Un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad, que incluyó carros de asalto, carros hidrantes y numerosos móviles policiales, desalojó junto con personal de Ambiente y Espacio Público 500 puestos de vendedores ambulantes del barrio de Liniers. En el procedimiento, que comenzó a la madrugada y se extendió durante la mañana, se destruyeron puestos de chapa instalados en las veredas, incluyendo los de puesteros habilitados, y se secuestró la mercadería de los vendedores. El titular de la Asociación de Vendedores Libres (AVL), Omar Guaraz, sostuvo que mientras “la crisis económica que vomita hombres vuelca más manteros a las calles, más ferias populares, más trueque”, el gobierno porteño continúa su política “represiva contra los vendedores”.

El operativo ordenado por el fiscal general adjunto, a cargo de la Fiscalía General, Luis Cevasco, tras las denuncias de comerciantes del lugar por competencia desleal y venta ilegal de mercadería, comenzó a las cuatro de la mañana y abarcó un área de alrededor de 38 cuadras: entre avenida Rivadavia, Carhué, Ventura Bosch y la colectora de la avenida General Paz.

Los puesteros, que comenzaron a llegar alrededor de las siete de la mañana,  se encontraron con el procedimiento en marcha, mientras muchos comercios de la zona mantenían sus cortinas bajas por temor a enfrentamientos entre la policía y los puesteros.

El personal de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, que portaba las pecheras verdes que los identifica, destruyó con amoladoras varios tinglados de caño y chapa, levantó los puestos precarios techados con sombrillas e incautó mercadería. Todos los artículos secuestrados fueron colocados en bolsas de residuos y arrojados en camiones contratados por el Ministerio. Mientras, se organizaban asambleas de vendedores y algunos puesteros reclamaban con carteles escritos a mano: “Queremos trabajar, no somos mafia. Y con el hambre no se juega”, decía uno de los mensajes replicados en varias pancartas.

Alicia, una puestera, contó que “vinieron a las cuatro de la mañana y no me dieron tiempo a nada, me hicieron a un costado, me dijeron que no toque nada y empezaron a levantar la mercadería. Estoy trabajando, no estoy robando. Tengo invertida la asignación de mi hijo en esta mercadería y sólo quiero recuperarla”, sostuvo la mujer que hace 37 años vende golosinas, bebidas y juguetes pequeños en el barrio.

Algunos puesteros reclamaron que aun teniendo la habilitación de la Ciudad para trabajar fueron desalojados violentamente. La propietaria de un puesto de flores en Rivadavia y José León Suárez, Concepción, explicó que “hace 30 años que estoy acá, pago los impuestos y estoy al día. Vinieron y sin preguntar rompieron todo, ahora no tengo nada”. “Tengo el permiso para trabajar acá, lo tengo colgado en el puesto. Tengo medidor de luz y de agua”, añadió.

Según explicó uno de los inspectores de Ambiente y Espacio Público, la mujer ocupaba un metro más del espacio que tenía permitido; aunque la vendedora denunció que “eso me lo explicaron después de romperme todo el puesto”.

Pasado el mediodía, el diálogo que mantuvieron representantes de los vendedores con el jefe del operativo policial abrió la posibilidad de un encuentro con autoridades de la Ciudad, mientras en el lugar se mantenía una fuerte presencia de uniformados y un cordón policial que rodeaba a los manteros que se manifestaban en el lugar.

El fiscal general, quien adelantó “que los operativos van a continuar para que el espacio público no vuelva a ser ocupado de esta manera”, explicó que  la “gran mayoría (de los vendedores) es gente explotada por organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes como es el caso de los senegaleses, o los que son traídos de Perú o de Bolivia”. Para Cevasco, el contrabando de mercadería, el tráfico de inmigrantes y le evasión impositiva son “las tres patas” de un proceso en el que “distintas organizaciones concatenadas” arman el negocio de la venta ilegal. 

La cartera de Ambiente y Espacio Público detalló que “un 44 por ciento de los puestos eran manejados por senegaleses, un 39 por ciento por bolivianos, el 9 por ciento por peruanos, un 5 por ciento por argentinos y un 1 por ciento por paraguayos”. 

Al cierre de esta edición, continuaban las negociaciones entre los vendedores y el gobierno porteño, que dejó trascender que había una propuesta de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) para capacitar a los vendedores durante tres meses con la promesa de reubicación posterior en galpones de la ciudad. 

Guaraz sostuvo que “la política de Horacio Rodríguez Larreta ha fracasado en su cruzada contra los manteros. Los galpones que puso como ‘solución’ han quedado desiertos de trabajadores, los manteros y vendedores han inundado todas las calles de la ciudad”.