El proyecto de los diputados Jujeños del Frente Renovador Cambiemos para realizar un plebiscito sobre la situación legal de la dirigente barrial Milagro Sala, tiende a revitalizar anquilosadas estructuras institucionales y podría constituirse en la avanzada de una reforma más profunda. Los diputados que responden al contador Gerardo Morales, de la UCR, y al contador Carlos Haquim, su vicegobernador justicialista entienden que el pueblo debe ser consultado para decidir una cuestión sobre la que gira la vida jujeña en los últimos meses. Las decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las reiteradas declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, están formuladas en términos complejos, con referencias a Tratados y Convenciones que la Argentina firmó hace muchos años, bajo otros gobiernos y cuya comprensión es dificultosa para el pueblo llano, que no tiene por qué estar preparado para debatir esas sutilezas. Por eso, y en una muestra de unidad política destacable, los legisladores del bipartidismo radical-justicialista han replanteado la cuestión en términos binarios: ¿Debe seguir detenida o no?

Siguen en esto las conclusiones espirituales que el presidente Maurizio Macrì comunicó la semana pasada al emerger sereno del retiro con sus ministros en Chapadmalal. Allí dijo que estaba bien que Milagro Sala siguiera detenida porque  mucha gente piensa que cometió graves delitos. Ahora la Legislatura jujeña se propone cuantificar por medios democráticos esa masa a la que aludió Macrì. Las organizaciones internacionales sabrán entonces a qué atenerse y el pueblo entenderá qué se pone en juego.

Esta simplificación de los procedimientos podría generalizarse a otras cuestiones que interesan a la sociedad. Por via del plebiscito podría decidirse también si debe aplicarse la pena de muerte al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, acusado en la mesa de Mirta Legrand de acostarse con la esposa de un ex cantante cuando ella apenas tenía 13 años. Otros asuntos sensibles para ser dirimidos en forma rápida, sin papeleos superfluos es cuántos kilos debería pesar Elisa Carrió para que sus denuncias sobre funcionarios corruptos tuvieran carácter obligatorio; hasta cuantos millones de dólares pueden blanquear Franco Macrì, y los familiares de todos los CEOS del gabinete nacional; si la primera dama debe usa stilettos con pantalones o sandalias bajas; si los gendarmes que se defendieron a tiros de los pibes de la murga deben ser juzgados o ascendidos. Para mayor efectividad el escrutinio podría realizarse en la televisión que Gerard Depardieu acaba de definir como pornográfica pero que tiene programas cuya alta audiencia ningún actor francés puede negar. Si esta práctica se generalizara, el presupuesto que se dedica a mantener una compleja estructura de fiscales, defensores, jueces y camaristas podría dedicarse a finalidades más útiles, como la remodelación de la plaza Belgrano, con alambres de púas y barricadas que impidan futuras ocupaciones.

Los legisladores que firman el proyecto, cuya creatividad merece ser destacada porque rompe los límites de lo que se consideraba posible,  también dicen que las organizaciones internacionales de derechos humanos han sido colonizadas por los organismos nacionales como el CELS. No me pareció que fuera así en abril, durante la audiencia por la ley audiovisual, cuando el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, me interrumpió primero y me cortó después el uso de la palabra en forma ruda y desconsiderada. Pero es posible que la cercanía con los hechos obnubile mi percepción, y que la visión desapasionada que da la distancia y un menor conocimiento de las personas y de los hechos, ayude a modificar esa idea inicial.

También hay que agradecer a los legisladores de Morales y Haquim que retomen las tradiciones nacionales, igual que las cámaras empresarias cuya solicitada de la semana anterior contra la interferencia foránea evoca el tono y los razonamientos de la Sociedad Rural, la Unión Industrial y la Cámara de Comercio, que hace cuatro décadas repudiaron con energía la intromisión de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vino en 1979 a perturbar la paz lograda por el gobierno de entonces con métodos cuya evaluación sólo compete a los argentinos que padecieron la agresión previa y a Dios Todopoderoso. Sólo les faltó rematar ese texto con una consigna que hizo historia: “Los jujeños somos derechos y humanos”. Pero no hay que desanimarse: tal vez la usen esta mañana, cuando comience el primer juicio a la señora Sala.