Uno de los objetivos no verbalizados por el Gobierno pero que en los hechos se evidencia es el pretendido debilitamiento del poder sindical. Por caso ayer la  Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció, en base a “informes de inteligencia” de la Unidad de Informaciones Financieras (UIF), a la conducción del Sindicato de Choferes de Camiones, integrada por Hugo y Pablo Moyano, por el supuesto delito de lavado de activos que consideran de origen ilícito. La demanda llega en el momento en que el veterano líder sindical había lanzado una serie de críticas a la gestión de Mauricio Macri con el que mantiene un vínculo complejo donde se cruzan intereses sindicales, políticos pero también económicos. De hecho, la denuncia incluye a la empresa postal OCA de la cual se sospecha que la familia Moyano tiene intereses en la firma. 

En los mentideros gremiales afirman que la denuncia contra los Moyano “era simple cuestión de tiempo”. Incluso aseguran que la minimización que hizo Moyano padre sobre la ausencia del Presidente en la inauguración del sanatorio de los camioneros generó una discusión entre el veterano líder y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. No es que esa fuese la razón de la denuncia sino que se arriesgan a decir que pudo haber actuado como la gota que rebasó el vaso.

En este último tiempo la relación de Hugo pero sobre todo de Pablo Moyano con la actual conducción de la CGT no pasa por su mejor momento. Sin embargo y ante el avance del Gobierno contra los gremios a través de la Justicia, es probable que la semana próxima se convoque a una reunión del Consejo Directivo. No es para menos, Pablo Moyano es el secretario Gremial de la central obrera y para los miembros del Consejo cegetista no resulta un dato secundario y es que hasta ahora los casos de gremialistas con problemas serios en la Justicia no superaban el nivel de dirigentes de una seccional como Juan Pablo “Pata” Medina, Marcelo Balcedo y Humberto Monteros. Pero ahora se trata de un gremio importante de la CGT.

Ayer, los colaboradores de Pablo Moyano buscaron bajarle el perfil a la demanda al considerarla como “puro chamullo”. 

La denuncia de la Procelac se sustenta en un “informe de inteligencia” que le entregó la UFI luego de que analizara “múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios”. Todas habrían sido efectuadas por “un grupo de empresas, en parte denominado Grupo RHUO que conformarían un complejo entramados societarios a través del cual habría circulado un volumen de fondos significativo, principalmente a partir del año 2008, cuyo origen podría ser ilícito por evasión de impuestos y otros aportes al fisco”.

El pedido de investigación no solo incluye a los Moyano sino también a las sociedades Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Automóviles Améndola. También están en la lista para investigar al Club Deportivo y la Asociación Mutual de Camioneros y a Patricio Nicolás Farcuh de la empresa OCA, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Améndola. La presentación de la Procelac puso la mira en OCA porque sospecha de la posible sociedad entre los Moyano y Farcuh. La empresa, además de encontrarse en una delicada situación financiera por el embargo que solicitó la AFIP, la investigación señala que la deuda podría haberse originado “por la presunta utilización de impuestos retenidos a terceros para financiarse”. 

La Proselac reconoció que su presentación se basó en “indicios” de lavado de activos y evasión tributaria pero al mismo tiempo los consideró “suficientes” para judicializar el caso. Entiende que la futura realización de medidas de prueba permitirá corroborar la sospecha y anunció que para llegar a ese objetivo es preciso contar con la intervención y autorización judicial que deberá incluir el levantamiento de secretos fiscales y bancarios. Por esas extrañas curiosidades de la política, la denuncia se presentó días después de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) extendiese por 30 días la habilitación para operar a OCA, que emplea a 5.000 afiliados a Camioneros. Un anuncio que fue considerado como una señal de tregua entre el Gobierno y Moyano pero que parece haber finalizado.