El senador demócrata Patrick Leahy solicitó que el gobierno de Estados Unidos le otorgue de manera “expedita” una visa al ex canciller Héctor Timerman para que pueda continuar en ese país el tratamiento contra el cáncer que sufre desde hace más de dos años. El director para América latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que Leahy es “uno de los senadores más influyentes de Estados Unidos”.
Leahy dio a conocer una declaración en la que resume la acusación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex Canciller por encubrimiento del atentado a la AMIA y señala que “si la negociación de l acuerdo con Irán constituye un crimen es una pregunta que sólo puede responder un tribunal, basado en los hechos y en la ley” y que, mientras tanto, entiende que Timerman “sufre un serio problema de salud que requiere tratamiento en los Estados Unidos” y urge al Departamento de Estado a que “actúe de forma expeditiva y le conceda una visa con ese propósito”.
Esta semana, Timerman se disponía a viajar a Estados Unidos para continuar con su tratamiento contra el cáncer, pero en el aeropuerto se encontró con que su visa había sido cancelada por el gobierno norteamericano. El ex canciller tenía arresto domiciliario y un permiso para salir del país por causas médicas. Al no poder concretar el viaje, su defensa pidió que sea excarcelado por motivos humanitarios, a lo que accedió el juez federal Sergio Torres. Ahora, Timerman inició los trámites para conseguir una nueva visa.
A mediados de diciembre, la organización Human Rights Watch, con influencia en todo el continente, señaló que “el procesamiento contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras 10 personas por ‘traición a la patria’ y ‘encubrimiento’ no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos”. Ese organismo había sido crítico a la firma del Memorándum con Irán, pero afirmó que “en lugar de facilitar justicia para las víctimas, este procesamiento descabellado (el de “traición a la Patria”) socava aún más la credibilidad del poder judicial argentino en relación con las investigaciones del atentado a la AMIA”. Y manifestó que “dada la ausencia de motivos suficientes e individualizados para encarcelar a los imputados mientras se lleva adelante el proceso, la justicia debería revertir de inmediato esa decisión”.