El gobierno de Mauricio Macri violó la Convención Internacional de Refugiados y puso en serio riesgo el sistema de protección internacional a favor de los perseguidos del mundo. 

Como fruto de un acuerdo con la pinochetista UDI de Chile, el gobierno avanza en su decisión de hacer cesar el status de refugiado político de Galvarino Apablaza Guerra. En diciembre de 2015 comenzaron las tratativas de personeros de la UDI, especialmente llevadas a cabo por Issa Kort y Andrés Chadwick, éste último primo de Sebastián Piñera, que viajaron en distintas oportunidades para reunirse en la Cancillería y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para acordar y redactar, conjuntamente con funcionarios argentinos, los argumentos que les permitirían hacer efectiva la persecución de los herederos del dictador Pinochet contra quienes lo enfrentaron. 

La decisión se basa en que Apablaza Guerra fue al Consulado de Chile en Buenos Aires para dar su testimonio como víctima de prisión política y tortura durante la dictadura de Pinochet, en el marco de la Comisión Valech. Al denunciar que fue víctima de torturas y arresto ilegal durante casi dos años, según el gobierno de Macri y los pinochetistas, Apablaza Guerra se sometió voluntariamente a la “protección” de su país de origen y, por lo tanto, no necesita la protección internacional de la Convención. Según ese “argumento”, el gobierno hubiera mantenido la protección internacional si Apablaza no brindaba su testimonio como víctima de la dictadura ante una comisión que ha incomodado desde su creación al pinochestimo en Chile. Por lo tanto, la decisión del gobierno de Macri implica revictimizar a Apablaza Guerra, quien, en caso de ser llevado a Chile, será hostigado por las fuerzas políticas que formaron parte de la dictadura de la que fue víctima, como se evidencia en cada declaración pública que hacen.

Además, el gobierno de Macri violó la confidencialidad del trámite y la prohibición de toda injerencia del Estado que provoca las circunstancias por las que se brinda la protección internacional -principios contenidos en la Convención- al dar a conocer a autoridades chilenas la decisión tomada. De hecho, quien difundió la noticia fue el canciller chileno, Heraldo Muñoz, junto a dirigentes de la UDI. Para llevar a cabo esta grave violación a los derechos humanos, el gobierno de Macri dispuso que fuera la Secretaría de derechos humanos de la Nación, a cargo de Claudio Avruj, la encargada de las negociaciones con la UDI. En todas las reuniones entre funcionarios argentinos y representantes y voceros del pinochetismo estuvo presente Hernán Schapira, funcionario dependiente de Avruj, quien en declaraciones a la TV chilena ya en enero de 2016 (aún no llevaba un mes en el cargo) advirtió que le quitarían el refugio a Apablaza, sin siquiera estudiar los fundamentos del caso y que ameritaron la protección argentina con el aval de los organismos internacionales especializados en el tema.

* Abogado DD.HH.