Tras pasar setenta días en el penal de Ezeiza, Amado Boudou recuperó la libertad anoche poco antes de las 22 desde la Superintendencia de la Policía Federal, donde advirtió que “se está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia” y que las detenciones de ex funcionarios “tienen que ver más con el escarnio que con la justicia” (ver aparte). El ex vicepresidente fue liberado luego de que la Cámara Federal porteña resolviera ayer su excarcelación en la causa por diferencias de plata en una rendición de viáticos tras un viaje a Europa cuando era ministro de Economía, la última causa por la que estaba detenido. Los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia confirmaron su procesamiento, y también el de otros dos acusados, Guido Forcieri y Eduardo “Cachi” Romano, pero revocaron la prisión preventiva que había ordenado el juez federal Ariel Lijo.
Desde la Superintendencia de la Policía Federal, Boudou partió a su nueva casa en el barrio de Barracas. Según su abogado, Eduardo Durañona, allí vivirá ahora junto a su pareja, la ex parlamentaria mexicana Mónica García de la Fuente, con quien serán padres antes de fin de mes.
Lijo había ordenado de apuro la detención de Boudou en el contexto de presiones oficiales el 3 de noviembre pasado, tres días después de que abogados ligados a Cambiemos lo denunciaran ante el Consejo de la Magistratura por supuestas demoras en causas de corrupción y al mismo tiempo que el aparato de inteligencia estatal filtraba a medios amigos que su hermano, el abogado Alfredo Lijo, tenía una cuenta en Suiza con 1,7 millones de dólares. Ante la debilidad de la acusación por supuesto enriquecimiento ilícito en la que se fundó aquella detención, causa en la que todavía no se resolvió su situación procesal y por la que fue excarcelado el jueves, Lijo activó días después la causa por peculado, en la que sí lo procesó con prisión preventiva.
Los camaristas revocaron ayer la preventiva por entender que el delito es excarcelable y porque Boudou siempre se presentó en todas las causas que le inciaron. Apuntaron que actualmente es sometido a juicio oral en la causa Ciccone, en la que el mismo juez Lijo lo procesó sin prisión preventiva, y ese debate se realiza “sin inconvenientes”. También descartaron el caballito de batalla ideado por el Gobierno y que el camarista Martín Irurzun convirtió en doctrina para justificar las detenciones con show incluido de ex funcionarios kirchneristas, basada en supuestas “relaciones residuales o influencias fundadas en los cargos públicos que ocupó Boudou en el pasado”.
Los camaristas coincidieron en la excarcelación pero tuvieron posiciones distintas sobre si aplicarle una caución juratoria, como propuso Farah, o una tobillera electrónica, como sugirió Bruglia, el mismo juez que el jueves había rechazado liberar a Boudou. Convocado para terciar, el camarista del crimen Rodolfo Pociello Argerich llegó a los tribunales de Retiro a las tres de la tarde y tras leer ambos votos se sumó a la postura de Farah.
Los procesamientos confirmados a los tres ex funcionarios son por un viaje de tres días a París en febrero de 2011. Según consideraron probado los jueces, existieron rendiciones falsas de facturas por 9.395 y 6943,23 euros del hotel Bel-Ami en esa ciudad francesa y por el pago a un traductor, Eduardo Kahanne, por 3.300 euros. En su descargo, Boudou aseguró que “jamás” vio las facturas del hotel y que tampoco se ocupaba de confeccionar su rendición de gastos en relación a los viajes que realizara como ministro de Economía y luego como vicepresidente.
“No había razones para detenerlo de la noche a la mañana después de cinco años de investigación y tampoco ningún elemento que demuestre que mi cliente entorpecía la investigación”, afirmó ayer Durañona. “Boudou se juntaba con ministros de Economía de otros países en el G20. No estaba pendiente de las facturas por los viáticos del ministerio. De eso se ocupaba otro funcionario de la cartera”, explicó.