La violencia machista es un problema social. Pero con las nuevas tecnologías y las redes sociales se expande a otros formatos. El grooming (acciones realizadas por adultos para establecer contacto con menores); la difusión de imágenes no consentidas (que no es porno venganza porque no es una reprimenda por algo que las víctimas se merecen ni la demonización de todo acto con connotaciones pornográficas) o el sexting (difusión voluntaria de imágenes con contenido erótico protagonizado por quien lo envía) son prácticas que requieren de nuevas políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia machista. “La legislación vigente no contiene debidamente esta problemática y es alarmante la falta de denuncias provocada, principalmente, por la vergüenza o humillación de la víctima, la escasez de profesionales idóneos (policías, fiscales, abogados) y el limitado acceso a la justicia por parte de las mujeres”, critica el documento “Estado de la violencia online contra las mujeres en Argentina, informe presentado ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer”, elaborado por la Asociación de Derechos Civiles (ADC) con la colaboración de Fundación Activismo Feminista Digital.
A su vez, la ADC cree que las penas no pueden ser la única solución. “Son necesarias políticas públicas que persigan objetivos adicionales a la penalización: la educación, prevención, capacitación de operadores judiciales, concientización social y empoderamiento de la mujer en el uso de las tecnologías. Llama la atención que la única respuesta del Estado ante la violencia hacia las mujeres en el entorno online esté orientada a la generación de soluciones legislativas punitivas. La mera creación de penas no puede resolver la complejidad de esta problemática”.
