El Correo Argentino fue multado por no registrar trabajadores en una de sus sucursales de Santa Fe. Las irregularidades detectadas por el Ministerio de Trabajo en mayo del año pasado quedaron subsanadas cuando regularizó la situación laboral y pagó la sanción correspondiente. La mala registración de empleados convirtió a la firma en la única dependencia estatal mencionada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Los inspectores de la cartera encabezada por Jorge Triaca inscribieron al “Correo Oficial de la República Argentina” en el listado de infractores el 15 de diciembre. La estadía mínima prevista en el registro son 60 días y la máxima asciende a 3 años, dependiendo de la gravedad de las irregularidades cometidas. La presencia en el Repsal implica una serie de penalidades y restricciones para percibir beneficios estatales como subsidios o acceder a créditos de la banca pública. En el mejor de los casos, la firma estatal figuraría hasta mediados de febrero pero un decreto que está listo para ser publicado en el Boletín Oficial le permitirá salir el próximo lunes. La normativa que preludia la reforma laboral reduce el plazo de permanencia de todos los infractores en materia laboral a 30 días. La flexibilización del Repsal estará acompañada por una reducción de las multas. 

La precarización laboral es uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino. Aunque el extenso listado de infractores está dominado por microempresas, las modificaciones beneficiarán a compañías con más de cien empleados. Los registros oficiales consultados por PáginaI12 revelan que a lo largo de los últimos dos años grandes firmas como Quilmes, La Serenísima, Mostaza, Andreani, Adecco, Bodega Norton, Centro Gallego y Nevares incumplieron con la normativa laboral vigente al registrar trabajadores de manera irregular. Todas fueron sancionadas pero el registro de incumplimientos permanece en el Repsal.

El listado de infractores creado por la Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral de 2014 apuntaba a fortalecer la sanción y exposición de los empresarios evasores. Figurar en el Repsal implica un conjunto de penalidades y restricciones de acceso a beneficios estatales para que las empresas sancionadas no compitan en forma desleal usufructuando de las ventajas económicas derivadas de incumplir con las normas. La medida presionaba sobre los infractores que, por ejemplo, se veían impedidos a cobrar subsidios o participar de una licitación. 

Los colaboradores del ministro Triaca entienden que la presencia de una empresa en el Repsal resultaba en situaciones de ahogo financiero y crisis para los infractores. El texto del DNU que sería publicado hoy ofrece una justificación menos directa para los cambios al considerar “indispensable proceder a modificar los plazos de permanecía en el registro” por “incidencia en la contratación y acceso al crédito respecto a quienes resulten incluidos”. Por eso, sin importar el tipo de infracción o delito cometido, los empleadores figurarán en el listado durante un máximo de 30 días.

También estarán durante ese plazo en el listado las empresas que obstruyan las inspecciones. Hasta ahora las firmas que impedían las fiscalizaciones permanecían 180 días en el Repsal además de estar obligadas a pagar una multa y regularizar la situación laboral. A partir de la publicación del decreto quienes no permitan el registro de sus instalaciones solo deberán abonar la multa por obstruir y esperar 30 días para salir del registro. El diario Ámbito Financiero indicó ayer que junto con la reducción de multas y tiempos de permanencia, el Gobierno prevé aumentar las sanciones para los casos de empleadores reincidentes.