El presidente Mauricio Macri utilizó el copyright de un decreto de Carlos Menem de 1991 –que desreguló el comercio interior y exterior– para fundamentar su propio mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 192 artículos, que deroga 19 leyes y modifica el texto de otras 140, que según el criterio presidencial “constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”. Esta norma ya comenzó a cosechar rechazos. “Vamos a oponernos al DNU ómnibus por inconstitucional e inválido, por las formas y porque regula sobre competencias atribuidas constitucionalmente al Congreso sin que exista situación de extrema necesidad que ponga en riesgo las funciones esenciales o la continuidad del Estado”, sostuvo el jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi.  El constitucionalista Eduardo Barcesat lo calificó como “un golpe de Estado institucional hecho por el Gobierno”; la Asociación de Abogados Laboralistas se pronunció en contra y hasta la ONG armada por la ex diputada Margarita Stolbizer –Bajo la Lupa– debutará en la justicia con una demanda de “inconstitucionalidad” del DNU por “abuso de poder”.

El megadecreto que firmaron Macri y sus ministros con el objetivo de “desburocratizar el Estado” habilita –entre muchas otras cosas– al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a operar en el mercado financiero; faculta a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a saltearse la competencia judicial de los fiscales; reduce las multas de infracciones laborales a las empresas; y facilita los embargos comerciales de la cuenta sueldos de los trabajadores”.

“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional”, dice en su considerandos del decreto 2284/91 del 31 de octubre de 1991 con el que Menem y Domingo Cavallo desregularon el comercio interior y exterior.

“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”, sostiene el DNU 27/18 del 11 de enero de 2018 con el que Macri modifica y deroga cientos de leyes en áreas de ocho ministerios. La única diferencia es que en vez de “economía popular de mercado”, el PRO presenta una “economía pujante, competitiva y transparente”. 

Resistencia

El jefe de la bancada de diputados del FpV-PJ fue uno de los primeros en pronunciarse en contra del megadecreto presidencial. “El Presidente Macri, otra vez, atravesó la esfera de la división de poderes, se extralimitó en sus facultades y avanzó ilegítimamente sobre atribuciones del Congreso porque no hay razones, ni necesidad ni urgencia para disponer modificaciones sustanciales sobre las  materias reguladas”, señaló Rossi y anticipó la resistencia a su implementación: “vamos a proponerle a todos los bloques opositores la realización de una sesión especial para derogar el DNU, que, vale recordar, deroga 19 leyes y modifica 140, consta de 22 capítulos y 192 artículos de indiscutible naturaleza legislativa”.

“Está claro que el presidente Mauricio Macri se burla del Parlamento”, señaló Rossi a PáginaI12 y cargó contra varias de las modificaciones que introduce el mega DNU. “Habilita que el fondo con que se financia el sistema previsional realice inversiones financieras y no sólo como hasta ahora, en proyectos productivos que generen empleo, que es la forma con la que se sustenta el sistema. Ahora, como en los tiempos de la AFJP, el fondo   podrá jugar a la timba financiera con la plata de todos los trabajadores argentinos”, sentenció el diputado. “Avanza –continuó Rossi– sobre la intangibilidad de la cuenta sueldo de los trabajadores por su condición alimentaria para favorecer a los sectores bancarios y financieros, al tiempo que rebaja las multas a las empresas con infracciones laborales. Reduce a cinco la cantidad de días para publicar en el Boletín Oficial antes de lanzar una licitación, para achicar los oferentes, donde la discrecionalidad favorece a los amigos del poder, donde la información previa vale muchísimo”.

 “Hasta ahora la venta de algunos predios de las Fuerzas Armadas eran para ser destinados a los planes de viviendas del ProCrear. El decreto de Macri  promueve el desguace de los predios militares para realizar negocios inmobiliarios privados”, insistió el diputado y ex ministro de Defensa. También impugnó las atribuciones judiciales que le otorga a la UIF, “cuando las cuestiones penales, electorales y tributarias no pueden ser modificadas por DNU y son atribuciones del Congreso”. 

Justicia

“Un golpe de Estado institucional hecho por el Gobierno”. Así definió el constitucionalista Barcesat en el DNU presidencial. “Desafiando la institucionalidad, el Gobierno Nacional acaba de avasallar las compuertas de la división de poderes mediante el dictado, inmediata publicación y entrada en vigencia del Decreto 27/2018, groseramente denominado “Desburocratización y Simplificación”, afirmó en un texto que difundió.

  Allí describe el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que trata el tema: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”   

Barcesat se pregunta “¿Qué le impide al PEN convocar a sesiones extraordinarias que ambas Cámaras del Congreso de la Nación se avoquen al tratamiento de un proyecto de ley que modifica –y derrumba– la estructura institucional del Estado de Derecho, cuyo pilar basal es la división de poderes?”. El constitucionalista también se responde el interrogante. “Es sencillo: no hay ninguna razón de necesidad y urgencia; simplemente que es más efectivo, brutalmente efectivo, apropiar la potestad legisferante conferida al Congreso de la Nación que, valga recordarlo, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, y que es el que mejor expresa, por la representación proporcional, el mapa de la voluntad política de la República Argentina y el principio de la soberanía del pueblo”.

En el mismo sentido se pronunció la novel y flamante ONG Bajo la Lupa, que creó la ex diputada Stolbizer para promover “valores éticos, funcionamiento de las instituciones en orden a la Constitución Nacional,  transparencia en la gestión pública y la independencia de la Justicia”.

“El DNU firmado por Macri y sus ministros es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones institucionales exigidas para dictar un instrumento de esa naturaleza. Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del Congreso”, dice el comunicado de la ONG.

Al tiempo que afirma que “vamos a solicitar a la Justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad y urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución”. La presentación se hará a pesar de la feria judicial.

Los abogados laboralistas también salieron a cuestionar el DNU. “Las cuentas sueldo eran inembargables. El mega DNU de Macri que pretende ‘simplificar trámites’, mete por la ventana una modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo y ahora podrá embargarse una parte. Otro beneficio para las financieras”, sostuvo su presidente Matías Cremonte.  “Decretazo de Macri con nuevos guiños al empresariado: reduce el plazo de permanencia en el registro de empresas con trabajadores en negro. Modifica normativas en transporte, lavado de activos, patentes, bienes del Estado, licitaciones, energía y seguros”, posteó luego Cremonte en las redes sociales. Así las cosas, al megadecreto le falta un camino por recorrer, tanto en tribunales como en el Congreso.