Los independentistas catalanes llegaron a un acuerdo para intentar posibilitar la investidura del ex presidente del Parlamento regional, Carles Puigdemont, quien permanece exiliado en Bélgica y si regresara a España sin fueros podría ir a prisión. La Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Junts per Cataluña (JxCat), las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre, sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas, informó la dirigente de ERC Marta Rovira.
En la reunión, los independentistas se pusieron de acuerdo en dos cuestiones: rechazar de plano la posibilidad de no dar quórum en caso de que el Estado intente impedir una composición que refleje el resultado de las elecciones y buscar la manera de que Puigdemont pueda ser investido.
El destituido jefe de gobierno catalán quiere ser investido por vía “telemática” a través de Skype, algo que el reglamento del Parlamento de la norteña región no prohíbe expresamente, aunque expertos en leyes señalan que el Tribunal Constitucional podría prohibirlo amparándose en el manual de usos y costumbres. La segunda opción es una investidura delegada; es decir, que otro diputado lea su discurso.
En cualquier caso, Puigdemont planea regresar a España –donde lo espera una orden de detención– una vez que haya sido proclamado presidente.
Pero la ERC, cuyo líder, el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, permanece en prisión en Madrid y también obtuvo una banca en las últimas elecciones, advirtió que no quiere tomar una decisión que tal vez no sea viable. “Hay acuerdo”, aseguraron fuentes cercanas al partido en declaraciones el diario catalán La Vanguardia, pero aclararon que no firmaron un cheque en blanco.
Además, la ERC, si bien impulsa la investidura de Puigdemont, se abraza a la esperanza de que sea Junqueras quien lidere el Parlamento, una opción que había quedado relegada a un segundo lugar porque JxCat obtuvo más votos. Por ahora, la única presidencia que ostentaría la ERC, en función del acuerdo de anoche, es la de la Mesa (órgano de dirección) del próximo Parlamento, que se constituirá el 17 de enero próximo. La Mesa está integrada por un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios. Los soberanistas ocuparían cuatro de esos asientos, con los que controlarían el órgano y podrían dar batalla por la presidencia regional desde adentro. Sin embargo, desde el partido de Puigdemont, el PDeCat, advierten que cerrar las opciones a “Puigdemont o elecciones” no vale la pena, que lo más importante es retener el gobierno, no quien lo lidera.
Por otro lado, el oficialista Partido Popular (PP) del jefe del gobierno español Mariano Rajoy, ya advirtió que está dispuesto a “impedir por todos los medios” una investidura a distancia y asegura tener un acuerdo con sus aliados para impedirlo. Así lo afirmó ayer el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien dijo estar a la espera de una decisión de los independentistas para dar una respuesta.
En los comicios del 21 de diciembre pasado, los soberanistas sumaron 70 legisladores, superando por dos la mayoría absoluta de 68. JxCat (PdeCat y Convergencia democrática) obtuvo 34 diputados, entre ellos Puigdemont, y ERC consiguió 32; el otro partido independentista, la CUP (radicales antisistema) logró 4 escaños. Ayer la CUP instó este mediodía a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana a explicar el “contenido material del acuerdo” que alcanzaron en Bruselas. Sin embargo, sus portavoces aclararon que no está en el ánimo del partido apoyar un eventual gobierno de Ciudadanos o un nuevo llamado a elecciones, por lo que dieron a entender que sus diputados apoyarían la formación de un gobierno independentista como el acordado ayer en Bruselas. Mientras tanto, Junqueras, y quien fuera responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, también diputados electos, permanecen en prisión preventiva sin fianza en la causa judicial que investiga a todo el anterior gobierno independentista. Puigdemont y Junqueras habían concurrido en coalición en los anteriores comicios catalanes, en septiembre de 2015, y gobernaron juntos hasta ser destituidos por el Ejecutivo español el 27 de octubre pasado. Otros miembros de ese gobierno están en libertad condicional en España o prófugos en Bélgica, y la mayoría de ellos fueron elegidos parlamentarios en diciembre. La Justicia española aún no resolvió si autorizará a los legisladores presos a asistir al Parlamento a votar en la sesión de constitución del 17 y en el debate de investidura que se debe celebrar antes del 31 de enero, pero ya descartó que puedan hacerlo los cinco diputados electos que permanecen en Bruselas.
El Ejecutivo español destituyó a todo el gobierno catalán justo después de que el Parlamento regional aprobase por mayoría una declaración a favor de la secesión unilateral. Entonces, Rajoy, convocó elecciones autonómicas, ganadas en minoría por los liberales de Ciudadanos (36 escaños), contrarios a la independencia. La incógnita es qué pasaría si los independentistas lograran cumplir con sus planes e investir a Puigdemont como presidente del Parlamento: Madrid se encontraría frente al mismo escenario que desencadenó la disolución del gobierno catalán tras la declaración unilateral de independencia.
