de Acuña, contárselo a una amiga y así comenzó el camino que terminó con la denuncia judicial. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Santiago Marquevich, fiscal federal interino de Morón la concretaron formalmente esta semana y pidieron que Acuña, que está tramitando su arresto domiciliario, sea llamado a declaración indagatoria por el delito de abuso sexual agravado.  

 Desde pequeña, la joven cuyo nombre se mantiene en reserva quedaba al cuidado de Acuña, con quien tenía un vínculo familiar, mientras sus padres trabajaban. Entre los cinco y los 14 años (entre 1998 y 2007) sufrió los abusos del represor. “Los hechos fueron sostenidos en el tiempo y adquirieron una gravedad progresiva a medida que la niña crecía”, dice la denuncia presentada por la UFEM, que ahora tiene el juez federal de Morón Jorge Rodríguez.

En 2006, Acuña fue arrestado por delitos de lesa humanidad. La víctima fue llevada al penal de Marcos Paz para verlo cuatro veces y el represor, aun en ese contexto, buscaba alguna excusa para quedar a solas con ella, sobre todo cuando las visitas se hacían en unos boxes privados de la cárcel. “Resulta evidente que es el fuero federal el ámbito ante el cual deben ser investigados y juzgados los abusos sexuales que se imputan a Acuña, ejecutados durante su detención en la Unidad penitenciaria federal, valiéndose de un ámbito que le era completamente conocido y en el que, en violación de normas reglamentarias, obtuvo las condiciones propicias para continuar con los hechos que perjudicaban a (la denunciante). En este último aspecto, no puede descartarse la participación de agentes penitenciarios con el fin de concretar y/o facilitar dichos abusos, lo que deberá formar parte de la presente pesquisa, en caso que se estime corresponda”, señaló Labozzetta en su presentación.

La detención del represor en 2006 se produjo por los crímenes cometidos durante la última dictadura en la Unidad 9 de La Plata. En octubre de 2010 fue condenado a diez años de prisión. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata consideró que en esa cárcel existió, “a la par del régimen penitenciario formal, un régimen de represión ilegal el cual se caracterizó por la práctica sistemática de imposición de tormentos a los presos políticos, con el fin de quebrar su resistencia física y moral y de lograr su despersonalización; por la comisión de homicidios dentro y fuera del penal, y por desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, hechos que implicaron el funcionamiento dentro de la cárcel de un verdadero centro clandestino de detención, tortura y muerte”. 

En 2014 recibió una segunda condena del mismo tribunal, esta vez a prisión perpetua, por secuestros, asesinatos y torturas en el centro clandestino de detención La Cacha, llamado así por el personaje de historieta la Bruja Cachavacha, que hacía desaparecer personas. 

La Cacha funcionó desde fines de 1976 hasta octubre de 1978 en las instalaciones de la antigua antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, en el predio de la penitenciaría de Olmos. Allí actuaron patotas de las Fuerzas Armadas y de distintas fuerzas de seguridad: las que pertenecían al Regimiento 7, al Servicio de Inteligencia del Ejército, a la Marina y al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, donde reportaba Acuña. 

  En el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha, Ricardo Molina contó que fue secuestrado el 14 de abril de 1977 por la noche en su domicilio por un grupo de tareas comandado por una persona que se hacía llamar “El Francés” (Gustavo Adolfo Cacivio). Que fue llevado a La Cacha en el asiento trasero de un Torino blanco de cuatro puertas y que al llegar al centro clandestino, un sujeto muy violento al que le decían el Oso lo sacó del auto de los pelos y que aunque no le vio la cara presumía que participaba en sesiones de torturas y estaba regularmente en el lugar. María Laura Bretal relató que en La Cacha los secuestrados fueron humillados, engrillados de pies y manos, encapuchados y describió a “el Oso” como un “terrible torturador que era del Servicio Penitenciario”. Un testigo que vive en el exterior y declaró mediante videoconferencia y con el pedido de que no hubiera público en la sala y se reservara su nombre relató abusos sexuales por parte del Oso Acuña mientras lo torturaban. 

En ese juicio, en el que también fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, Acuña fue encontrado culpable de 43 privaciones ilegales de libertad, 127 casos de tormentos y de los homicidios doblemente calificados por alevosía de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El tribunal describió a Acuña como una persona con gran autoridad entre los miembros de las fuerzas de seguridad, antisemita y muy temido por las víctimas por su salvajismo y violencia. También afirmó que hacía sentir miedo a los guardias del centro clandestino. 

Acuña, además, fue procesado por amenazar con degollar al juez federal César Alvarez durante una visita del magistrado a la cárcel de Ezeiza. En esa oportunidad, la defensa argumentó que no había sido una amenaza sino “una bravuconada propia de una persona en evidente situación de vulnerabilidad por su condición de detenido”. También amedrentó a testigos durante el juicio de La Cacha. En una audiencia realizada en septiembre de 2014 le dijo a una de las sobrevivientes: “Mirá cómo dejaron el país en diez años, vamos a ver dónde te metés en tres o cuatro meses, ya te voy a agarrar”.       

 Y también amenazaba a la niña de la que abusaba. Recién cuando tuvo 16 años la denunciante le pudo contar a su mejor amiga lo que le había pasado. Su amiga, que también declaró ante la UFEM, relató que la joven aseguraba que no podía denunciar a Acuña porque él afirmaba que si decía algo iba a matar a miembros de su familia. Y recordó que en la cabecera de la cama del represor había un espacio de guardado donde había armas y que ambas las habían visto. La denunciante había logrado que no la obligaran a ir a verlo a la cárcel, pero cuando escucharon por televisión que podía salir en libertad, su amiga la convenció de que le contara los hechos a un adulto. Primero le dijeron a la madre de su amiga. Y así se enteró la familia. Tiempo después, se decidió a hacer la denuncia judicial. 

“La joven que fue víctima de Acuña se contactó con nosotros porque quería hacer la denuncia. Sabía que iba a tener cierta exposición, pero estaba muy segura de haber iniciado este camino. También tuvo apoyo psicológico. Estamos conformes con el trabajo de la UFEM y tenemos expectativa de saber cómo va a proceder el juzgado ahora”, dijo a PáginaI12 Sofía Ballesteros, de la organización La Ciega, un colectivo de abogadxs populares de La Plata que acompañó a la denunciante de este caso. La presentación se hizo en octubre del año pasado. Mientras, Acuña estaba intentando obtener el beneficio del arresto domiciliario.