“El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Ejecutivo Nacional no reúne los requisitos indispensables para su validez. No hay circunstancias de excepcionalidad que lo justifiquen y esto lo transforma en inconstitucional”, aseguró la diputada nacional y ex jueza santafesina Alejandra Rodenas sobre el DNU con el que Mauricio Macri deroga 19 leyes y modifica otras 140 para supuestamente desburocratizar el Estado.
La legisladora santafecina de Nuevo Espacio Santafesino–Frente Justicialista remarcó que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional sostiene que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. En ese sentido destacó que un DNU sólo se justifica “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos” por la Carta Magna, situación que no aplica en este caso.
La diputada, que fue jueza antes de asumir su banca en diciembre pasado, consideró que el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado jueves “avanza en la modificación de importantes leyes, como las laborales” y que es “inadmisible” que de este modo “se modifiquen temas tan sensibles como la inembargabilidad de las cuentas sueldo”. En ese sentido, estimó que el Ejecutivo “avasalla gravemente la división de poderes” porque “modificar por DNU la Ley de Contratos de Trabajo es inaceptable y queda claro que no hay urgencia ni necesidad que justifiquen semejante medida”.
También recordó que el DNU excluye del régimen de contratación de la Administración Pública Nacional a los contratos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), y autoriza a la ANSES a constituir fideicomisos financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones y a operar a nivel bursátil y financiero.
“Con esto se pretende dirigir los recursos del FGS al sistema financiero, cuando en realidad deberían utilizarse para fortalecer el aparato productivo y/o financiar obras de infraestructura, tan necesarias en nuestro país para generar un círculo virtuoso en nuestra economía”, dijo Rodenas.
Cerró considerando que la Comisión Bicameral “tiene la obligación de expedirse con urgencia” respecto de la “invalidez” del decreto “lo antes posible”; y que “no podemos dilatar la discusión porque vulnera claramente la división de poderes y genera un antecedente de gravedad institucional”.
