Dante Barisone, el policía que había sido liberado el viernes, volvió a ser detenido ayer por orden del juez federal Sergio Torres después de tomarle declaración a un agente que lo acusó de ser quien pisó con la moto policial al cartonero Alejandro “Pipi” Rosado el día de la última movilización contra la reforma previsional. El policía-testigo se llama Alejandro Irárzábal y explicó en el juzgado que no tiene ninguna duda de lo que dice porque él iba en la parte trasera de la moto que Barisone conducía y contó que incluso después de los hechos su compañero le advirtió: “Tenés que negar todo, no tenés que reconocer a nadie”. Torres ahora deberá resolver la situación procesal del detenido y evalúa delitos como tentativa de homicidio o lesiones graves agravadas por el carácter de funcionario. Mañana será indagado también el policía que roció con gas lacrimógeno y golpeó con una cachiporra a un hombre mayor que estaba en una calle aledaña a la movilización sin hacer nada.
Barisone había sido identificado en un informe de Asuntos Internos de la Policía Federal, que recogió testimonios del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF). En particular lo habían señalado el jefe de esa dependencia, el comisario Oscar Hipólito y el principal Gabriel Ortega, que estaba a cargo del GOMF 1, que era el grupo de motos que estuvo en la calle Hipólito Yrigoyen, donde fue arrollado Rosado. Cuando Barisone fue indagado, dijo que no se podía reconocer a sí mismo en las imágenes y filmaciones como el hombre que conducía la moto en cuestión. El hecho de que estuvieran todos con casco y trajes oscuros hasta el cuello facilitaba la evasiva. Por eso fueron citados a tribunales Hipólito y Ortega, que en un giro asombroso se desdijeron de su relato inicial, y sostuvieron que no habían dado certezas de nada, y que en rigor no sabían quién era, por lo que terminaron denunciados también por el juez Torres y ahora deberán ser investigados por encubrimiento en una causa que le tocó al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pero como Torres en ese momento se quedó sin pruebas contundentes contra Barisone lo liberó. Un gran problema para identificar a los policías que cometen abusos es que, tal como señaló PáginaI12, muchos no llevan la identificación reglamentaria y en el caso de las motos no tienen el número de registro a la vista y a menudo esconden el número de la patente bajo una funda negra.
Cuando el policía recuperó la libertad, el juzgado pidió nuevas medidas, un nuevo informe al Ministerio de Seguridad y a Asuntos Internos de la Federal. El martes a la tarde se presentó ante esta última dirección el agente Irarzábal y confesó que no lo había hecho con anterioridad porque tenía miedo de hablar y que una declaración tuviera consecuencias para él. Torres tampoco lo había citado porque era un potencial imputado, como todos los policías que estaban alrededor, que tienen el deber de denunciar si un colega comete un delito. Asuntos Internos avisó a Torres, que indicó que labraran un acta de su declaración. Finalmente dio ayer también su testimonio ante el juzgado. Relató que él estaba en la parte trasera de la moto que manejaba Barisone, y que efectivamente había pasado por encima de Rosado, quien se encontraba trabajando en calles cercanas a la movilización, recogiendo papel. Irarzábal lleva un año y medio en la fuerza. Describió que ese día habían recibido la orden de dispersar a los manifestantes, pero él no manejaba y no tenía control sobre la moto.
Explicó que tenía miedo de declarar, que dudaba sobre lo que le podría pasar a él mismo y si relatar los hechos implicaba autoincriminarse. Además dijo que después de aquel día quedó shockeado y agotado y que entre sus compañeros reinaba una especie de acuerdo tácito de que nadie diría nada. Pero, además, Barisone le había insinuado que no debía hablar. “Y si declarás, tenés que negar todo”, le advirtió. Cuando Barisone quedó detenido lo fue a visitar con un grupo de compañeros y en ese momento le insistió: “Vos que estabas conmigo fijate que no tenés que reconocer a nadie”. “Decí lo mismo que yo”, le indicó, en relación al argumento por el cual dijo que no se podía reconocer. “No tenés que reconocer a nadie”, le insistió, según declaró Irarzábal bajo juramento. Hasta le recomendó que si tenía dudas fuera a ver a sus abogados, que son de la policía. Explicó que también le había dado indicaciones por mensaje de whatsapp en el celular. El juzgado retuvo el celular del testigo para analizarlo y cotejarlo con el de Barisone. Algunos mensajes aparecen como “eliminados”, pero uno de esta semana, cuando Irarzábal fue asuntos internos quedó. Ahí Barisone le recriminaba: “amigo, no creo que estés como yo”. El resto serán rastreados.
“La denuncia que hizo el juez Torres por encubrimiento y falso testimonio contra los policías del GOMF, queda reforzada por el testimonio de Irarzábal. Todo muestra que el Ministerio de Seguridad hizo todo lo posible para entorpecer la investigación. “El trabajo de esta querella, la fiscalía y la denuncia del juez dejan en claro la responsabilidad y permitieron impedir un encubrimiento”, dijo Gabriela Carpineti, abogada que representa la querella de Rosado. Ahora Barisone está detenido en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Torres no lo quiere mandar a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal porque teme por su integridad.
Mañana será indagado –aunque no está ordenada su detención– otro policía, pero de la Ciudad de Buenos Aires, de Intervenciones Urbanas. Es Alfredo Martín Luna, reconocido por un grupo de oficiales como quien roció con saña con gas lacrimógeno y a corta distancia la cara de un hombre mayor que estaba solo y sin hacer nada. Incluso al pasar bien cerca de él, le pegó con una cachiporra. También habrá audiencia en la Cámara Federal por la situación de uno de los manifestantes detenidos, César Arakaki, del Partido Obrero.