La justicia intimó al Gobierno de la Ciudad a que adopte las medidas necesarias para reparar las graves irregularidades constatadas en los hogares de ancianos Guillermo Rawson y Alejandro Raimondi, donde a las deficiencias en materia de infraestructura y seguridad se suma la falta de un proyecto institucional que garantice las condiciones de atención de los adultos mayores --algunos de ellos con padecimientos mentales-- internados en esos centros. El Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Gustavo Moreno, quien hizo el requerimiento, dijo a Página/12 que durante las inspecciones se constató "en el Raimondi desde la falta de un adecuado sistema contra incendios, el deterioro de las instalaciones eléctricas, las malas condiciones de los baños y la falta de trabajo interdisciplinario hasta la convivencia de contingentes de turistas con los residentes". "En el otro caso (el hogar Rawson), además de las deficiencias edilicias, de la falta de recursos humanos y fallas en la confección de las historias clínicas, se verificó que se hacía contención física de los pacientes sin protocolo, lo que derivó en una denuncia penal", detalló Moreno.

Las intimaciones fueron cursadas por el Asesor tutelar a la Secretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, para que "adopte de inmediato todas las medidas positivas tendientes a evaluar la calidad de cada una de las prestaciones que brindan los Hogares" y a "efectuar las obras necesarias en materia de infraestructura edilicia, y mejorar las condiciones de funcionamiento". 

Actualmente hay cuatro hogares de adultos mayores --para mayores de 60 años-- que dependen del gobierno porteño aunque algunos de ellos queden fuera del distrito: el Hogar San Martín, el Hogar Martín Rodríguez, en Ituzaingo, el Hogar Guillermo Rawson (donde vivió la hincha más famosa de Boca Juniors, María Esther Duffau, conocida como "La Raulito") y el Hogar Alejandro Raimondi, en Necochea.

El Hogar Raimondi, un predio de dos manzanas sobre la playa de Necochea, en la calle 75 entre 2 y 4, se encuentra a más de 500 kilómetros de la jurisdicción administrativa porteña, "lo que dificulta los controles y seguimientos de obras", explicó Moreno. De hecho, muchos de los reclamos sobre las deficiencias de infraestructura, reiterados por el Asesor Tutelar en sucesivos oficios, datan del año 2012.

En este caso, la Asesoría Tutelar de Incapaces de Necochea aportó un informe que, según contó Moreno, fue "lapidario en cuanto al funcionamiento" de la institución.

El perito de la ciudad balnearia que realizó la inspección, Rubén del Muro, explicó a este diario que concurrió "por cuestiones edilicias: falta de salidas de emergencia, cartelerías de señalización que conducen a trampas porque apuntan a puertas de vidrio sin barrales antitumultos o salidas cerradas con candados". Una vez allí, contó, "nos encontramos con problemas de organización del trabajo, de falta de protocolarización. Por ejemplo, los bomberos dicen que hay matafuegos, pero el personal no lo sabe usar ni cómo proceder ante una situación de riesgo concreto". 

En el escrito, Moreno consignó que, en el hogar que alberga a alrededor de 200 personas, se observó: deterioro de la instalación eléctrica, cables expuestos al aire libre, aparatos lumínicos en áreas con filtración de agua; sistema de calefacción deteriorado; paredes con humedad y agrietadas, falta de revoque; falta de higiene y baños en muy malas condiciones.

También asentó el resultado de la inspección realizada por los Bomberos de Necochea, que informó que no se cumplimentaron las medidas de seguridad, por lo que el edificio, que tiene más de cien años, "no tiene final de obra antisiniestral", y que "existe un riesgo potencial" para las personas alojadas.

El perito contó, además, que "el hogar se ocupa permanentemente con turismo, por acuerdos con empresas privadas, y los turistas interactúan sin control con los residentes". "No hay trabajo interdisciplinario ni una mirada integral de acuerdo a la normativa vigente de protección de los derechos de las personas mayores y la salud mental", añadió.

Durante la inspección, "se encontraron medicamentos vencidos y una operativización del acceso a los remedios sin protocolizar, que no permite garantizar que se le de la medicación correcta  a cada persona", remarcó el perito. 

Del Muro explicó que "la dinámica institucional es mala". "Hay una gestión paternalista, donde el director, que no es un profesional de la salud, decide quién se interna, o altera el menú de acuerdo al convenio con las empresas prestadoras, cuando hay pacientes que tienen que seguir dietas especiales por problemas de salud. Todos los servicios están tercerizados con empresas privadas que elevan los costos del Estado", remarcó.

Para el Asesor Tutelar Moreno, el problema es que "los ancianos no son una prioridad en la política de Estado", y los Hogares "terminan siendo lugares de alojamiento sin proyecto de vida".

Finalmente, Moreno señaló que "es llamativo que se haya dictado una ley (en octubre del año pasado) que regula los geriátricos en la Ciudad y los Hogares estatales quedaron fuera de la norma. Es decir, el Estado controla a los privados pero no se controla a sí mismo".