Con duras críticas al juez federal Ariel Lijo, la Cámara Federal ordenó ayer la excarcelación de Amado Boudou en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito en la que lleva más de dos meses detenido sin que se resuelva su situación procesal. La prisión preventiva del ex vicepresidente tiene “un fundamento meramente aparente”, destacó en su voto el camarista Eduardo Farah, quien rechazó que se invoquen supuestas “relaciones residuales” o “influencias” para “suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento”. Boudou podría recuperar hoy mismo la libertad si la Cámara resuelve en el mismo sentido su pedido de excarcelación en otra causa por una diferencia de plata en una rendición de viáticos cuando era ministro de Economía. La misma Cámara, con votos de Farah y Leopoldo Bruglia (quien respaldó la detención de Bodou) rechazó también ayer la excarcelación del ex secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini, por considerar que no hay ningún “hecho nuevo” para rever su resolución de diciembre, cuando confirmó el procesamiento con prisión preventiva en el expediente por supuesto “encubrimiento” a los imputados del atentado a la AMIA por la firma del Memorándum con Irán.
El juez Lijo ordenó la detención de Boudou tres días después de que abogados ligados al Gobierno lo denunciaran ante el Consejo de la Magistratura por supuestas demoras en causas de corrupción, al mismo tiempo que el aparato de inteligencia estatal filtraba a medios amigos que su hermano, el abogado Alfredo Lijo, tenía una cuenta en Suiza con 1,7 millones de dólares.
La detención concretada el 3 de noviembre no tuvo “respaldo alguno” en los requisitos de “verosimilitud del derecho y urgencia” que exige esa medida, al punto que en teoría investigaba el enriquecimiento ilícito de Boudou y lo terminó indagando por asociación ilícita y lavado de activos, apuntó Farah. Esa “intempestiva variación” no se reflejó en la actividad procesal, que se caracterizó por su “ritmo carente de dinamismo”, al extremo de no resolver la situación procesal en más de dos meses. “O bien (el juez) no contaba con los elementos que le permitieran cristalizar el vínculo de los imputados (el otro es José María Núñez Carmona) con los hechos que les había reprochado o la urgencia alegada no era tal”, razonó.
El 22 de diciembre Lijo dispuso indagarlos por otros hechos y fijó audiencias para casi un mes después, tiempo “incompatible con la provisoriedad de las detenciones originalmente dispuestas”, continúo Farah. La invocación al compromiso internacional del Estado de investigar hechos de corrupción “no suple la exigencia de contar con elementos que acrediten el hecho ilícito”, destacó el camarista, y sugirió “evitar que se abra paso a la arbitrariedad bajo el pretexto de cada vez más graves calificaciones legales que dicen estar en juego, pero sin la resolución judicial que el Código Procesal prevé para sostenerlas, estando en juego la libertad de los investigados”.
La “coyuntura” invocada por Lijo excedió “en demasía el límite legalmente establecido” de diez días para resolver la situación procesal de una persona detenida y sus resoluciones exhiben “un fundamento meramente aparente”, destacó Farah al argumentar la excarcelación. Boudou “se encuentra a derecho en todos los expedientes que se le sustancian”, sin que se haya probado “obstrucción de ningún tipo”, apuntó, y calificó como “irrazonable” invocar supuestas “relaciones residuales” o “influencias” por los cargos que ocupó en el pasado “para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento”.
Ante el voto de Bruglia, que respaldó el rechazo de la excarcelación invocando las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y sólo sugirió darle “permisos de salida” para estar con su familia, debió terciar el juez Rodolfo Pociello Argerich, quien adhirió el voto de Farah. Pociello agregó que el fiscal federal Jorge Di Lello no se opuso a la excarcelación y “no corresponde al juez subrogarse en funciones netamente acusatorias”, y conminó a Lijo a resolver la situación procesal y cumplir los plazos legales. La causa por la que Boudou sigue detenido, que Lijo activó cuando se caía en pedazos la del enriquecimiento ilícito, es por el delito de peculado: la rendición falsa de tres viáticos durante un viaje cuando era ministro. Si la Cámara lo excarcela, el ex vicepresidente podría recuperar hoy mismo la libertad.
En el caso de Zannini, en tanto, Bruglia y Farah confirmaron la prisión preventiva dispuesta por el juez Claudio Bonadio. La defensa del ex funcionario había pedido la excarcelación tras el fallo de Cámara que dejó sin efecto el procesamiento por supuesta “traición a la patria”, delito que también pretendió imputarle Bonadio. Para los camaristas, hay “subsistencia de los riesgos oportunamente valorados” al confirmar el procesamiento en diciembre pasado y no hubo ningún “hecho nuevo” para rever esa decisión. Al rechazar liberar al ex funcionario, el camarista Farah consideró que hubo “actividades claramente obstructivas desplegadas con posterioridad por los imputados para evitar dejar rastros y en las que, conforme se evaluó con respaldo en las probanzas colectadas, Zannini habría sido uno de los responsables”. En la causa por el Memorándum con Irán, que tiene a la ex presidente Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman entre los procesados, Bonadio inició en diciembre las gestiones para enviarla a juicio, y se espera que en los próximos días el fiscal Eduardo Taiano presente el requerimiento de elevación a juicio.
